El témpano está cerca

13 Oct 2018
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Argentina es un crucero que navega a la deriva, sin velas y con un motor reventado, que boga según el caprichoso transcurrir de las corrientes marítimas.

El fuerte viento en contra quebró los mástiles de un barco con demasiada carga y exceso de pasajeros y el viejo motor fundió bielas a causa del enorme esfuerzo.

Comenzó a entrar agua por la borda y los marineros tienen que sacarla con pocillos de café.

El problema es que como no toda la tripulación se esmera con la misma intensidad, empezaron a subir más marineros para ayudar, con lo que la nave se pone cada vez más pesada, se hunde más e ingresa más y más agua.

Es la metáfora de un país inviable de cabo a rabo, que si fuera una empresa ya habría bajado sus persianas hace rato. Claro que un país no puede cerrar. ¿O sí?

El diagnóstico es sencillo, la solución muy compleja. Ya lo sabe Cambiemos después de tres años de gobierno, gestión que no ha podido alcanzar casi ninguna de sus principales metas de campaña.

Dijeron que iban a bajar la inflación en seis meses a índices soportables y la duplicaron. Anunciaron pobreza cero y no la están controlando. Al igual que con el desempleo. Prometieron que ningún trabajador pagaría impuesto a las Ganancias y nunca antes como hoy tanta gente paga este tributo. Y tanto. Anticiparon una lluvia de inversiones y los capitales no dejan de fugarse, ya sea hacia el dólar y la especulación, abandonando el peso, o hacia el extranjero.

Los hechos de inseguridad y violencia no dejan de romper récords, a la par de una desigualdad que crece sin pausas.

Los más optimistas pronostican que en los próximos meses se profundizará la recesión y que el poder adquisitivo seguirá desplomándose, sobre todo en los sectores de menores recursos. Más desigualdad.

Números prohibidos

En Argentina hay 12 millones de personas que trabajan y 33 millones que no (niños, jóvenes, ancianos y desempleados).

De esos 12 millones, casi cuatro millones son empleados públicos (2,6 millones en las provincias, 600.000 en los municipios, y 800.000 nacionales). Las planillas salariales provinciales, según el Indec, crecieron el 60% entre 2003 y 2015.

De los ocho millones restantes, poco más de seis millones son trabajadores en relación de dependencia. El resto se completa con 1,5 millón de monotributistas y 420.000 autónomos.

Hay además 360.000 monotributistas incluidos dentro del sistema de seguridad social, en general gente de bajos recursos que se desempeña en cooperativas.

De estos 12 millones de trabajadores, el 38% está en negro, es decir que no realiza aportes. Son casi cinco millones de personas. De esta manera, unos siete millones de trabajadores aportan para sostener a 45 millones de argentinos. Y cuatro millones son del Estado, con lo que es la misma víbora que se muerde la cola.

Además de los cuatro millones de empleados en la administración pública, el Estado desembolsa 15 millones de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, más 1,5 millón de sueldos para las Fuerzas Armadas, policías, fuerzas de seguridad, planes sociales y planes de empleo.

En total, casi 22 millones de argentinos reciben una remuneración estatal, contra sólo cuatro millones de privados que aportan al fisco.

Esta es una de las razones por la que la Argentina se convirtió en el país con la mayor carga impositiva del mundo. Hay que apretar cada vez más a los pocos que aportan para sostener el descalabro.

Estos índices empeoran ostensiblemente a medida que nos alejamos del puerto. CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe exhiben métricas europeas en comparación con el resto del país.

Capital Federal encabeza el índice porcentual de empleos privados, con el 77%, y los otros tres distritos de la Pampa Húmeda promedian el 70%.

En Formosa, Catamarca, Jujuy y La Rioja ocurre exactamente lo contrario: el 70% del empleo es público y sólo el 30% es privado. Y la pobreza en estas provincias acompaña estos índices.

En Tucumán, la relación es un poco mejor, mitad y mitad, pero esta provincia lidera el ranking nacional de empleo en negro.

Según el último informe del Indec, de hace dos meses, Tucumán es el distrito con más empleados no registrados de toda la Argentina, con el 47%.

Los estándares más saludables, en parámetros económicos, se registran en la Patagonia, con un promedio de “apenas” el 18% de empleo en negro. Si bien son guarismos positivos dentro del desastroso contexto nacional, el 18% de informalidad duplica al de los países del primer mundo, donde además la mayoría de los trabajadores no registrados son inmigrantes.

Por el contrario, en Tucumán un gran porcentaje del empleo en negro lo concentra el Estado provincial.

Optimismo que desorienta

Cuesta entender entonces a qué se refiere el gobernador Juan Manzur cuando dice que la provincia tiene sus cuentas en orden, si la mitad de los asalariados dependen del Estado y la mitad del total está en la ilegalidad, liderando la lista negra nacional.

Tenemos además el Poder Legislativo más caro del país, con un presupuesto de $ 2.700 millones, el doble que el del Parlamento de la millonaria Cataluña, por ejemplo, y muy superior al de varias provincias que tienen incluso sistema bicameral.

Un Poder Legislativo que se niega sistemáticamente a informar cuántos empleados tiene y para qué y cómo los usa, gracias a un espurio pacto de silencio del poder político, que se niega sistemáticamente a adherir a la Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora el vicegobernador Osvaldo Jaldo promete que harán una propia, que seguramente no informará lo que queremos saber, de lo contrario sólo bastaría con adherir a la norma nacional.

No sólo eso. Ahora también la Corte Suprema convalidó el secretismo, al decidir que la Legislatura no está obligada a informar cuánto se gastó finalmente en el nuevo edificio de avenida Sarmiento y Muñecas.

Un escándalo en una provincia que tiene a la mitad de su población por debajo de la línea de pobreza y pese a que nuestros gobernantes sonríen en la tele todo el tiempo.

Para sostener esta fiesta del despilfarro político Manzur elevó Ingresos Brutos del 3,5 al 5%. Y sólo para mantener la fiesta, que incluye a la Legislatura más cara del país, porque en tres años no hizo una sola obra pública de envergadura. Sólo inauguró la Dirección General de Planos, donde se siguen amontonando grandes proyectos.

Ingresos Brutos es el impuesto que grava a las actividades autónomas, a las que se les quita un porcentaje sobre la facturación de un negocio, independientemente de su ganancia. En términos más simples, le sacan el 5% a todos los comercios privados, al margen de si acusan ganancias o pérdidas.

En vez de ajustar a la política, infestada de corrupción por donde se toque, los gobiernos, nacional y provincial, siguen apretando al asalariado, al trabajador independiente, al emprendedor que genera empleo genuino, con más impuestos, con tarifazos impagables, con caída del salario y del poder de compra, y con devaluaciones salvajes.

Si acaso parece exagerado sostener que este país, así como va, es absolutamente inviable, entonces que alguien explique cómo se hace para cerrar los números en una economía con el siguiente ecosistema: 15 millones de pobres, 22 millones de sueldos estatales, ocho millones de empleos genuinos -la mitad en negro-, dos millones de desocupados, 45% de inflación anual estimada y un sector privado que no deja de comprimirse, cuando debiera garantizar desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo.

Si Argentina es un barco a la deriva, Tucumán es un bote salvavidas pinchado, con todos sus marineros ebrios y convencidos de que están timoneando un crucero que viaja al Caribe. O se mienten o nos mienten, sólo ellos saben. Lo único seguro es que el témpano está cada vez más cerca y ellos siguen bailando.

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