Nación y Provincia buscan soluciones para la familia que vive en una carpa

Sorpresa, dolor y enojo por la situación de extrema pobreza en la que viven algunas familias tucumanas fueron las reacciones que causó la historia de Dorila Josefa Gómez, la mujer que vive junto a sus tres hijos en una casilla de plásticos y maderas en un asentamiento de El Manantial. Durante todo el domingo fue una de las notas más leídas y comentadas de LA GACETA.com, y en el foro los lectores cargaron principalmente sobre los gobiernos nacional, provincial y municipal por permitir que familias como la de Dorila vivan en esas condiciones.

El caso de los Gómez trascendió primero en la escuela Kapeluz, donde asiste el hijo mayor, Manuel, debido a las reiteradas inasistencias del niño. Las autoridades de la escuela dispusieron una visita en el asentamiento donde viven Dorila, el niño y otros dos hermanitos menores. Las condiciones son de extrema pobreza, con luz y agua que les prestan los vecinos. Desde hace un año y medio que la mujer vive ahí mientras que su marido está preso.

El problema de Gómez se agravó porque le quitaron la Asignación Universal por Hijo porque no pudo presentar los papeles correspondientes. La mujer asegura que no dispone de dinero para ir a la sede de Anses a cumplimentar los trámites. Consultado por LA GACETA, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Gabriel Yedlin, cargó contra la gestión del Gobierno nacional, tanto por quitarle la Asignación como las supuestas escasas soluciones para los problemas habitacionales. “No se puede manejar todo desde un Excel”, dijo el funcionario, en referencia a la centralidad de Anses Buenos Aires en el manejo de las asignaciones sociales.

Ayuda nacional

“Armamos un operativo para ir a visitarla mañana (por hoy) e interiorizarnos del caso. Es muy poco lo que conocemos de ellos, por lo tanto sería poco serio adelantarse. Queremos ver en qué situación están y cómo podemos ayudar”, aseguró ayer en diálogo con este diario Isaías Ledesma, titular de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Según el funcionario, no son tan frecuentes los casos de extrema vulnerabilidad como los de esta mamá, que además de no tener vivienda ni servicios básicos, no accede a la asistencia del Estado. “Es una deuda histórica que tiene la provincia en materia habitacional. No es algo que se haya producido en los últimos dos años”, dijo.

En respuesta a los dichos de Yedlin, el funcionario replicó: “hace 14 años que gobierna el mismo equipo gobierno provincial, es llamativo que digan que la pobreza empezó hace dos años...”. Además, sostuvo que el presupuesto en el área social se incrementó en un 70% respecto de la gestión anterior.

El contexto

Tucumán cuenta con alrededor de 300 asentamientos irregulares, explicó Fernando Roger, director de Regulación Dominial y Hábitat. “Basta que se constituyan 14 casas precarias en un predio para que sea considerado una villa”, destacó. Las familias que viven en esas condiciones se encuentran con un doble problema respecto de la vivienda: uno, su propia pobreza y, el otro, la dificultad para acceder a una ayuda estatal para conseguir una casa.

“El terreno que ocupa Dorila Gómez tiene dueño. No podemos darle una prefabricada para que la ponga allí. Tendría que conseguirse aunque sea unos metros de tierra”, explicó Lorena Málaga, subsecretaria de Atención de Familias en Riesgo Social.

Los datos socioeconómicos no mejoran en los sectores más vulnerables de la provincia, y uno de los termómetros es la cantidad de comedores y merenderos que funcionan para alimentar a familias que viven en la pobreza. “Tenemos 70 merenderos, y 20 son nuevos. Atendemos a más de 5.000 niñas y niños porque se está incrementando la demanda por comida. En las últimas dos semanas abrimos cuatro comedores más, y tenemos cinco en total”, detalló Hugo Heredia, miembro del Frente Popular Darío Santillán, en un informe publicado por LA GACETA.

“Además del problema habitacional, hay un serio problema vincular”

El caso de Dorila Josefa Gómez es mucho más complejo que la profunda pobreza en la que vive junto a sus tres hijos, según evalúa Lorena Málaga, subsecretaria de Atención a Familias en Riesgo Social de la provincia, el organismo que visitó a la mujer de 32 años en el asentamiento. “Por un lado está el problema habitacional. Nosotros podemos conseguirle una casilla, pero el delegado comunal de El Manantial sostiene que no tiene terrenos fiscales para facilitarle; en esos casos, buscamos por el lado de la familia: una madre, un hermano, alguien que pueda cederle un pedacito de tierra para levantar la casa. Pero Dorila sostiene que no hay nadie en su familia que pueda recibirlos”, analizó la funcionaria. El segundo problema, aún más preocupante según la especialista, es el vincular: “incluso en la extrema pobreza, padres y madres procuran cierto orden para sus hijos, como llevarlos a la escuela y al CAPS para que controlen su salud. Este no es el caso y estamos indagando por qué, cuáles son los problemas vinculares de la familia, porque esos no se solucionan con ayudas estatales o con una casa nueva”, lamentó. Según Málaga, la mujer perdió la Asignación Universal porque no cumple con los mínimos requisitos, como los controles médicos y las vacunas de los chicos. “Eso es algo en lo que vamos a trabajar de inmediato”, prometió.

Evalúan regularizar el asentamiento

“Estamos estudiando la situación dominial del asentamiento, que es previo a avanzar con la regularización. Tenemos que ver si es factible”, adelantó Fernando Rogel, subsecretario de Regularización Dominial, en referencia al terreno de El Manantial donde vive Dorila Gómez.