Las mañas policiales

El juicio por el crimen de Paulina Lebbos está mostrando una radiografía de la Policía. Más allá del resultado del proceso oral -cuyo final se estirará hasta 2019, según parece- va a haber nuevas investigaciones, puesto que los jueces han enviado a fiscalías a revisar casos surgidos en las audiencias. ¿Habrá resultados? Con este tribunal, es muy probable. Dos de estos jueces intervinieron en el juicio de 2013 que terminó en condena a tres policías de Raco por falsificación de actas en el caso de Paulina Lebbos. Esos jueces ordenaron que se hiciera la investigación por encubrimiento contra cinco de los actuales acusados.

Además de lo que pueda surgir de las pesquisas que se están iniciando ahora, el caso Lebbos está poniendo bajo la luz pública la forma de trabajo policial, que tendrían que analizar tanto los funcionarios de Seguridad como la Justicia y la comisión legislativa que se ocupa de la emergencia en seguridad. No se sabe si lo harán, pero la Policía está siendo expuesta y con ella la forma de proteger a los tucumanos. En realidad, la falta de respeto a protocolos -en general, la falta de protocolos-; la mala capacitación de los agentes; la discrecionalidad de la tarea, sin control; las acciones que rozan la legalidad -cuando no se salen de lo legal- y la organización de actividades como el servicio adicional, que terminan desvirtuando el sistema, conforman un panorama precario, caótico e inquietante. La Policía de hace 12 años, cuando fue asesinada Paulina Lebbos, tiene más personal pero es la misma de siempre.

Caos en la escena del crimen

En los últimos dos meses fueron citados muchos policías a las audiencias y varios quedaron acusados por falso testimonio. Las actas falsificadas sobre el hallazgo del cuerpo, que dieron lugar a la condena en 2013 contra el jefe de la comisaría de Raco, Enrique García, y dos de sus subalternos, fueron la muestra de una serie de irregularidades. La escena del crimen no fue preservada; intervino la comisaría de Raco cuando en realidad debía actuar la sede policial de Tapia; hubo agentes, oficiales y comisarios que no debían haber intervenido, otros que debían actuar (como Criminalística Norte) y que fueron separados; y no se le avisó al entonces fiscal Alejandro Noguera. Además, varios de los que intervinieron negaron haberlo hecho o dieron informes diferentes. Raúl Lobo, jefe de Bomberos en 2006, negó haber ido a buscar el cuerpo, pese a que eso figuraba en el libro de Bomberos. Fernando Maruf, entonces jefe de Inteligencia (D2), negó haber filmado en el lugar del hecho pero él aparece con cámara en mano en la filmación de Daniel Díaz, que entonces estaba en Criminalística Norte. Y a la vez la filmación de Díaz fue hecha sin permiso de su entonces jefe, Fernando Vázquez Carranza, y sin que quedara registro. Díaz mostró ahora su filmación (la tuvo guardada 12 años) y esa irregularidad generó un revuelo en tribunales y en la Policía: él sigue siendo un oficial en actividad en Criminalística.

La obediencia a los jefes

Las actas fueron motivo de fuerte debate en el juicio. El condenado comisario de Raco, Enrique García, acusó a dos de los acusados hoy -el ex subjefe, Luis Nicolás Barrera, y el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito- de presionarlo para que se dijera que la Policía había hallado el cuerpo (borraron del documento a los baquianos Sergio y Marcelo Goitea, que fueron quienes avisaron a la Policía). “Yo estaba para cumplir órdenes”, dijo García. Su subalterno, Manuel Ezequiel Yapura -también condenado en 2013- dijo que tenía miedo. “Brito me decía que iba a ir en cana”. Este agente intervino en la falsificación del acta que daba cuenta de que Diego Sebastián Nieva, un remisero que tenía un Fiat Duna rojo, había pasado por Raco cuando fue la desaparición de Paulina. Eso no era cierto. Nieva dijo que fue “un pobre perejil” en esta causa. El único policía que dijo algo distinto a la obediencia debida fue el actual subjefe, Francisco Picón, que aseguró que “siempre me puse la camiseta de la Policía y no la de un jefe de turno”. Ante los jueces declaró que él, que en 2006 era oficial, avisó que “García está haciendo macanas” y explicó que “no sentí que me hayan dado ninguna importancia”. Es que le habían dicho que “eran directivas del doctor” (en aparente referencia a Eduardo di Lella, quien entonces era secretario de Seguridad, y hoy acusado de encubrimiento). No obstante, Picón reconoció que el acta que él hizo, que era diferente a la de García, también tenía algunos errores.

A propósito de la falta de protocolos, en 2014, cuando el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, asumió como jefe de los fiscales, dictó a funcionarios judiciales y a policías un instructivo de 15 páginas sobre pasos a seguir en casos criminales (homicidios, robos, asaltos, etcétera) y sobre cómo preservar la escena del delito. Pero no parece que se siga ese protocolo: la fiscala Adriana Giannoni dijo que los policías imputados en el asesinato de Facundo Ferreyra no cuidaron la escena del crimen y no avisaron a la fiscalía sino hasta una hora y media después. Y hasta ahora la Policía protege a los dos agentes acusados por el homicidio y les paga su defensor. ¿En qué cambiaron las cosas desde 2006?

Un detalle llamativo fue el caso de las filmaciones hechas por los policías. Una, la de Díaz, de Criminalística Norte, fue hecha “por izquierda”, con una cámara personal, sin que explicara por qué las había hecho. La otra, de Maruf, también era extraña. No explicó por qué había estado filmando y por negarlo quedó detenido. Los jueces le preguntaron cómo eran las prácticas de filmaciones en el D2. “Hacíamos filmaciones de actos públicos... siempre puede haber algún problema... es una cuestión práctica, para hacer prevención”, contestó. Con frecuencia, desde tiempos de la dictadura el D2 ha sido acusado de hacer seguimiento ideológico y político. La declaración de Maruf corrobora la forma de hacer esas prácticas.

El “informe fantasma”

En una de las recientes audiencias, un “informe fantasma” apareció en escena. Fue la investigación sobre el expediente de la causa Lebbos que el cuestionado fiscal Carlos Albaca (separado después de siete años de “enfriar” el caso) le pidió al equipo de la ex Brigada de Investigaciones. Cuando declaró el comisario Hugo Cabeza sobre esa investigación tardía quedaron flotando dos preguntas, que destacó Lebbos: 1) ¿por qué (y para qué) investigaron en 2013, si esos mismos expertos policiales ya habían estado interviniendo en el caso en 2006? 2) Qué va a pasar con este equipo, que ahora está trabajando en el cuerpo pericial del Ministerio Fiscal, si surgiera que no actuaron correctamente en el caso Lebbos? En el área de Edmundo Jiménez -quien también tiene que declarar en el juicio, ya que fue ministro de Gobierno en 2006- deberán replantearse este asunto.

También la Justicia y el Poder Ejecutivo deberán plantearse qué hacer con la falta de protección a testigos. Hace unos días el fiscal Carlos Sale reclamó que a cuatro meses de que se pidiera resguardar a las testigos Macarena Bordato y Magdalena Karina Cruz -que dieron lugar a la apertura de una nueva pista en el caso, en marzo pasado- no se las estaba protegiendo, ya que el Estado no les había dado alojamiento y medios de sustento (quedaron sin trabajo a causa del juicio). La responsable de Derechos Humanos, Erica Brunotto, trató de explicar ante los jueces que “la demora (de cuatro meses) tiene que ver con una cuestión administrativa”.

Inversamente proporcional

Finalmente, la citación a un testigo “por error” (no tiene nada que ver con el caso) dio lugar a que se mencionara el funcionamiento del servicio adicional de la Policía. Fue en la audiencia del 18 de junio, cuando compareció como testigo Luis Alberto Mansilla, ex jefe de la Patrulla Motorizada y de la Unidad Regional Norte. En 2006 estaba a cargo de la Dirección de Servicio Adicional, área que, según informó el Tribunal de Cuentas el año pasado, manejaba (en 2016) el ingreso, sin que se rindan cuentas a nadie, de $ 500.000 diarios, o $ 184,9 millones. Mansilla dijo que la dirección se ocupa sólo de empresas grandes -bancos, estaciones de servicio-. Los jueces le preguntaron cómo funcionaba eso y quedó flotando la falta de controles de un área que ocupa a miles de policías. Las cifras varían; se supone que unos 3.000 agentes de los 8.700 integrantes de la fuerza están cumpliendo servicios adicionales en sus horas de descanso. Y pasan agotados sus horas de trabajo. Hay que agregar que el servicio de vigilancia adicional es inversamente proporcional a la inseguridad. Pensado en 1970 como una salida para momentos de emergencia cuando no había suficientes policías, hoy forma parte de la tarea habitual: todos los negocios, pequeños y grandes, contratan este servicio. Cuanto más inseguridad hay en la calle, más polícías trabajan en vigilancia.

El legislador opositor Fernando Valdez dice que hay proyectos en la Cámara para cambiar esto y que el mismo ministro Claudio Maley prometió que enviaría una propuesta al respecto. Pero las reuniones en la comisión de emergencia en seguridad se han ido apagando y además “nunca se pudo conformar al grupo de trabajo de expertos que le den continuidad y volumen al trabajo de la comisión”, explicó Valdez.

La “obediencia debida” y la falta de protocolos muestran el modo clientelar de dar seguridad según directivas y caprichos de los jefes. Alberto Lebbos asevera que no se trata de caprichos sino de maniobras deliberadas de encubrimiento. “García es otro ladrillo en el muro de la impunidad”, dice. ¿Y las irregularidades que se cometen en la actualidad? La respuesta no está sólo en los funcionarios ni en la Justicia, sino en la sociedad que, a 12 años del asesinato de Paulina Lebbos, aún no ha podido digerir la forma en que se realiza el trabajo policial. Lebbos sostiene que todo empieza en la Escuela de Policía y se va consolidando en la misma incorporación de los nuevos agentes, que se ven obligados a “aprender las mañas de los viejos policías”.