La rebelión de los civiles

No todos son iguales ni todo da lo mismo en el Poder Judicial de Tucumán. Una corriente interna ha comenzado a diferenciarse de lo que considera el flanco débil de la institución: la Justicia penal. Para el sector cansado de que paguen justos por pecadores, el mayor deterioro de la organización campea en los órganos encargados de la investigación de los hechos delictivos. En la etapa del juicio oral, cuando el expediente se corporiza y adquiere publicidad, mejora la imagen de los Tribunales. Por eso el nodo neurálgico es qué llega a ser juzgado y cómo. El chasco de Miguel Ángel Brito absuelto por los desaguisados de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo da una medida de la falta de efectividad del sistema. Las pesquisas defectuosas contaminan hasta la faceta más transparente del proceso. Caen los pobres y débiles, y los poderosos salen indemnes. Se afianza la percepción de desigualdad ante la ley, ergo, aumenta la desconfianza en la Justicia.

La proyección de los fracasos y frustraciones del fuero penal hacia el conjunto de los Tribunales parece estar frente a un punto de inflexión. No es que exista una acción concertada para revertir los niveles de descrédito, pero sí iniciativas incipientes y aisladas que tiran hacia la reconciliación de la sociedad con su judicatura. La rebelión asoma en algunos reductos de la Justicia civil. Ese “levantamiento” viene con una paradoja: se apoya sobre la herramienta de la oralidad, hasta el presente patrimonio de la órbita encargada de aplicar el Código Penal. Si los planes se mantienen, en septiembre comenzarán las audiencias en los juicios civiles y comerciales de San Miguel de Tucumán y Concepción con el afán de ordenar y acortar la etapa tediosa del ofrecimiento y la producción de pruebas. Será un golpe doble: unos harán sin cambio de reglas lo que otros todavía no pueden hacer pese a que tienen un Código Procesal Penal nuevo desde 2016 y, encima, los primeros darán el salto usando la tecnología adquirida a los efectos del digesto mencionado.

Las comparaciones son ingratas. En 2012 la Corte intentó oralizar y transparentar la investigación penal preparatoria mediante una prueba en escala pequeña, pero los poderes políticos no quisieron saber nada. Se lanzaron en manada a plantear inconstitucionalidades, además de formular las consabidas dudas acerca de la falta de infraestructura. Y no ofrecieron salidas intermedias a una reforma legislativa integral. Seis años más tarde, la norma reformada existe, pero las dificultades para la persecución de la delincuencia se acentuaron. Y perduran los compartimentos oscuros y la escasez de recursos. Las víctimas reclaman reacciones, pero todo transcurre en cámara lenta. Lo prueba la comisión especial de implementación del Código de 2016, que recién empezó a funcionar… ayer. Al parecer, su primera medida será dar marcha atrás y postergar hasta 2021 la aplicación total de las reglas remodeladas. Como gusta decir un juez, el fuero penal no tiene un problema jurídico sino humano.

La incorporación de la oralidad en la Justicia civil abre una competencia interna, por muy distinta que sea la naturaleza de los conflictos en pugna y, al abrirse, penetra un haz de luz en unos Tribunales que llevan años, si no décadas, sin poder o sin querer tramitar sus cuitas y deudas. Un príncipe del foro decía que no había que hacerse grandes ilusiones sobre los resultados de estas iniciativas ni tampoco dejar de celebrarlas. El movimiento es bienvenido per se, como posibilidad de lograr algo distinto. Y la oralidad trae oxígeno en un mundillo oprimido por los papeles y la mora, donde abundan las dudas respecto del uso que los jueces dan a sus privilegios, además del descontento por el déficit de rendición de cuentas. En esa coyuntura, nada luce más revolucionario que la idea antigua de un magistrado de cuerpo presente, que resuelve en el acto los planteos y diferencias, y da por su propia boca las explicaciones a las partes.

Otro polo civilista de experimentación de estrategias de acercamiento a la ciudadanía se erige en la Sala I de la Cámara de Familia y Sucesiones de la capital. Las evidencias están al canto: de ese estrado, específicamente de la vocalía de Hugo Rojas, surgió la propuesta de crear un servicio de revinculación para familias resquebrajadas por el conflicto. El proyecto supone que el Poder Judicial pondrá una casa para que los parientes distanciados puedan encontrarse en un espacio neutral, con la asistencia de profesionales. El objetivo es que chicos y adultos compartan comidas y las preparen en la cocina; que puedan ver una película juntos o jugar en el jardín. No son medidas pequeñas ni desdeñables para la paz social: la litigiosidad y el malestar en el fuero de familia llegaron hasta el extremo de dar pie a la instalación de una carpa de protesta al frente del Palacio. Los artífices de la tienda consiguieron que sus casos ingresaran en la veeduría de la Nación. A poco de observar se advierte que los Tribunales no están en general preparados para lidiar con disputas familiares agudas. El hogar judicial proyectado sería una forma de paliar crisis personales como las de los habitantes de la carpa: sólo falta que la Corte cierre el alquiler del inmueble escogido.

El mismo estrado de Rojas y de Graciela Valls de Romano Norri se puso en marcha para reactivar el Registro de Deudores Alimentarios, una ley vigente desde 2000 que no surte efectos por el desconocimiento general. Las gestiones comienzan a dar frutos: la Federación Económica de Tucumán, por ejemplo, anticipó que usará la base de datos diseñada para presionar a quienes incumplen la obligación de pasar alimentos. A estos programas hay que sumar la postura de otro juez civil, José Dantur, que en un panel de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán proclamó la necesidad de adoptar un código de ética para que su estamento recupere el prestigio extraviado. La tesitura todavía es minoritaria, a juzgar por los hechos y el silencio de la Asociación de Magistrados de Tucumán, pero suma a las tendencias diferenciadoras del fuero penal, y cuenta como pulsión desafiante a las sumisiones y resignaciones del orden establecido.