Les prometieron construir cinco casas y levantaron el acampe

Las trabas burocráticas que impedían a una cooperativa de trabajo empezar las obras habitacionales para sus asociados llevaron a unas 30 personas a acampar por cuatro días frente a la sede del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Ayer, tras recibir una propuesta para resolver el conflicto por parte de las autoridades, los manifestantes cargaron las carpas, los colchones y las garrafas y se marcharon.

Los integrantes de la cooperativa “Movimiento Independiente Justicia y Dignidad” (MIJD, que a nivel nacional encabeza el dirigente Raúl Castells) aceptaron la alternativa acercada por la interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, de comenzar a construir cinco de las 50 unidades sociales que, según los manifestantes, tienen garantizado el financiamiento de la Nación.

Al quedar en condiciones de dar el puntapié inicial en las obras, los miembros del MIJD se retiraron.

La referente de la cooperativa, Marcela Sosa, le explicó a LA GACETA que contaban con los recursos federales desde hace casi tres años, pero debido a cuestiones administrativas con las que se toparon en entidades bancarias y en organismos estatales aún no pudieron comenzar a edificar.

“Nosotros integramos una cooperativa de construcción de viviendas (de alcance nacional). En Chaco, por ejemplo, ya hicimos 800. (Los fondos para) la mano de obra vienen por medio de Nación. Se hacen los convenios, se depositan (los recursos) a la cooperativa y nosotros hacemos las viviendas. O sea que los ‘compañeros’ trabajan y son los beneficiarios”, señaló Sosa. A su alrededor -ante un anafe en el que calentaron agua para mate y cocinaron a diario con lo que colaboraban los peatones-, los demás manifestantes iban anunciando su lugar de procedencia: Capital, Alberdi, La Cocha, Concepción, Tafí Viejo y Tafí del Valle.

Según Sosa, desde el año pasado están disponibles los fondos para iniciar 32 de las viviendas. Incluso, explicó con unas carpetas en mano, ya están definidos los destinatarios de cada propiedad y el costo de cada proyecto. “El problema fue que, por no tener una cuenta bancaria, estábamos impedidos de recibir la plata. No nos querían abrir las cuentas porque no aceptaban a Castells y el convenio ‘cayó’. Entonces (el Gobierno de) la Nación se comunicó con (las autoridades del IPV), para que ellos reciban (los fondos). Pero la dirección técnica y la mano de obra sigue estando a cargo de nosotros. El acuerdo es que el Gobierno nacional da el 70% y ellos (el Ipvdu), el 30%, por lo que hay que pagar mensualmente hasta que se devuelva. Por eso, cuando la gente pasa por acá y nos insulta, explicamos que venimos a reclamar por lo que es nuestro, no venimos a pedir que nos den nada”, detalló la dirigente.

Sosa aclaró que el financiamiento “está asegurado”, pero que ahora están demorados con la tramitación del proyecto de obra porque se consignaron erróneamente algunos datos técnicos. “Hace tres meses vino la gente de la Nación, hizo otra vez los relevamientos y se acordó que íbamos a poder empezar a trabajar. Pero está todo paralizado. La decisión que tomamos fue no irnos de acá hasta que tuviéramos un compromiso expreso de las autoridades”, señaló la dirigente del MIJD. Ayer, cerca de las 18, llegó la respuesta favorable. Al asegurarse el inicio de las obras, firmaron un acta con las autoridades del Instituto de la Vivienda y se marcharon. De esta forma, Castells -que se encuentra en Formosa, llevando a cabo una huelga de hambre también por conflictos habitacionales- no tendrá que venir a Tucumán a participar del acampe.