Una montaña de dinero sin control

El Tribunal de Cuentas metió el dedo en la llaga del servicio adicional de la Policía. Servicio que, hasta ahora, se realiza sin control del Estado y que, según los jefes policiales, significa una caja chica para urgencias, como, por ejemplo, el reemplazo de cubiertas en los patrulleros.

¿Caja chica? El movimiento de dinero registrado en 2017 en la cuenta corriente de la Policía para ingresos y egresos de custodias fue de $ 239 millones, o sea un 7,7% del presupuesto de la fuerza de Seguridad ese año, que fue de $ 3.086 millones. No parece tan chica esa caja, y además es dinero contante y sonante, de utilidad cotidiana.

Número secreto, cifra probable

El reclamo del Tribunal de Cuentas llega después de seis meses de un planteo similar realizado por el mismo órgano de control, y a un año exacto de otra advertencia. Entonces se dijo que en 2016 habían sido $ 185 millones y se calculó que en 2017 ingresaban $ 500.000 por día. ¿Cómo sería la cuenta hoy, considerando que la hora de servicio adicional cuesta (promedio) $ 120? Si se contemplan cinco horas de servicio y se estima que unos 3.000 agentes lo llevan a cabo, esto da 1,8 millón por día. Hay quienes dicen que son unos 5.000 los agentes los que hacen esta tarea, pero el número exacto es un secreto y sólo hay estimaciones. Hace un año, el diputado nacional José Cano, al criticar que hubiera comisarios cumpliendo servicio adicional en la Caja Popular, dijo que “no debería haber más de 1.500 policías” en esta tarea. Por cierto, si fueran 5.000 los agentes que cumplen adicionales, se hablaría de un movimiento de $ 3 millones diarios, lo cual da una cifra de $90 millones mensuales. Hipotéticamente.

Además, el hermetismo en torno a esta cuestión deja por debajo de la mesa el problema de las llamadas fichas, que son servicios adicionales que hacen policías en sus horas de trabajo, ordenados (presuntamente) por comisarios. Lo mencionó en 2014 el entonces secretario de Seguridad, Paul Hofer, cuando dijo que al llegar a ese cargo, “esto era Saigón” y que desarmaron varios nidos corruptos. Hoy Víctor Nacusse, referente de agentes, dice que “esos hechos de corrupción nunca se pudieron eliminar y en muchos casos se potenciaron”. Es que es una maquinaria muy aceitada. Cuando declaró hace tres meses como testigo en el caso Lebbos el comisario retirado Luis Alberto Mansilla -quien fue jefe del servicio adicional en 2006-, dejó en concreto ante los jueces la falta de controles en el sistema.

Trabajo de “fantasmas”

Hace un mes circuló por las redes sociales policiales la indignación ante un proyecto oficial para reglamentar y bancarizar el servicio, que plantea que haya oficiales superiores, llamados coordinadores, que lo organicen y distribuyan, y que cobren entre un 20% y un 25% por esa tarea. En la actualidad, la fuerza se queda con un porcentaje de entre el 3% y el 5%, según dijo el año pasado el ministro de Gobierno, Regino Amado. De cualquier manera, se habla de tanta plata, y de una suma tan grande que -se estima en el proyecto- podrían cobrar los “coordinadores”, que se plantea en el texto que, “ en caso de sumas considerables, dicha remuneración por esta función no deberá superar el sueldo líquido de un comisario en actividad”. O sea que un comisario coordinador podría duplicar su salario con el servicio adicional de sus subordinados.

En la ola de indignación del mes pasado circuló el reclamo de un anónimo que firmaba como “un milico de Tucumán” que se refería a las fichas: “hagan trabajar a todos esos fantasmas... a todos esos tipos que están de servicio el día que están de turno”. Tema que fue mencionado en 2016 por la legisladora peronista Nancy Bulacio, quien pretendía eliminar el servicio adicional (hubo tres proyectos en ese sentido). Entonces el gobernador Juan Manzur dijo: “el proyecto está descartado, no prosperará”. Lo único que han dicho las autoridades ha sido que se mantendrá esta modalidad, pero controlada (lo expresó el ministro de Seguridad Claudio Maley ante los legisladores, a comienzo de año), y que se bancarizará (lo dijo el jefe de Policía, Julio Díaz, al comienzo de su gestión). Pero los cambios van lentos y en medio de asordinadas polémicas. Es que se trata de una montaña de dinero.

Varias deformaciones

No sólo se trata de plata, sino de una desviación de la tarea de seguridad, avalada por la sociedad que necesita guardianes en medio de la crisis de inseguridad que ha crecido sin pausa en las últimas décadas. Esta desviación originaria se ve en la pregunta: ¿el Estado puede alquilar sus recursos a particulares? Si se lo planteara en el caso de la salud, sonaría raro que los enfermeros del Siprosa acudieran en una ambulancia a un barrio cuando está cerrado el CAPs, y entregaran remedios o leche o curaran a la gente y cobraran por los servicios. O que, en el sistema educativo, una maestra diera clases particulares a sus propios alumnos en los fines de semana y les cobrara por hora. Pero la sociedad acepta que sus propios policías, a los que les paga el sueldo, le cobren por cuidarle el negocio, con las armas provistas por el Estado.

Esto va acompañado con otra deformación, que es el llamado “estado policial”, que exige que un agente esté “de servicio” todo el día. Eso le da la posibilidad de usar el arma cuando está en tareas adicionales, lo cual es una ventaja sobre los vigilantes privados, que no pueden usar armas. Pero estar de servicio las 24 horas genera un compromiso estresante para el agente (la obligación de responder siempre, aunque esté con su familia). La sociedad no ha debatido esta exigencia brutal, que no existe en otros lugares: en EEUU, por ejemplo, cuando el policía termina las seis u ocho horas de su jornada, deja su arma y su placa en el destacamento y se va a casa como cualquier trabajador. La tarea policial la hace el que está de servicio, no el que está de descanso. Esto le permite, además, sindicalizarse, palabra que parece prohibida en nuestro medio, puesto que se la asocia con las huelgas policiales. De hecho, el Gobierno permite el servicio adicional porque sabe que es una forma de atenuar los reclamos salariales.

Una tercera deformación es el hecho de que este servicio inclina la balanza en desmedro de los que no pueden pagar protección. Un asaltante ocasional, ¿a quién va a elegir? ¿Al que tiene un policía trabajando como adicional o al que tiene su negocio sin vigía? “Los grupos salen al voleo. No los llamaría bandas; son delincuentes que se juntan esporádicamente. Eso hace que las investigaciones sean difíciles”, dijo hace seis días el subjefe de Policía, Francisco Picón, a propósitio del robo de motos, que está más extendido en la zona de la periferia o en el interior, donde “hay menos controles”.

Sistema desordenado

A los agentes no les agrada que se proyecte quitarles sus ingresos directos cotidianos, mucho menos que los saquen de zonas de confort, como los “paraísos” para vigilar como Rentas o EDET, donde prácticamente hacen de guías de las necesidades de la gente que hace cola. Pero lo cierto es que la expansión de la seguridad privada dada por la fuerza pública ha desordenado el sistema hasta el punto de que la Policía es una gran institución que en muchos casos no sabe dónde están sus hombres ni en qué horario trabajan, porque la inseguridad les permite a todos los que necesiten llegar a fin de mes un rebusque haciendo custodia hasta en el quiosco más chiquito. Esto ha deformado la institución, las prácticas y las responsabilidades. Incluso deforma cualquier debate, porque parece injusto privar al policía de ganarse unos pesos para ayudar a su familia, haciendo precisamente lo que la sociedad cree que debe hacer: vigilar, aunque en ese momento tenga un patrón particular.