Pese a las dudas, coinciden en avanzar con el banco de tierras

La idea de Yerba Buena de crear un banco de tierras municipal ha disparado interrogantes. Muchos interrogantes. ¿A quiénes se les exigirá que donen lotes y qué cantidad? ¿Deben los gobiernos locales contener a los inversores más especuladores? ¿Acaso habrá un pequeño terreno junto a cada urbanización especial? ¿Puede significar una opción para el financiamiento de la infraestructura urbana? ¿Cuáles son las políticas de hábitat? Las preguntas -por ahora- parecen envueltas en perplejidad. Concejales y funcionarios dela “Ciudad Jardín” discuten cómo darle forma al designio.

En algo coinciden: en la aceptación con respecto a la idea. En principio, están de acuerdo con avanzar. La piedra fue puesta a rodar por los dos ediles peronistas de esa ciudad, Walter Aráoz y Héctor Aguirre. Los restantes ocho concejales estuvieron conformes, excepto el oficialista Javier Jantus, quien aportó correcciones con un dictamen propio.

Ahora, es el intendente, el radical Mariano Campero, quien debe pronunciarse. “Me parece acertado que haya una visión para los sectores vulnerables”, contesta, a primeras. Luego dice que la Municipalidad tiene que ser un actor dentro del mercado inmobiliario, para regular el valor de las propiedades. “Para un desarrollo sostenible, se necesitan tierras públicas en función de los emprendimientos privados”, añade el jefe municipal.

- Un argumento a favor de este proyecto es que se ha elevado el valor de los inmuebles de modo desproporcionado. Y que eso ha dejado gente afuera. ¿Está de acuerdo?

- Totalmente. En otros municipios se consiguen casas más baratas y con lotes más grandes. Aquí, han aumentado los precios y la demanda.

- Pero, ¿cómo imagina la implementación? ¿Será un sucesión de lotes desperdigados?

- No necesariamente. Supongamos que un terrateniente tenga que darle al municipio 500 metros cuadrados en la avenida Perón. Esas tierras podrían rematarse. Seguramente, será el mismo propietario quien las compre. Después, la Municipalidad podría adquirir otras parcelas. En París, por ejemplo, los grandes constructores deben dejarle al Estado una fracción para espacios públicos.

En concreto, el proyecto sancionado por el Concejo Deliberante consiste en la creación de un banco de tierras, para destinarlo a viviendas para familias de recursos medios y bajos. Pero a juzgar por las expresiones de Campero, es probable que se discuta sobre si ese banco puede servir, además, para la apertura de espacios públicos, como plazas y otros “pulmones”.

En el artículo segundo de la ordenanza, se especifica que el banco estará conformado por los lotes y fracciones que actualmente integran el patrimonio municipal. En el párrafo siguiente, se establece -puntualmente- que quienes vayan a desarrollar algún emprendimiento urbano de más de 2.500 metros cuadrados -como un countrie, barrio cerrado o galería comercial- deban aportar el 10 % de su superficie total. Asimismo, podrían entregar el equivalente en dinero o en un suelo urbanizable en otro sector del municipio.

Ese punto también ha sido observado por Campero: “tal vez 2.500 metros sea una superficie chica para pedir un 10 %. Quizás, el número debería estar por encima de los 5.000 metros cuadrados”. Una de las objeciones de Jantus -de hecho- tiene que ver con ese porcentaje. En su dictamen, pidió que quienes deban efectuar donaciones sean aquellos que construyan más de 10.000 metros cuadrados y que se sustituya el 10 % por un 5 %. Por ahora, las discusiones sobre el porcentaje que se donará son conjeturas, porque la propuesta no ha ingresado formalmente a la Municipalidad. No obstante, es de prever que en ese punto radicará el debate.

Ni demagogia ni circo

A la hora de argumentar su proyecto, Aráoz y Aguirre escribieron que los gobernantes son responsables de diagramar una ciudad inclusiva y de generar una conciencia de responsabilidad social empresaria. En vez -consignaron-, en los últimos años explotaron los shoppings, las galerías comerciales, los clubes de campo y los countries. Eso provocó un encarecimiento de los terrenos. En consecuencia, hijos y nietos de vecinos originarios están siendo expulsados, porque no pueden acceder a una propiedad.

“Antes de impulsar esto, yo hablé con Campero. Le dije que no quería hacer demagogia ni circo. Tampoco generarle expectativas a la gente. Porque aunque no se crea, en Yerba Buena hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda. Me contestó que estaba de acuerdo. Y que tal vez deba introducir vetos parciales”, cuenta Aráoz.

En Tucumán no hay datos de otros bancos de tierras municipales que se encuentren operativos. Las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, por ejemplo, sí cuentan con antecedentes.