Todo impuesto

La baja de la carga fiscal está lejos de concretarse. El Estado, en todos sus niveles, necesita recaudar porque no tiene otra forma de financiarse. Con más emisión monetaria, la inflación seguiría reinando a tasas de dos dígitos anuales; y recalentada. La otra probabilidad es endeudarse; sin embargo, el mercado voluntario de crédito está restringido para un país que no encuentra un rumbo económico con el fin de abandonar el estancamiento. Las tasas son elevadas y, así, el financiamiento disponible es demasiado costoso para el Estado y para los privados.

¿Entonces? La clara muestra de que 2019, además de ser electoral, será el año de más agobio impositivo. El proyecto de Presupuesto, que hoy defenderá el ministro de Economía Nicolás Dujovne en el Congreso, es una clara muestra de que la carga impositiva no cederá. La iniciativa muestra la intención de la Casa Rosada de poner avanzar con la eliminación de exenciones que afectarán a trabajadores del Estado de los tres niveles, empleados con regímenes especiales y una parte de los jubilados. En la provincia, la medida ha despertado una serie de dudas. Particularmente, porque en la boleta de los empleados públicos figuran una serie de ítems que convierten a la liquidación en una verdadera maraña contable. Con el proyecto nacional, es probable que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ponga más atención en las boletas de los estatales y que muchos de ellos comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias desde el primer día del año que viene.

¿Qué dicen en la Casa de Gobierno? Que tal medida implicará, por caso, que tanto agentes como funcionarios de carrera no quieran efectuar misiones oficiales, por miedo a ser alcanzados por un impuesto que, hasta hace algunos años, iba a ser eliminado. Y, como sucede en el sector privado, hay otra franja de trabajadores públicos que temen que un reajuste salarial decidido por paritarias termine perjudicándolos, con una recategorización onerosa por intentar cobrar unos pesos más en tiempos inflacionarios. De todas maneras, los funcionarios del área económica indican que no hay que hacerse mala sangre porque este tipo de medidas puede llegar a naufragar en el debate parlamentario que se avecina. La idea es llegar a fines de año sin contratiempos fiscales. 2019 parece un horizonte aún distante para una Argentina que se acostumbró a vivir en emergencia.

Los empresarios, no obstante, vienen reclamando al Estado que cumpla los compromisos acordados, como lo fue la baja en la carga del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El gobernador Juan Manzur aún no ha firmado la addenda (perdón) al Consenso Fiscal de 2017 para frenar la reducción de las alícuotas del impuesto más distorsivo para las economías del interior. Sin embargo, no tiene previsto contradecir la letra del documento que ya fue distribuido por el Ministerio del Interior a los gobernadores. La cuestión tributaria sigue abierta al debate. En los próximos días, habrá novedades acerca de algunas modificaciones a la legislación vigente. En la Casa de Gobierno sostienen que esos cambios son formales y de procedimientos, con el fin de evitar una mayor litigiosidad en los pleitos tributarios. Pero, cuando el río suena...

“Nuevos gravámenes, impuestos, revaluaciones en la propiedad inmobiliaria, la no aplicación del ajuste por inflación impositivo y otras medidas similares implican aumentos en la presión tributaria”, reclamó el Foro de Convergencia Empresarial. Como consecuencia de un enorme gasto público, la Argentina actualmente paga en impuestos un 7% del PBI por encima del promedio de América latina (U$S 30.000 millones por año). Se trata de una carga adicional que complica mucho la actividad económica e impide o dificulta nuevos emprendimientos, indicó el foro que representa a las principales entidades del sector privado del país. Sucede que los empresarios se cansaron de que el Estado siga cazando dentro del zoológico, es decir, agobiando con más impuestos y alícuotas a la misma base de contribuyentes. Para el gobierno, en todos sus niveles, es más fácil que la baja de ese gasto se realice con más impuestos. El mayor costo de un Estado billonario inevitablemente se trasladará al sector privado, como sucede cada vez que el país atraviesa una crisis.

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