La Provincia apela una sentencia que la condena a pagar $ 88 millones

La concesionaria de la Terminal de ómnibus le reclama al Estado una indemnización por daños y perjuicios. El Gobierno obtuvo un fallo favorable que la Corte rectificó. Luego, un tribunal atendió el planteo de la firma. Ahora, en revisión.

04 Jul 2018
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LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ (ARCHIVO)

La Provincia pleitea en los tribunales para evitar el pago de unos $ 88 millones a la empresa concesionaria de la terminal de ómnibus de la capital.

El derrotero de este litigio, iniciado en 2006, se encuentra en sus tramos finales: la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) dio vuelta un fallo desfavorable para Terminal del Tucumán SA en lo contencioso administrativo, y finalmente otra sala de ese mismo fuero condenó al Estado a pagarle una indemnización. La Fiscalía de Estado, sin embargo, impugnó la sentencia e interpuso un recurso de casación, que aún no fue resuelto.

En los tribunales, la Terminal promovió una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia. Exige la suma que surja del cálculo por los “toques de andén” no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados. Según la firma, el Estado estaba obligado a dictar las normas para el ingreso obligatorio de los ómnibus y a emplear todo su “potencial coercitivo para que ese ingreso sea efectivo en forma integral”.

Largo derrotero

En 2014, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso el rechazo de la demanda. “La Provincia, en el convenio firmado en el ‘94, renunció a su participación en la recaudación de las tasas o tarifas por toques de andén, pero no desamparó a la accionante en el cobro. Al contrario, la rodeó de normas que obligaban a las empresas de colectivos a ingresar a la Terminal y le confirió la posibilidad de actuar judicialmente para hacer efectiva esa obligación”, redactó el tribunal en aquel momento.

Ante una casación interpuesta por la demandante, el caso recayó en manos del alto tribunal, que esta vez, con los votos de René Mario Goane, Horacio Ricardo Castellanos y Alberto Martín Acosta, le dio la razón a la empresa y dispuso que se emitiera una nueva sentencia.

“De ninguna de las cláusulas contractuales y disposiciones reglamentarias que se invocan en el fallo atacado, surge que la Provincia de Tucumán haya delegado en la razón social actora el ejercicio del poder de policía, a los fines de que esta última pueda compeler a las concesionarias del servicio público de transporte de pasajeros, de corta, media y larga distancia, a cumplir con la normativa vigente relativa al ingreso obligatorio a la Terminal de ómnibus de todas las frecuencias oficiales programadas”, concluyó Goane en su voto, al que adhirieron Castellanos y Acosta.

Así fue que el expediente llegó a la Sala I en lo contencioso administrativo. Ya en 2017, este tribunal, compuesto por los camaristas civiles Augusto Ávila y Carlos Miguel Ibáñez, hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia a pagarle a la Terminal del Tucumán SA la suma reclamada, que abarca desde 1996 hasta 2010. Esa indemnización, luego de un recurso de aclaratoria solicitado por la propia Terminal, patrocinada por el abogado José Roberto Toledo, fue duplicado mediante la sentencia 953/2017. Así, quedó establecido en unos $ 88,3 millones, entre capital e intereses.

La Fiscalía de Estado, finalmente, interpuso un nuevo recurso de casación, que aún debe ser resuelto por la Corte Suprema. La Provincia aduce que, según el convenio de diciembre de 1994, el deber u obligación de ingreso a la terminal es reconocido en cabeza de las concesionarias de transporte público de pasajeros. Además, que el Estado dejó de percibir las tasas por “toque de andén”. En paralelo, la Fiscalía denunció penalmente al abogado Toledo, por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. El argumento es que el letrado fue funcionario del gobernador Ramón Ortega, gestión durante la que se firmó el convenio y a la vez es desde esa época apoderado de la concesionaria.

Toledo, consultado por LA GACETA, denunció que el Gobierno inició una campaña de desprestigio en su contra por “impotencia jurídica” y para “callar las voces disidentes”. “Resulta absurdo y torpe pretender darle significación alguna a hechos presuntamente ocurridos hace 24 años, máxime, cuando la versión que cuentan es falsa e inexistente, no solo porque no tuve ninguna participación en esos hechos sino porque se omite consignar que la concesión es de 1990 (anterior al gobierno de Ortega)”, afirmó el letrado. La Provincia, en tanto, amplió y ratificó la presentación en contra del abogado Toledo.

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