Guerras perdidas de la Justicia de Paz

20 Ago 2018

La primera trinchera de la justicia lleva décadas batiéndose en una retirada torpe, vencida por la desidia generalizada y los avances de la política. El atraso golpea a la institución que podría mejorar las condiciones jurídicas de vida en el gran San Miguel de Tucumán y en las zonas rurales, y pacificar parajes expuestos a los efectos corrosivos de la violencia y de la desigualdad. Lejos de llevar el remedio del Estado de Derecho allí donde más hace falta, la Justicia de Paz de Tucumán pelea para salvarse a sí misma. Tantas guerras perdidas la han transformado en una estructura débil que, con las excepciones del caso, subsiste apenas. Herida como está no puede sino aspirar a que se apiaden de ella y la curen, o a que le proporcionen el golpe final.

El síntoma de esta decadencia triunfadora emergió el jueves, cuando la Cámara Penal de la capital condenó al ex juez de Paz de Los Gómez (Leales), Pedro Antonio Núñez, por falsificar un acta de entrega de tierras en favor del imputado preso Ángel Ale. Casi sin querer y tres años después, quedó probada una porción de la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital que relata la existencia de un modus operandi extorsivo en el Poder Judicial provincial -las partes más graves de aquella acusación aún no han sido esclarecidas-. Más allá de esa constatación inquietante, la sentencia es toda una metáfora: entre otras sanciones, los camaristas María Balcázar, Eduardo Romero Lascano y Fabián Fradejas impusieron a Núñez la obligación de estudiar ética pública. Según el tribunal, en el caso de este imputado fallaron los valores y los principios que hacen al ejercicio recto de la función estatal. Tal conclusión conecta con las sospechas que desprestigian a un organismo difícil de controlar, cuyos integrantes gozan de un poder solitario y aislado, y, por lo tanto, proclive a los desvíos.

Núñez fue juez de Paz hasta mayo. Junto a él cayó José Solano Lazarte (Alto de Anfama). Ambos perdieron sus cargos por haber otorgado poderes de disposición en forma irregular: estos instrumentos luego fueron usados en operaciones inmobiliarias fraudulentas. Por la misma cornisa transita Antonio Héctor Heredia (Alderetes), funcionario que afronta desde hace nueve años un sumario administrativo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Si bien dejó de estar al frente de su juzgado, sigue trabajando en los Tribunales: una licencia por enfermedad de largo tratamiento anticipa su intención de apurar los trámites para jubilarse. Heredia fue acusado de expedir documentos de identidad apócrifos en 2004 y aguarda su enjuiciamiento en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, junto a José Benito Áraoz, ex juez de Paz de Orán (Leales), quien habría adulterado aproximadamente 200 inscripciones de nacimiento. Lídoro Alberto Macedo, juez de Paz de San Pablo y hermano del camarista Eudoro Albo, enfrenta por su parte una investigación interna por supuestas inasistencias injustificadas. Entre 2011 y 2016, la Corte había suspendido dos veces a Macedo en virtud de las irregularidades constatadas en su desempeño.

Los vicios atribuidos a algunos miembros de la Justicia de Paz darían la razón a quienes opinan que esta abandonó en gran medida su rol de primer escudo del derecho para convertirse en un engranaje político más. En ciertos parajes, los juzgados están demasiado cerca de los punteros o directamente fungen como piezas del caudillo que domina el territorio. Un conocedor de la campiña conjetura que esa distorsión inicial abrió el camino para los abusos cometidos con las usurpaciones masivas, fenómeno ilegal que está a la vista, pero que, según parece, nadie se atrevería a investigar con el rigor que este desmadre demanda.

El desaguisado comienza por casa. Hace 14 años, el Gobierno de Alperovich anunció que había llegado la hora de jerarquizar y modernizar el instituto, y estableció la Justicia de Paz letrada. Pero con el argumento de que la ley tenía “defectos de diseño” -en esencia, omisiones en la delimitación de la competencia territorial que nunca fueron subsanadas-, el Poder Ejecutivo siguió designando legos con el acuerdo del alto tribunal. Otra norma adoptada en 2015 ratificó la opción por los abogados, pero este mes el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, no descartó colocar allí a ciudadanos que carecen de título profesional. “Ni lega ni letrada, es un híbrido institucional extraño. Lo prioritario es definir qué es un juez de Paz”, apunta una princesa del foro conocida por su sensatez.

Si se quiere que, además de tareas notariales, los juzgados resuelvan conflictos sencillos que simplificarían la existencia a los moradores del campo y aliviarían al Poder Judicial, no queda más alternativa que nombrar abogados: hoy hay sólo seis en las 70 oficinas en funcionamiento (Trancas sería el modelo en cuanto a servicios). Pero el Poder Ejecutivo da vueltas al tema desde hace cinco años, cuando concretó la última designación discrecional. Al parecer, la entrega del mando acaecida en 2015 incluyó un listado de dirigentes -o de allegados a estos- que debían “ser contenidos” en los 21 cargos vacantes que había en ese momento. La nómina quedó a un lado y las acefalías aumentan: llegarían a 27 en el corto plazo o a casi el 40% de los despachos. La escasez de nombramientos es más delicada que en los Tribunales ordinarios, que parecen un queso gruyer. Una localidad estratégica para el turismo como Tafí del Valle, donde abundan los conflictos por terrenos, carece de juez de Paz desde 2012. Los huecos han naturalizado las suplencias y complicado aún más la tarea de fiscalización.

Falencias edilicias potencian los déficits de una institución tan vieja como el Martín Fierro que se resiste a entrar no al siglo XXI sino al XX. Una prueba de ello es que la Corte sigue nombrando “a dedo” al personal de la Justicia de Paz, pese a que en 2010 implementó los concursos de ayudante para los Tribunales ordinarios. Ese doble estándar acentúa la sensación de derrota y de asimetría, como si las áreas campesinas no mereciesen acceder a la misma justicia de la ciudad.

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