Barrabravas en alerta y movilización

24 Ago 2018
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LA GACETA/FOTO DE OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO)

La Justicia bonaerense descabezó a la barra brava de Banfield, al cabo de un operativo en el que secuestraron armamento, dinero en efectivo (y máquinas para contarlo), pirotecnia, carnets de socios y hasta facturas por servicios de transporte pagadas por el club. Quedaron detenidos el capo de la barra, Miguel Tuniñali; su segundo, Gastón Aralda; y “La Nancy” Burgos, que además de ser una pieza clave en la logística de la asociación ilícita es la mamá de Tuniñali. Sí, el universo barrabrava da para todo. Una de las patas de la millonaria operación pasaba por la reventa de las entradas que los dirigentes le regalaban al clan, cuyo dominio en la institución históricamente apadrinada por Eduardo Duhalde llevaba más de una década. No es un dato menor, teniendo en cuenta la pulseada que libra la dirigencia de San Martín con los barrabravas justamente por el tema entradas.

En la popular de calle Rondeau faltaron las banderas y los bombos el lunes, cuando San Martín debutó en la Superliga enfrentando a Unión. ¿El motivo? No hubo acuerdo con los barras acerca de la cantidad de tickets que el club les regala. Querían más que en la B Nacional, por supuesto, conscientes de que el negocio crece de la mano del cambio de categoría. La dirigencia no se mostró dispuesta a cambiar, al menos sustancialmente, el volumen de entradas “asignadas” a la barra brava. El tira y afloja se mantuvo hasta el comienzo del partido, cuando una parte de los grupos que aguardaba en las inmediaciones del estadio optó por retirarse. Otros ingresaron y se los vio sobre el paraavalanchas, aunque sin el cotillón.

Revendiendo a $400 cada una -el precio oficial-, un lote de 600 populares reporta $ 240.000. El costo sube cuando se terminan en las boleterías, y en algunos casos de manera exponencial. Por ejemplo, el día de la final por el ascenso con Sarmiento la barra hizo un negoción cotizando cada ticket a $ 800 o más. Conocedores de los números que se manejan en Primera -sin ir más lejos, en Atlético-, los barras están exigiendo que les regalen 2.000 entradas por partido, lo que equivale a un botín de $ 800.000. Están dispuestos a negociar un poco a la baja, aunque no mucho más, teniendo en cuenta que son varias las facciones para alimentar. La dirigencia, hasta ahora, no se mueve de las 600 que -aproximadamente- venía regalando.

Siempre conviene apuntar que los barrabravas entran a los estadios sin pagar, lo que les deja un cien por ciento de ganancia con la reventa. La liberación de la puerta cuando llegan, con policías y controles mirando para otro lado, es una de las tantas aristas que impiden tomarse en serio las aspiraciones de la Superliga de codearse con los torneos del primer mundo futbolero. Pero hay otras prerrogativas que los barrabravas de San Martín no quieren perder, como la venta de alcohol en las tribunas (la barra de Atlético también hace caja en este rubro). El lunes pasado no les dejaron pasar el fernet a La Ciudadela, una ley que secó las gargantas y los bolsillos.

El fenómeno barra es un entretejido del que participan políticos, sindicalistas, integrantes de la Policía y del Poder Judicial y, por supuesto, los dirigentes de los clubes. No tiene que ver con el fútbol, sino con un negocio multimillonario que abarca desde el narcotráfico y el lavado de dinero a “trapitos” y reventa de entradas, pasando por un largo etcétera de actividades ilícitas. Si no se desarma el entramado será tan loable como poco efectivo el encarcelamiento de los ocasionales líderes. Las barras bravas son hidras, así que cortando tres cabezas crecerán otras 10. Siempre hay segundas, terceras y cuartas líneas esperando que caigan los de arriba para asaltar el poder. Es un juego de padrinazgos, que consiste en averiguar qué personaje con mucha o poca influencia será el que llame a la comisaría o al juzgado demandando que suelten a los delincuentes de turno.

Tan corrida está la línea de lo que es y no es correcto que los tantos se confunden. Enfrentar a la barra sería no regalarle entradas, ni una; no esto de pulsear acerca de la cantidad. Y si la dirigencia quiere regalar esas entradas, podría hacerlo en los colegios, o en los barrios vulnerables, o donde mejor le parezca, en lugar de apuntalar un negocio ilegal. Tal vez si Atlético y San Martín se unieran con ese propósito tendrían otra fuerza, por más que la idea vaya en contra de la realpolitik. Nadie quiere ponerse en contra a La Inimitable o a La Banda del Camión, pero alguien, en algún momento, tendrá que avanzar en ese sentido. La cuestión de fondo es, ¿están dispuestos nuestros funcionarios, legisladores, concejales y sindicalistas a soltarles la mano a sus fuerzas de choque?

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