Operativo antiKubrick: ojos bien abiertos

La administración del Estado no debería permanecer ajena al control y al conocimiento ciudadano; sin embargo hoy se percibe el manejo de la cosa pública como de propiedad de una gran sociedad secreta, una sociedad gobernada por hombres que prefieren mantener ese statu quo, ya que entre los intersticios que deja el funcionamiento de los organismos estatales se filtran corruptelas, esos deslices tipificados judicialmente de diferentes maneras según la magnitud del delito; si se descubre, claro. Una sociedad secreta era, por ejemplo, la que desnudaba Stanley Kubrick en la última película que dirigió, “Ojos bien cerrados” (1999), una organización que perseguía o eliminaba a quienes la descubrían, o a los que trataban de incorporarse a ella sin pertenecer a esa elite privilegiada. Muy lejos estaba el cineasta de plantear las dificultades que existen para acceder a la información estatal -lo simbólico de este trabajo artístico iba por otro lado-, pero el título de su obra bien puede pintar el deseo que anida en ese grupo social que administra el Estado: que los ojos de los ciudadanos permanezcan bien cerrados. O que si están abiertos no estén lo suficientemente advertidos y no tengan la posibilidad ni los medios de visualizar y saber cómo se administran y ejecutan los recursos públicos. Es lo que sucede en la Provincia, donde no existe una oficina a la que se pueda recurrir para pedir datos sobre cómo y en qué se gastan los dineros del Estado. La sociedad secreta no la instituye, no la imagina, no la quiere o bien se limita a abrir algunas pequeñas y engañosas ventanitas.

Se prefiere ocultar

Es que al Poder Ejecutivo no le interesa avanzar en un proceso de transparencia de la gestión, por lo menos durante este mandato, y tanto es así que ni siquiera presentó un proyecto de ley que facilite el acceso ciudadano a la información del Estado, ni tampoco adhirió a la normativa nacional 27.275 (Derecho al Acceso a la Información Pública, o también conocida como la ley de la transparencia). Desde la Casa de Gobierno no se redactó ni una línea de propuesta al respecto, aunque más no sea para disimular la incomodidad que le representa avanzar en ese sentido. Se mira para otro lado cuando las facilidades tecnológicas para trasmitir esa información se multiplican. Entonces, si no se quiere ir por ese lado, como lo hizo el Gobierno nacional, es porque habría cosas que se prefieren ocultar, o por lo menos que se sigan siendo desconocidas para la mayoría, y eso dice mucho sobre los funcionarios públicos.

Aun menos parece preocuparle el tema al bloque oficialista del Poder Legislativo, pese a los numerosos proyectos presentados sobre el tema en la Cámara. Sigue la línea del Ejecutivo. Es lo que pícaramente puso en evidencia la semana que pasó el legislador José María Canelada (UCR). Digamos, ya que el Mundial de Fútbol está de por medio, que dejó a sus adversarios en evidente off side. Al quedar el radical como autoridad principal de la comisión de Asuntos Constitucionales -en ausencia de su presidente, Marcelo Caponio (PJ)-, citó a reunión para debatir sobre las iniciativas referidas al acceso a la información pública. El vicepresidente no obtuvo quórum, como era de prever, ni lo obtendrá por más que se anime a realizar una nueva travesura institucional -que tal vez ocurra hasta antes del 8 de julio, día del regreso del peronista- para resaltar aún más que en el oficialismo no hay voluntad de profundizar esta cuestión. Además, ausentarse a un plenario de comisión no acarrea sanciones internas. La transparencia que permitiría que los ciudadanos accedan a saber cómo se gestiona el Estado no está por ahora en la agenda de los representantes del Gobierno. Se podría decir que el dirigente de Radicales en Acción se salió mínimamente con la suya. También hay que señalar que el oficialismo obró calculadamente en bloque y que así seguirá sucediendo porque maneja los números y es mayoría en la Cámara. Puede mirar lo que quiera y cerrar los ojos a lo que no quiera. Este tema no lo desvela, por lo menos en esta administración. El control seguirá siendo “interno”, el de los ciudadanos puede esperar.

Por ahora el interés primordial del Gobierno en materia de reforma política pasa por el sistema electoral a implementarse en 2019; le importa más cómo votará la gente, no tanto cómo se enterará esa misma gente sobre lo que hace y cómo se administran en el Estado los recursos públicos. A ese acceso, lo cierra. Prioridades son prioridades. De cualquier forma, hubo gestos mínimos; cabe señalar que en 2016 el Ejecutivo adoptó algunas medidas para transparentar la acción estatal, especialmente desde el Boletín Oficial, donde se acabaron los “decretos sintetizados” de cuatro líneas -ahora salen completos- y las “misiones oficiales” sin mayores detalles sobre el sentido de los viajes, aunque todavía siguen produciéndose misiones oficiales sin que se explique en qué consisten. Se oculta, o se desvía la mirada. Este “blanqueo” informativo ocurrió después de que se conociera que un decreto del 29 de octubre de 2015 permaneció guardado en un cajón de la Secretaría General de la Gobernación casi un año, el 41/1, que designaba asesor con rango de ministro al ex gobernador José Alperovich, y que se publicara en el BO luego que LA GACETA revelara ese ocultamiento. ¿Por qué el ocultamiento? Se obraba como una sociedad secreta. Pero hasta ahí la transparencia. No más.

No sirvió como disparador la ley que implementó el macrismo en 2016 -y que entrara en vigencia en octubre de 2017-, la 27.275; la norma no obró como un verdadero acicate -como se dijo- debido a que desde el PE no hubo ninguna reacción favorable en materia de proponer iniciativas similares. A lo sumo alguno que otro funcionario admitió que se podría apuntalar una de las propuestas presentadas por legisladores oficialistas, puntualmente la de Guillermo Gassenbauer (PJ), la que suscribieron otros nueve parlamentarios el 14 de octubre de 2016. En el mandato anterior de la Cámara (2011-2015) se habían elevado cinco proyectos promoviendo el acceso a la información pública. Ninguno prosperó, todos fueron archivados. Había deseos, no hubo ganas. En la actual gestión, entre 2016 y el corriente año, se presentaron nueve iniciativas en el Parlamento; siete corresponden a legisladores de la oposición y dos a los del oficialismo. Están ahí, quietas, dormidas. Canelada quiso hacer algo de ruido para que despertaran, pero más puede la anestesia oficialista.

Que haya tantas iniciativas en esta cuestión es interesante; implica que por lo menos preocupa, aunque a algunos con mayor pasión que a otros. Es un paso, nada más; todavía no han sido archivadas como las anteriores y eso ya es algo positivo. Significa que hay mucho por consensuar y trabajar. Sin embargo, la mayoría la tiene el peronismo; por lo tanto de esta fuerza depende que haya o no una mayor transparencia estatal y mayores facilidades para que los ciudadanos puedan exigirle al Estado un informe sobre lo que crea es de interés general y que merezca otra mirada más para un mejor control de la administración de la cosa pública.

Como detalle, de ese total de proyectos que están cajoneados en la Cámara, ocho iniciativas promueven la adhesión a la ley nacional 27.275; la de Gassenbauer es la única que no lo hace y que dispone la creación de una agencia local de acceso a la información pública bajo la órbita de la Secretaría de Gestión Pública. Cinco de esas propuestas ponen al Ministerio de Gobierno como autoridad de aplicación de la norma, uno en la Defensoría del Pueblo, otro en el Ejecutivo y uno más en Gestión Pública. Sobre esos nueve proyectos, que por supuesto permanecerán guardados hasta nuevo aviso, por más esfuerzo opositor por sacarlos a la luz, se pueden subrayar los siguientes fundamentos: Canelada recuerda que no existe normativa para acceder a información del Estado en la provincia; Enrique González (UCR) celebra la ley nacional y cuestiona al kirchnerismo; Nancy Bulacio (PJ) pide la adhesión porque no hay normativa en la provincia; Alberto Brodersen (PRO-A) sostiene que la información no le pertenece al Estado sino a la población; Gassenbauer propone crear una agencia de acceso informativo y como novedad sugiere implementar un Portal Web de Transparencia Institucional de Tucumán; Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) destaca que la nueva oficina traerá aparejada nuevas reformas institucionales; Claudio Viña (Nueva Fuerza) defiende el derecho de la ciudadanía a la información del Estado, Fernando Valdez (UCR) exige que se les aporte esta herramienta a los tucumanos y finalmente Canelada (en otro proyecto que firman 10 legisladores, más Brodersen) apunta a la inconstitucionalidad de no contar con una normativa al respecto. Algunos están en comisión y otros califican como entrados en sesión.

Intereses diferentes

Es decir, los parlamentarios de todas las bancadas se mostraron preocupados en la problemática, pero los intereses, necesidades y los tiempos de aplicación difieren entre el oficialismo y la oposición. El apuro de unos no necesariamente contagia al resto, por el contrario, la mayoría impone sus tiempos. Más tarde o más temprano, la provincia deberá contar con un ente que facilite el acceso de los ciudadanos a conocer los detalles de cómo se maneja el Estado; la tecnología hoy está al servicio de esta posibilidad, sólo es necesario un poco de voluntad, de menos oscurantismo, de menos sociedades de dirigentes que tienen el privilegio de administrar el Estado como les place. Con más ojos abiertos, los controles serán mejores y seguramente las corruptelas desaparecerán. Algo así como encarar una obra anti-Kubrick para facilitar la existencia de más controles: Ojos bien abiertos.