De presiones y usurpaciones

“El Estado es demasiado lento; cuando actúa, ya la casa está hecha”, dice el delegado comunal de San Javier, Gonzalo Vildoza. Se refiere a las ocupaciones ilegales que hoy son noticia en El Cadillal y en el parque Sierra de San Javier, pero que en el cerro son moneda corriente. Así como se está construyendo un barrio cerrado en la zona cercana a Villa Nougués, que la UNT denuncia como usurpación, Vildoza también reniega con lo que él llama un “country” sobre terrenos fiscales en la calle 9 de San Javier. “Nosotros hacemos la denuncia y ellos siguen ahí publicando la venta de terrenos en el Face, en las redes.. y no hay forma de actuar”, dice.

Es la aplicación de la máxima del río revuelto y de la ley del más fuerte o del más pícaro frente a la ausencia del Estado. ¿Cómo es esa ausencia? Total. San Javier ni siquiera sabe cuántos terrenos y propietarios tiene. Este año, dice Vildoza, encararon un convenio con Catastro para regularización dominial. “Hoy en la comuna no tenemos ni padrones”, explicaba en abril pasado. Así, podrían ordenarse los predios en algún momento. Hay una parte que es del parque de la UNT; otros terrenos pertenecen a particulares (la villa serrana se vendió hace muchos años, antes de la ley que ahora restringe las construcciones en las zonas rojas), a Turismo (alrededor de la villa) y al Gobierno provincial. Lo que ve el delegado es que la crisis habitacional empieza a generar presión. Los pobladores de antaño han tenido familias y sus herederos no tienen lugar para asentarse. Además llega gente de afuera y cuando avance el turismo la presión será peor. San Javier aún tiene terrenos fiscales, lo cual ya no ocurre en el sector de Villa Nougués, según Vildoza.

¿Cómo es la presión? La gente recurre, dice, a la estrategia de reclamar la posesión por prescripción adquisitiva. Denuncian que viven allí y cuando tienen un papel que certifica que iniciaron el trámite en Catastro ponen un cartel, alambran y venden terrenos fiscales. “Hay gente que se apropió de terrenos importantes del Gobierno”. Esta semana el delegado denunció en el juzgado de Paz de Yerba Buena cinco casos. ¿Cómo sabe que hay ocupaciones? “Yo los descubro persiguiendo a los camiones que suben con ladrillos o con ripio y me doy cuenta de la usurpación”.

Cuando se quiere actuar la suerte está echada. En El Cadillal hubo un incidente violento esta semana (el segundo en menos de un mes) en la zona de la Bahía de los militares, cerca de la cual está la famosa cascada de Aguas Chiquitas, que es una delicia para el turismo. Álvaro Simón Padrós, secretario de Desarrollo Productivo, dice que no pueden desalojar al ocupante, Fredy Leal, y este le dijo a LA GACETA que es comprador de buena fe a una persona que tenía posesión. Ahora Leal actúa como dueño. Simón Padrós denuncia que “montó un sistema para extraer agua ilegalmente desde Aguas Chiquitas”. Este caso y otros han generado bastantes tensiones en El Cadillal, área codiciada desde hace décadas y que ha sido entregada en comodato -el sector de la Villa y de la entrada- durante el gobierno de Julio Miranda a todos los sindicatos imaginables. Después de eso continuaron las ocupaciones alrededor del lago. En la comuna -a cargo de Carlos Bonano- la Fiscalía de Estado ha colocado en mayo un cartel advirtiendo que está prohibido autorizar transacciones, mientras el Ministerio del Interior analiza cómo recuperar 200 terrenos vendidos ilegalmente. No obstante, los carteles de venta de predios abundan. En abril un terrible incidente con una automovilista ocurrió al cabo de varios días de corte de ruta de manifestantes que reclamaban que les den tierras.

Hace tres años, cuando abundaban los operativos para erradicar a usurpadores, el entonces fiscal de Estado, Jorge Posse Ponesa, decía que había que sacar a los usurpadores antes de los 10 días de la ocupación; si no, después se hacía casi imposible. Y en un Estado que no se preocupa por sus tierras, al tiempo llegan los papeles intentando legitimar posesiones. Hoy los funcionarios dicen que han cambiado un poco las cosas: la ley 9.099, pedida por Fiscalía de Estado en abril, permite desalojar inmediatamente y reintegrar terrenos fiscales con la acreditación de la titularidad.

La UNT no tendría ese mecanismo en la Justicia Federal. Y todos los años, generalmente en vacaciones, según cuenta Rodolfo Salinas, director administrativo del Parque Sierra de San javier, hay intentos de ocupación. Ya hay 120 familias instaladas desde hace decenios en la zona de Horco Molle, a las que la Universidad les paga la luz de un medidor comunitario. Con ellas negocian la UNT y el Ersept (ente de control de servicios de agua y luz) para que no amplíen sus núcleos familiares en el predio. Pero no las van a desalojar. En algún momento les darán los servicios con medidores de familia.

Cuenta el delegado Vildoza que en San Javier acordaron con Fiscalía, Juzgado de Paz, Turismo y el ente de servicios que, para parar la ola de pedidos de ocupación de terrenos, se niegue la provisión de medidores de energía y de agua si no es autorizada por la comuna. “Eso achicó la presión pero la bonanza duró un mes, hasta que EDET dijo que el Ersept había dado una resolución que indicaba que había que dar luz con la sola solicitud de vecinos”, denuncia. Santiago Yanotti, del Ersept, lo niega: “EDET tiene la instrucción de no dar servicio en terreno usurpado”, sentencia. No obstante, Vildoza dice que la bonanza pasó y la presión volvió, acaso por la falta de ímpetu del Estado. “Ha pasado mucho tiempo. Y nadie ha tomado una decisión -decía en abril-. Nadie ha querido poner el dedo en el ventilador. Eso ha hecho que la gente se sienta dueña”.