El secreto legislativo queda a salvo

El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, pero por encima de él sigue estando la Legislatura. Esta relación de superioridad, que choca la República, recibió un nuevo aval el 3 de octubre, cuando la Corte de Tucumán casó la sentencia de 2016 que obligaba al Poder Legislativo a informar de manera específica y concreta, sin remisiones ni vinculaciones, por la prensa y “a todo aquel que lo requiriera”, sobre las contrataciones relativas a la construcción de la sede, los honorarios profesionales, las erogaciones conexas y las rendiciones de cuentas. Aunque la Corte dejó -por ahora- a salvo de la mirada del pueblo la trama interna de una obra pública ejecutada sin licitación, algunos popes del establishment entendieron que para los gobernantes el alivio judicial era doble. Resulta que el mensaje favorable al secretismo anticipa un clima contrario a la intención de acceder -mediante otro juicio- a las minucias de los gastos sociales legislativos.

La fulminación de la orden que abría la ingeniería económica del palacio de los representantes del pueblo dictada por Ebe López Piossek y Sergio Gandur, jueces de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, prosperó gracias a dos clases de votos. El presidente, Daniel Posse, y su par Antonio Estofán expresaron la posición más afín al Gobierno. La vocal Claudia Sbdar aportó a la satisfacción del oficialismo, aunque en menor medida, con un razonamiento en el que se limitó a afirmar que la sentencia de la Sala III padecía de falta de fundamento y que, por ello, correspondía dictar una nueva. René Goane volvió a dar la nota disidente y minoritaria al confirmar el fallo recurrido. Para asombro de muchos, el vocal con mayor antigüedad en la Corte quedó en la vanguardia del acceso a la información pública.

La sentencia ofrece un menú de visiones contrapuestas, con abundante entrelínea interpretativa. Mientras que para Goane la Sala III hizo lo que había que hacer en función de la demanda del dirigente radical devenido en veedor, Juan Roberto Robles; de la posición “pasiva” del Estado; de la normativa internacional y del principio de “máxima divulgación”, para Posse y Estofán, los jueces López Piossek y Gandur se extralimitaron en sus facultades de control, y “alteraron el equilibrio de poderes que debe imperar en el orden republicano”. Este bloque castigó a Robles al adoptar el argumento de la Provincia de que su planteo inicial no tenía pies ni cabeza, ni podía derivar razonablemente en la condena a publicitar las metodologías, los números y los nombres involucrados en la edificación que encargó el entonces vicegobernador, Juan Manzur. Al pasar, Posse y Estofán indicaron al peticionario que nada le impedía denunciar los supuestos delitos contra la Administración que sospechara, como si sobraran los órganos judiciales deseosos de investigar y sancionar la corrupción.

La cocina del fallo sugiere, según un príncipe del foro, que al menos uno de los integrantes de esta Corte dudó hasta el final. El 3 de agosto, el Tribunal informó que “faltaban votos para emitir una resolución válida”. La virtual indefinición llevó incluso a integrar el estrado con Horacio Castellanos, juez de la Sala I, dado que el quinto vocal natural, Antonio Gandur, no podía intervenir porque su hijo-camarista había firmado la sentencia impugnada. En la práctica, Castellanos funcionó como una especie de “consultor externo”: tuvo el expediente entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre, y habría llegado a escribir un borrador. El caso luego ingresó a la vocalía de Sbdar y el 2 de octubre, a la de Posse. El sistema informático consigna que, el mismo día de la emisión de la sentencia, el juicio de Robles volvió a pasar por el despacho de la vocal. Al fin, no hizo falta que Castellanos “inclinara” la balanza de la Corte. La pregunta es qué argumento operó para descartar ese voto en un recurso que, para entonces, ya llevaba más de dos años de trámite en el Alto Tribunal.

El tiempo casi nunca es neutral en la Justicia. Un analista evaluó que la decisión daba largas a una opacidad institucional del siglo XV, que en otras jurisdicciones ya resulta insostenible. Desde ese punto de vista, una sentencia que por los motivos que sea frustre el acceso a la información pública luce como una rareza jurisprudencial. Si hasta los diferentes votos de la Corte de Tucumán se encargaron de recordar que ese derecho había sido acogido por los pactos internacionales con rango constitucional, y por distintos pronunciamientos del máximo tribunal del país y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Encima, durante la sustanciación de la causa “Robles”, que ya lleva siete años, el Congreso de la Nación sancionó la ley específica (Nº 27.275) que garantiza la provisión de los datos estatales a quien lo solicite. Es, justamente, la legislación que el oficialismo se niega a dar a la provincia pese al compromiso que Manzur y Osvaldo Jaldo contrajeron el 28 de septiembre de 2016, en el ámbito de la celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia.

La reticencia a transparentar el Estado es el reproche favorito de la Casa Rosada hacia la administración política provincial. La Corte de Tucumán golpeó, entonces, en el corazón del discurso macrista y reforzó la percepción de que este distrito pugna por mantenerse al margen del paradigma de los datos abiertos: en la misma línea, Adela Seguí, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, acaba de rechazar un cuestionario fundado en la Ley 27.275, alegando que a sus fines bastaba con la explicación que había dado a la prensa acerca de la cancelación de la conferencia de Abel Albino.

A falta de una norma local que expresamente regule el acceso a la información pública, buenos deberían ser los jueces. Lo dijo el jurista Gregorio Badeni en junio, en una conferencia en el Poder Judicial de Tucumán en la que compartió panel con Sbdar. Algunos meses más tarde, esa misión judicial parece imposible. Tanto como la pretensión de detener la tendencia a iluminar la función pública. Así como en 1810, el pueblo todavía quiere saber “de qué trata”.