La Justicia citó a declarar al albañil que señaló a Barrionuevo como el dueño de Marán

Los detalles de la investigación patrimonial contra dos figuras del IPV incluyen viajes al exterior, casas, autos y hasta un bote deportivo. La situación de Jiménez Augier se complicó cuando su conocido volvió a negar que el medio millón de dólares le pertenezca.

17 Ago 2018

Los expedientes del “caso Viviendas” ya acumulan más de 30 cuerpos, es decir, hay cerca de 6.000 hojas que contienen documentos oficiales, declaraciones, tasaciones e informes acerca de una serie de presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y en el patrimonio de algunos de sus funcionarios. Pero todo indica que esa cifra seguirá creciendo.

Así lo deslizaron fuentes judiciales, que aseguraron que Alberto Flores -ex empleado de la constructora Marán- fue citado para que declare hoy en la sede penal de Tribunales. El miércoles, en una entrevista con el programa de este diario, “Panorama Tucumano”, Flores explicó que trabajó durante seis años como albañil de Marán. Esta empresa recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones y pertenece, legalmente, a Sebastián y Martín Nieva, sobrinos políticos de un coordinador de la repartición: Lucas Barrionuevo, actualmente detenido por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, Flores señaló al funcionario como el verdadero dueño de la constructora. “Él se encargaba de toda la logística; él dirigía todo”, enfatizó antes de agregar que, además, hubo veces en las que Barrionuevo le pagó en la mano su salario. El albañil fue despedido en diciembre de 2017 y hoy mantiene una disputa legal para cobrar la indemnización que, según afirma, le corresponde.

Para respaldar sus afirmaciones, Flores cuenta con diversos documentos. Por un lado, conserva una planilla de control interno de Marán en la que figura que una de sus máquinas fue utilizada en el country Los Olivos, donde Barrionuevo tiene una casa que es clave en la investigación judicial en su contra. También contó que durante más de un año trabajó para Marán con un camión que Barrionuevo fue autorizado a conducir ante escribano público y al que, además, el funcionario le pagaba el seguro.

Esta causa judicial comenzó en julio de 2017, cuando la fiscala Adriana Giannoni abrió una investigación de oficio tras un informe de “Panorama Tucumano” sobre diversas irregularidades en el Ipvdu. Tras un año en el que se tomaron diversas medidas, hoy dos de los investigados están detenidos por presunto enriquecimiento ilícito: Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales del Ipvdu.

Bienes de Jiménez Augier

La información patrimonial de los imputados llama la atención cuando se tiene en cuenta que, en junio de 2016, Jiménez Augier habría percibido un sueldo de poco más de $ 20.000. Un mes después, Barrionuevo habría cobrado una suma similar. Estos datos surgen de fuentes judiciales, que también deslizaron que la situación legal de Jiménez Augier empeoró esta semana.

Cuando el hecho de que el funcionario tenía U$S 500.000 en una caja de seguridad se difundió, en septiembre del año pasado, Jiménez Augier aseguró que el dinero le pertenecía a un conocido suyo, Álvaro Arraya. Incluso presentó escritos notariales con los que pretendía confirmar su versión. Sin embargo, Arraya dijo en la Justicia que el dinero no le pertenecía. Tras el escándalo, el gobernador Juan Manzur despidió a Jiménez Augier. Esta semana, Arraya reiteró en la Fiscalía VIII que no tiene nada que ver con esa plata. Es más, el escribano que firmó el escrito presentado por Jiménez Augier fue citado en la Justicia. Aunque el ex funcionario pretendía demostrar que el notario había certificado el acto -por el que Arraya habría entregado el dinero a Jiménez Augier-, el escribano aclaró ante Giannoni que sólo validó las firmas -se limitó a confirmar la identidad de los signatarios, sin hacerse cargo del contenido del documento-.

La Justicia analizó los viajes al exterior del funcionario y algunos de los automóviles que surgen de los registros. Entre los años 2008 y 2015, Jiménez Augier y dos de sus hijos -que también trabajaban en la administración pública- habrían adquirido al menos 10 vehículos entre los que destacan una camioneta Hyundai Santa Fe, una Chrysler Caravan y un Volkswagen Vento.

Bienes de Barrionuevo

En cuanto al coordinador de Programas Federales, además de su vínculo con la empresa Marán, el inmueble que Flores calificó de “mansión” es uno de los ejes centrales de la investigación.

En noviembre, la Justicia allanó la propiedad de Los Olivos y encontró gran cantidad de bienes. En total, teniendo en cuenta el valor del terreno, el de la edificación y el de los diversos objetos encontrados, el precio sería superior a los $ 10 millones y medio, según las cifras que maneja la Justicia. Por su parte, el abogado defensor de Barrionuevo, Arnaldo Ahumada, criticó esta cotización y afirmó que la valuación no fue realizada correctamente.

El coordinador de Programas Federales también tiene registrados viajes al exterior y automóviles. Pero uno de los objetos que llaman la atención es una lancha deportiva que figura a su nombre en Prefectura Naval Embalse de Río Hondo. El bote tendría un motor marca Evinrude con una potencia de 130 HP. En diferentes sitios de internet, lanchas con este motor se pueden conseguir a un valor que oscila entre los $ 500.000 y $ 1 millón.

Además, en su declaración ante la Justicia, Barrionuevo habría dicho que también percibió ingresos debido a su actividad privada. El año pasado, “Panorama Tucumano” le preguntó si realizaba otros trabajos además de su tarea en el Ipvdu. “No. Bueno, soy agrimensor. Pero bueno, no”, respondió. Por otra parte, la interventora Noemí Ferrioli dijo que no le parecía probable que el funcionario haya trabajado en otro lado ya que debería haber estado la jornada completa en el instituto.

El lunes vence el plazo de la Justicia para requerir la prisión preventiva de los dos detenidos. Por otra parte, el juez de instrucción todavía no ha dictado una resolución sobre el pedido de eximición de prisión planteado por los abogados de los imputados.

En ese marco, la semana que viene debería haber novedades sobre el caso que, un año después del primer informe periodístico, sigue motivando a decenas de tucumanos a escribir al programa de LA GACETA con más información sobre los imputados.

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