“Tiene que haber una explicación para la dilación constante”

Canelada, único opositor presente en un comité especial, dijo que faltan datos para postergar la aplicación del nuevo proceso penal.

13 Jul 2018
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OPOSITOR. El legislador Canelada en la reunión de la comisión. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso

José María Canelada, legislador de la Unión Cívica Radical, comunicó que había pedido números e información precisos que avalen la decisión de postergar hasta 2021 la aplicación plena del Código Procesal Penal sancionado en 2016 (se informa por separado). “Tiene que haber una explicación para la dilación constante. El Poder Judicial se comprometió a proporcionar los datos y, si corresponde, apoyaré la revisión del plazo de febrero de 2019”, dijo ayer a LA GACETA al término de la reunión inaugural del comité para la implementación de la reforma. Canelada fue el único opositor presente en la sala de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

-¿Qué sacó en claro de este encuentro?

-Hay una voluntad de posponer una vez más la entrada en vigencia del nuevo Código, pero no se sabe bien por qué. Faltan detalles esenciales para entender la situación que no puedo pasar por alto. Además, creo que, más allá de que discutamos las postergaciones, tiene que existir voluntad política tangible que desmuestre la intención de que este cambio avance y se materialice en el futuro. Advierto que las palabras van por un lado y los gestos, por otro. Me parece, por ejemplo, sintomático que a esta altura el Gobierno no haya nombrado al ministro público de la Defensa.

-¿La comisión trató ese asunto?

-Propuse que hiciéramos una manifestación al respecto porque no puede haber un paradigma distinto si la defensa pública no se organiza en forma separada, pero no tuve eco. El ministro público fiscal (Edmundo) Jiménez bregó ayer todo el tiempo para que no adoptáramos decisiones con el argumento de que faltaban integrantes titulares.

-¿El resto del comité está de acuerdo con la postergación?

-Mi percepción es que sí. La Corte ya lo dio como hecho consumado. El abogado (Arnaldo) Ahumada dijo que teníamos que hacer otra ley que pospusiera la entrada en vigencia y en los otros miembros vi una aceptación tácita de la situación.

-La comisión especial que redactó el anteproyecto de Código sesionó en forma pública. ¿Por qué ustedes, que tienen que implementar un proceso con la máxima publicidad y transparencia, lo hicieron a puertas cerradas?

-También pedí que diésemos acceso a la prensa, pero tanto el vocal (Antonio) Estofán como Jiménez no lo consideraron oportuno. El abogado Ahumada coincidió con ellos. Se decidió, entonces, que haya una grabación y una versión taquigráfica, y que cada uno después haga los comentarios que considere oportunos. Entiendo que la funcionaria de prensa del Poder Judicial presente (María Marta Lobo) iba a distribuir un comunicado. Yo particularmente sostuve que no tenía nada que esconder y que en la Legislatura sesionábamos en presencia del público. Espero que podamos revisar este aspecto en la próxima reunión de la comisión (está prevista para el 25 de julio a las 10 en Concepción).

-¿Qué está faltando, según su criterio, para hacer realidad el nuevo proceso penal?

-Tenemos que trabajar en la faz normativa, en la capacitación y en la infraestructura. Por ejemplo, en la Legislatura debemos resolver cuál será el régimen de transición entre el Código Procesal Penal actual y el de 2016, además de modificar la forma en la que los jueces están organizados (N. de la R.: de juzgados y cámaras se pasará a colegios o bloques de magistrados, sin personal a cargo). La cuestión de la capacitación es central porque es necesario “resetear” las cabezas que durante años han incorporado formas de hacer las cosas que ya no van a existir más. Pero tampoco conocemos los alcances del entrenamiento que, con ese fin, puso en marcha la Corte.

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