“No hubo tensión entre la Nación y la Provincia por los veedores judiciales”, aseguró Avruj

El acceso a la información pública es uno de los compromisos del programa federal que impulsa el secretario de Derechos Humanos. El Gobierno de Tucumán tiene previsto adherir hoy al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que contempla medidas a desarrollar hasta 2020.

VISITA. Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, estuvo en la Defensoría del Pueblo local en 2016. LA GACETA / FOTO DE ARCHIVO VISITA. Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, estuvo en la Defensoría del Pueblo local en 2016. LA GACETA / FOTO DE ARCHIVO

Hoy a las 9, el gobernador, Juan Manzur, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, formalizarán la adhesión de Tucumán al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Esta herramienta establece medidas para desarrollar hasta el año 2020 en cinco ejes: inclusión, no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a los derechos, y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos (ver el sitio web: argentina.gob.ar/derechoshumanos/plan-nacional-accion).

La provincia se sumará a esta política ocho meses después de su presentación: en el medio, se presentaron dos abogados de la Nación con la finalidad de ver causas cuestionadas en la Justicia provincial. Avruj descartó ayer que ello haya conflictuado la relación y reivindicó el trabajo conjunto. “No hubo ninguna tensión por los veedores judiciales”, aseguró en una entrevista telefónica, antes de emprender su cuarto viaje a esta jurisdicción.

- ¿Por qué es importante que Tucumán se sume al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos?

- El presidente, Mauricio Macri, presentó el 12 de diciembre de 2017 el primer programa de este tipo existente en el país. Es una deuda que tenía el Estado argentino con los organismos internacionales desde 1993 y, fundamentalmente, con los ciudadanos. Se trata de una hoja de ruta que involucra a todos los ministerios en el cumplimiento de los derechos humanos. A partir de la formalización de esta iniciativa comenzamos a buscar la adhesión de las provincias y hoy ya tenemos 12. Por suerte hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Manzur, que, debo decir, desde el primer momento manifestó su intención de incorporarse.

- ¿Qué beneficio concreto traerá esta herramienta para el ciudadano tucumano?

- En primer lugar, es bueno para los tucumanos y para los argentinos que haya un plan que nos cobije a todos, y una política de Estado que trascienda a un gobierno. En segundo lugar, entendemos que será muy beneficioso el trabajo conjunto entre el Estado nacional y las provincias en la mesa ejecutora de seguimiento de los compromisos asumidos. Es una complementación de experiencias y de conocimientos, y una lectura más fina de la realidad.

- Sabemos que hubo ciertas tensiones entre la gestión de Manzur y su cartera por la decisión de nombrar dos abogados (Ana Colombres Garmendia y Juan Andrés Robles) para observar expedientes cuestionados en Tucumán. ¿Qué evaluación hace de esta veeduría?

- Aquí hay que dejar muy en claro que no hubo ninguna tensión entre los gobiernos provincial y nacional por la designación de veedores. Fue una decisión tomada por el ministro de Justicia (Germán Garavano) y delegada la firma a Alejandro Collia, responsable del Consejo Federal de Derechos Humanos, por sus atribuciones. En ese órgano, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia (Érica Brunotto) y otros de sus pares se quejaron porque no habían sido consultados, pero era algo que no correspondía abrir a consulta. Lo más importante es que estamos trabajando para hacer el seguimiento de algunos procesos judiciales y que esto emana del pedido de las víctimas. La veeduría se asienta en la legalidad y en el respeto a la institucionalidad, y lo que busca es pedir informes sobre situaciones donde hay ciudadanos que dicen que sus derechos están siendo violados. Cualquier otra objeción o crítica es mera especulación política.

- La semana pasada, un senador nacional, Guillermo Snopek (h), y un abogado tucumano que está prófugo de la Justicia jujeña, Carlos Marti Coll, acusaron a Gerardo Morales, gobernador de Cambiemos, de valerse del sistema judicial para sus fines particulares. Ambos dijeron que en Jujuy no hay Estado de Derecho. ¿Cuál es su mirada sobre estas críticas, que vienen desde el inicio mismo de la gestión del gobernador Morales?

- En la Secretaría de Derechos Humanos nos abstenemos de cualquier especulación política. Nuestra obligación es que sean respetados los derechos humanos de todos, inclusive los de la señora Milagro Sala. En esto no hay duda alguna y lo dije desde siempre. Somos respetuosos de la autonomía provincial y de la independencia judicial, y esperamos los informes oficiales para poder analizarlos y dar respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro compromiso es velar por los derechos de Sala, como por los de cualquier otro ciudadano. El senador (Snopek -h-) debe formular sus denuncias en la Justicia para que haya una investigación.

- La víctima Alberto Lebbos le había pedido que asista al juicio oral del crimen de su hija. ¿Tiene previsto ir?

- Me encontraré con el señor Lebbos, con quien tengo una excelente relación de respeto y de acompañamiento. Él integra el Observatorio de Víctimas y lo hemos apoyado desde el primer momento. No participaré en la audiencia (de debate oral), pero sí nos reuniremos.

- La Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán reclama desde hace años un registro de causas penales impunes. ¿Cuál es su posición sobre este pedido?

- Su evaluación corresponde al Ministerio. Entiendo que todos los reclamos que buscan alguna solución para la sensación de impunidad a la que nos hemos acostumbrado en Argentina, porque la impunidad nos ha ganado, deben ser recibidos y estudiados, y agotar los caminos que lleven a la verdad y a la justicia.

- ¿Se entrevistará con la familia de Facundo Ferreira?

- Hemos estado en contacto con ellos desde el primer momento y los hemos asistido. No preveo reunirme (esta vez), pero la relación va a mantenerse.

- Tucumán carece de leyes de acceso a la información y de ética públicas. ¿Hay algún vínculo entre estos déficits y la protección adecuada de los derechos humanos?

- Nosotros somos defensores a rajatabla del acceso a la información pública: esta es una de las primeras leyes que impulsó el presidente Macri y uno de los compromisos incluidos en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. El Presidente siempre ha puesto en primer lugar la necesidad de que haya transparencia y verdad. Argentina hoy está muy bien conceptuada por su política de gobierno abierto y en esa materia es líder en la región. Queremos que todas las provincias ofrezcan la información pública y que los ciudadanos puedan disponer de ella. Cuanto más transparencia haya, mayor será la posibilidad de acceder a la verdad, que es parte de lo que estamos viviendo en estos tiempos en el país, donde se ve un freno fuerte a la impunidad.

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