El Tucumán de los acomodos

Los privilegios de los poderosos del Estado son cada vez más evidentes. De la Justicia Federal al Ministerio del Interior tucumano, y viceversa. De los Tribunales provinciales al Instituto de la Vivienda y viceversa. De cualquier poder del Estado a la Legislatura y viceversa. Ni el Congreso de la Nación escapa al trueque.

Quienes ostentan algún lugar de poder hacen uso y abuso de un nepotismo que se disimula tras la burocracia, pero que crece sin pausa. Solo en el Poder Legislativo habría que utilizar todos los dedos de las manos de los jugadores de todos los equipos que participaron del Mundial para contar a los empleados ocultos, esos que si no extraen dinero una vez al mes del cajero pierden el “ñoqui”. Son familiares y amigos de los amigos de los legisladores que reciben un sueldo porque sí. “Capaz hay que sumar los dedos de los pies también”, añade con ironía una fuente palaciega respecto de la cantidad de pseudos empleados legislativos.

Es en ese poder donde comienza -o termina- el último escándalo de nepotismo y presuntos favores políticos, a partir de la publicidad de una resolución mediante la que se designó a una de las hijas de Osvaldo Jaldo en la Junta Electoral provincial. Allí se detalla que entró a la planta permanente con el cargo de prosecretaria “C”, puesto retribuido con un sueldo básico de $ 51.000. Lo escandaloso no es sólo que se haya nombrado en un puesto estatal de fuste, sin concurso, a la hija del vicegobernador. Sino que se lo hizo en el órgano que su padre integra, que vela en las elecciones de la que su progenitor participa y- lo más grave- se conoció luego de que dos legisladores tuvieran que acudir a la Justicia para que la Junta Electoral hiciera público algo que debería serlo: su nómina de empleados.

Gracias a la solicitud de José Canelada y Estela Estofán también se supo que, en 2010, en el mismo organismo designaron a Lourdes Goane, hija del vocal decano de la Corte René Mario Goane, y que en 2014 ingresó Juan Pablo Estofán, hijo del vocal Antonio Estofán y presidente de la Junta hasta el año anterior. ¿Será por eso que no se quería informar quiénes eran los empleados de la Junta?

Es grave que un organismo público no difunda sus actos, pero ya es inaudito que no informe quiénes son sus empleados. Pasa en la Legislatura, en la Justicia y en organismos estatales diversos. Hasta se busca demorar o camuflar los decretos con nombramientos en el Boletín Oficial. Prácticas vergonzosas que generan dudas y no certezas del Estado.

¿Otra olla sin tapa?

La noticia sobre el fin de la privatización de los registros automotores erizó la piel de varios popes de antaño y de actuales. Muchos son hijos de los obsequios del menemismo para la casta política: nacieron allí, se reprodujeron en el nuevo milenio y ahora parecen destinados a morir. Ex parlamentarios nacionales, ex gobernadores y ex funcionarios gozan de esa “máquina de hacer chorizos”. Eso son los registros. Lugares en los que se complican y encarecen los trámites para radicar vehículos, con la única finalidad de que un puñado de ahijados del poder recaude millones por mes.

Un registro pequeño de Tucumán, por ejemplo, factura un promedio de $ 3 millones mensuales. De allí, gasta unos $ 500.000 en documentos oficiales (títulos, cédulas y formularios) y otros $ 500.000 en personal y funcionamiento. La ganancia: $ 2 millones.

Según la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, en nuestra provincia hay 21 dependencias, que están a cargo de: Manuel Alfredo López, Augusto Reyes Ponce de León, José Isaías Uriburu Padilla, Viviana Perczyk, María Celia Cerezo de Chehín, Luis Alberto Fernández, Francisco Raúl Prado, Raúl Arturo Jiménez Iguacel, Esteban Daniel Osatinsky, María Elvira Farall de Di Lella, Augusto Pío Tacconi, Gloria María Araujo, Silvia Patricia Menéndez, Lía Dolores Agüero de Moreno, Hortensia Carmona de Delgado y Héctor Antonio Colombres (Ponce de León, Iguacel, Laks y Araujo repiten nombres en el registro oficial porque poseen competencia en autos y en motos). Casualmente, en el listado hay esposas de ex parlamentarios nacionales, hijos de ex jueces, ex asesores de actuales diputados y amigos cercanos de ex funcionarios. También casualmente se intervinieron -y cambiaron de manos- tres registros durante el gobierno de José Alperovich y un par en lo que va de la gestión de Mauricio Macri. Antes y ahora los cambios habrían respondido a pedidos de unos y otros ante el Ministerio de Justicia de la Nación, el encargado de administrar y recaudar unos $ 15.000 millones al año de los registros de todo el país.

En esto como en aquello, muchos conocen las vinculaciones, los nombres y los nombramientos de parientes y conocidos en hasta el más insospechado entecito estatal. Sin concurso y sin ninguna otra explicación que la de la arbitraria lapicera de los barones del Estado.