Macri avanza sobre el financiamiento electoral

Aunque hay coincidencia de los referentes oficialistas y opositores en que debe regularse el uso de los fondos en una campaña electoral, aún no ha avanzado ningún proyecto con ese propósito en la Legislatura tucumana.

La discusión sobre la ausencia de regulación para el financiamiento proselitista en Tucumán comenzó a cobrar fuerza a partir de la proliferación de acoples. En los comicios de 2015, con cuartos oscuros en donde se llegaron a ver un centenar de boletas, a los candidatos les resultó sumamente costoso afrontar la logística electoral y, además, lograr que su propuesta adquiera visibilidad pública.

Por lo pronto, sin apuro del oficialismo, sectores de la oposición ya formalizaron propuestas en la Cámara para regular el financiamiento de las campañas. Los radicales Fernando Valdez, Raúl Albarracín y Ariel García, por un lado, plantean que haya topes a los aportes de personas físicas y jurídicas, y establecen restricciones sobre quiénes pueden ser donantes de un candidato. De la misma manera, creen que el Estado debe crear un Fondo Partidario Permanente, entre otras sugerencias que presentaron en mayo.

Cambiemos, en tanto, quiere imponer restricciones a los gastos de campaña y al financiamiento electoral. Propone que los partidos o alianzas no puedan recibir aportes anónimos, ni de entidades del Estado nacional, provincial o municipales, ni de sus órganos descentralizados. Tampoco de concesionarias de servicios públicos y obras públicas, o que exploten juegos de azar. Finalmente, plantea que los gastos que se destinen para la campaña no podrán superar el valor de un litro de nafta súper por elector habilitado en la elección de que se tratare.

En el orden nacional, el financiamiento de las agrupaciones es regulado por la Ley 26.215 de 2006. Esta legislación permite a la Cámara Nacional Electoral practicar un seguimiento de “la ruta del dinero” y establecer topes para los aportes. Además, la Nación propicia ahora una nueva reforma a esa normativa, a partir de las denuncias por aportantes truchos a la campaña de 2017 del macrismo en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que ingresó el viernes al Congreso con la firma del presidente, Mauricio Macri, plantea la total bancarización del sistema electoral:

• Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.

• Habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido.

• Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.

• Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, Procelac y AFIP, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.

• Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.