Un ex funcionario judicial deberá estudiar ética pública

El veredicto de la Sala V de la Cámara Penal de esta capital sumió a Julio Gerardo Valdez en un llanto emocionado. Esas lágrimas coronaron casi ocho años de batalla en la Justicia penal por el reconocimiento de los derechos de su familia sobre una finca de 67 hectáreas ubicada en Los Pocitos, Leales. Los camaristas María Balcázar, Fabián Fradejas y Eduardo Romero Lascano ayer le dieron la razón en cuanto a la falsificación de un instrumento público, y condenaron a Pedro Antonio Núñez, ex juez de Paz de Los Gómez (Leales), que, entre otras penas, deberá asistir a un curso de ética pública. El fallo solicitado por la fiscala Estela Velia Giffoniello vale por sí mismo y por su proyección respecto del juicio contra el supuesto usurpador Ángel Ale, que está programado para septiembre. También vale por su relación con la denuncia penal del Colegio de Abogados de la Capital, presentación que objetó casos del ex fiscal Guillermo Herrera, entre ellos el de Valdez. Tres años después, la Justicia concluyó el primer enjuiciamiento vinculado a ese affaire.

Núñez presenció la declaración de su culpabilidad con la mirada clavada en un punto fijo de la sala. Por unanimidad, el tribunal lo condenó a cumplir una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y de seis de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; a pagar $ 500.000 por daño moral; a realizar un curso de ética pública por el término de un año en la Universidad Nacional de Tucumán o en centros de formación oficiales, y a hacer tareas comunitarias en instituciones de bien público de la capital. Núñez, quien fue juez de Paz hasta mayo de este año, cuando el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó, no podrá ausentarse de la provincia sin aviso.

Balcázar, Fradejas y Romero Lascano ordenaron la apertura de una investigación penal complementaria y declararon la falsedad intrínseca del instrumento público del 28 de enero de 2011 que confeccionó el imputado en favor de Ale. La defensa de Núñez adelantó que recurrirá el pronunciamiento. “Soy inocente”, insistió ayer el ex juez de Paz, que fue a juicio por haber actuado en una jurisdicción que no le correspondía y dado fe pública de que el inmueble en cuestión estaba libre de ocupantes.

Antes de largarse a llorar, Valdez recordó que estuvo a punto de ir preso. “Ale y Herrera me armaron una causa. A mí me salvó Susana Trimarco (denunciante de los Ale y madre de la víctima María de los Ángeles Verón): el día que iban a detenerme, la Justicia Federal allanó los domicilios del grupo. Recién entonces me escucharon. Si lo de Trimarco no avanzaba, yo iba a terminar inculpándome como Roxana Teves”, evocó mientras esperaba la lectura de la resolución junto a su abogado Jorge Lobo Aragón. El caso “Teves” también forma parte de la denuncia del Colegio de Abogados. En 2015, la entidad había manifestado que advertía un patrón de conducta irregular en la Justicia penal provincial. Ese modelo consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tenían relación con la investigación en sí, sino que resultaban actuaciones de coerción sobre el denunciado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.