Aflora el mecanismo de domesticación

Se acabó el Mundial de Rusia y, acto seguido, afloraron con los trancos de Kylian Mbappé los malestares institucionales. El trono de la corrupción sigue vacante en Tucumán. No hay condenas a los funcionarios provinciales porque las denuncias de irregularidades en el manejo de la cosa pública no llegan a juicio oral -salvo que se trate de perejiles-. Y, cuando por milagro aparece un pez más rellenito en el banco de los acusados, el Poder Judicial dicta una absolución, como ocurrió este lunes en el caso de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Da la sensación de que lo de Miguel Ángel Brito fue una burbuja que se pinchó: figurita repetida en una Justicia que fabrica impunidad a raudales. Ante esto, un príncipe del foro se preguntaba sobre el impacto de la causa “DAU” en el nudo y desenlace del juicio del crimen de Paulina Lebbos. Al fin y al cabo, la investigación de ese homicidio estuvo a cargo de las mismas estructuras deficitarias y morosas, más allá del voluntarismo del fiscal Diego López Ávila.

Si no había pruebas para sancionar a Brito o si era inocente, entonces, la responsabilidad principal del fracaso sería de quien lo acusó: el Ministerio Público Fiscal que dirigieron Luis De Mitri hasta 2014 y, a partir de ese momento, Edmundo Jiménez. A menos que ese instituto logre convencer a la Corte Suprema de que las camaristas Alicia Freidenberg y María Elisa Molina se equivocaron al declarar la inocencia del imputado. ¿Lo hará? Si lo hiciera, mostraría el interés real de llegar hasta el fondo de las anomalías advertidas en la ejecución de la obra pública. Si no lo hiciese, consentirá lo hecho. La Provincia no fue querellante ni presentó una demanda civil contra el ex jefe de la DAU para intentar recuperar el patrimonio estatal presuntamente mal administrado, nadie tampoco puso el grito en el cielo por esas omisiones. Al advertir este vacío, el príncipe del foro ya mencionado sugirió que las malas pesquisas a larga se convierten en dolores de cabeza para la Corte. Una nueva absolución penal desafía al mismo cuerpo que revocó el fallo del expediente “Verón”, claro que en distinto contexto.

Trina de impotencia el sector de la sociedad persuadido de que sólo van a la cárcel los marginales adictos. Sin embargo, nadie puede sorprenderse del resultado del juicio de Brito a la luz de los antecedentes. En la mesa de café y en las redes sociales atacan a la Justicia sin matices, como si ella se hubiese integrado a sí misma y no fuese el resultado de las decisiones de los poderes políticos que, además, salen de la propia comunidad. La incapacidad de investigar y de condenar los abusos de las autoridades se corresponde con la resistencia a gestar órganos que desarrollen un control independiente y profesional. Ni pensar en expulsar a los fiscales y jueces que serían funcionales a la corrupción. No se trata de justificar a los Tribunales, sino de comprender el mecanismo.

El torrente jurídico de la magistratura circula por unas canaletas ramificadas hasta que las presionan y todo se derrama. Sus filtraciones se vuelven incontenibles. En ese sistema, los pedidos de destitución que llegan a la comisión de Juicio Político de la Legislatura se convierten en verdaderos torniquetes. El juez que responde a quien lo nombró nunca sufre por ese apretón y, por lo tanto, tiene inmunidad. Otro es el cantar para el que desafía los intereses creados y da señales de autonomía. Termina hundido en el torrente y perdido en aquellos canales. Los conocedores del procedimiento dicen que, en el medio, algunos guapos se ahogan y, encima, quedan debiendo favores. De nuevo los hechos corroboran las presunciones: al menos en los últimos 15 años, los jueces, fiscales y defensores oficiales más cuestionados por la ciudadanía nunca fueron tocados ni siquiera al pasar por los legisladores de la mayoría y navegan en paz. A sus propios pares tampoco les interesó sanar los desprestigios en sede judicial. El caso paradigmático podría ser el del ex fiscal Guillermo Herrera.

Hasta aquí el oficialismo no se ha animado a avanzar de frente contra un juez que, por alguna razón, le parezca molesto, pero amaga y amenaza, a veces no tan sutilmente. El martes, por ejemplo, desechó un pedido de destitución después de “darle largas” y de hacer varias gestiones para incidir sobre el magistrado acusado. No son diligencias encargadas a un cuatro de copas. En Tribunales se dice fehacientemente que la plana mayor anda detrás de estas “minucias”, preocupación que revela cuán importante es mantener la casa judicial en orden, sobre todo cuando el senador contador torea a sus ex delfines. Algunos jueces incluso facilitan los contactos y pactan reuniones con la ilusión de que ese diálogo frene las causas incómodas. “Quieren garantías”, explican con naturalidad. Otros hablan simplemente de que los encuentros sirven para “asegurar la gobernabilidad”. Esta es la realidad de Tucumán: la división de poderes parece un fantasma constitucional. En los hechos le toca una suerte semejante a la del voto electrónico.

El régimen de captación de la judicatura, sobre todo de la que interviene en la investigación de las causas penales más comprometedoras, parte de un desequilibrio descomunal. De un lado, la mayoría abrumadora y abroquelada, y la suma de los privilegios y de las botoneras. Del otro, una minoría que se percibe indefensa porque no siente que alguna fuerza política la respalde. Un espectador de esa contienda la definió con precisión: un perro salchicha contra un ovejero alemán. Al segundo le basta con mostrar sus colmillos para amedrentar. El primero sólo tiene su independencia y su credibilidad, pero por su cabeza pasa una película donde él hace el papel de idealista y de ingenuo, y la sociedad que tanto lo palmeaba al principio lo abandona en la batalla final. Hay que tener principios y convicción de acero para, de todos modos, desafiar a la bestia. Algunos podrán resistir e ingeniárselas para no sucumbir, pero si la Justicia no puede condenar la corrupción es porque, en la mayoría de los casos, funciona el mecanismo de domesticación.