El pacto judicial por “Odebrecht” abre expectativas

La Justicia Federal argentina podría usar en sus investigaciones la información de las delaciones compensadas (arrepentidos) de Brasil por la operación Lava Jato, como en los diversos casos relacionados a la firma Odebrecht, dijo la Procuraduría General de Brasil tras el cierre de un acuerdo.

Las bases fueron firmadas entre las fiscalías de ambos países y permite que los tribunales argentinos acepten la información del caso Lava Jato en Brasil, una trama de corrupción que involucró a empresas y políticos de la mayor economía de América Latina.

Según el ministerio público brasileño, las expectativas son que con las informaciones y pruebas que aporte Brasil “sea posible, por primera vez (en Argentina), acusar a exfuncionarios involucrados en irregularidades”. En la práctica, eso significa que los fiscales argentinos podrán acceder a todo lo que confesaron Marcelo Odebrecht y algunos de sus principales lugartenientes, como Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria, sobre las coimas por al menos US$ 59 millones que los brasileños habrían pagado en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender gasoductos o construir una planta potabilizadora de agua para AySA.

El acuerdo que le permitiría a la Justicia argentina acceder a las evidencias que hay en Brasil sobre las supuestas coimas que Odebrecht pagó a funcionarios locales durante la última década podría tener un coletazo en Córdoba, según difundió ayer el diario La Nación. Es que en la causa Lava Jato se menciona a los gasoductos troncales que se licitaron durante la administración de José Manuel de la Sota, aunque finalmente comenzaron a ejecutarse -después de un nuevo concurso- en la gestión de Juan Schiaretti.

Hace un mes el fiscal General, Alejandro Moyano, pidió que Cancillería firme el acuerdo propuesto por Brasil para acceder a las declaraciones y pruebas de Lava Jato. Para el funcionario el convenio es “legal”, pero como excede las facultades provinciales planteó que debe resolverse a nivel nacional.

El año pasado el ex fiscal Anticorrupción de Córdoba, Hugo Amayusco, libró un exhorto al juez Sergio Moro para que le girara información sobre las sospechas de que se pagaron sobornos a empresas brasileñas que en 2008 pelearon por la obra de los gasoductos; OAS y Andrade Gutiérrez aparecen en la lista confeccionada por el cambista Alberto Youssef -condenado por lavado de dinero- con supuestos pagos por US$ 36 millones. El pago se habría hecho dos meses después de que el gobierno de De la Sota licitara la obra y ganara la UTE integrada por Andrade Gutiérrez, Iecsa y Britos.

Aquel proceso quedó trunco porque en 2013 -en el marco del enfrentamiento de la Provincia con el kirchnerismo- la Nación no firmó las garantías y se cayó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes). Después Schiaretti relicitó la obra que está en ejecución; una de las contratistas es Odebrecht.