Un informe ignorado podría aportar claves en el caso Lebbos

Policías de Homicidios analizaron en 2013 el expediente del crimen.

28 Jun 2018
1

TESTIGO. El policía Hugo Rafael Cabezas confirmó que había realizado una evaluación de los procedimientos judiciales. la gaceta / FOTOs DE JORGE OLMOS SGROSSO

Las detenciones de policías por falso testimonio habían marcado en las últimas semanas el desarrollo del juicio por el crimen de Paulina Lebbos y las posteriores maniobras de encubrimiento. Ayer, en cambio, llamó mucho la atención el requerimiento de un informe judicial, que contendría un análisis de las pruebas y los procedimientos que se habían efectuado para hallar al autor del homicidio de la joven. Según la querella, este estudio podría reafirmar irregularidades.

En 2013, el fiscal de la causa, Carlos Albaca -a cargo de la investigación tras el desplazamiento de Alejandro Noguera- consignó a Hugo Rafael Cabezas, Miguel Gómez (eran entonces jefes de la división Homicidios) y César Agüero (es especialista en delitos telemáticos) para que evaluaran los elementos incluidos en el expediente del caso. Luego de ese trabajo, los oficiales de la Policía elaboraron un informe con un análisis de las actuaciones y con recomendaciones de posibles pasos nuevos, a partir de varias hipótesis del crimen.


El propio Cabezas, quien se presentó ayer ante el Tribunal como testigo, confirmó la elaboración de ese estudio por pedido de Albaca. “Hicimos un análisis de todo el expediente judicial, con 26 actuaciones, con rastrillajes y actuaciones complementarias”, enfatizó el comisario. Él es hoy referente, junto con Gómez, del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales de la Policía Judicial (ECIF), creado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Edmundo Jiménez

Cabezas enfatizó que Albaca, oportunamente, les había encomendado investigar los cruces telefónicos, entre ellos, la línea de celular de Paulina Lebbos. El actual miembro del ECIF contó ayer frente a Carlos Caramuti (presidente), Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, vocales de la Sala III en lo Penal, que habían presentado el documento “final” entre marzo y abril del mismo año. De acuerdo con su apreciación en la sala, se habían observado irregularidades y errores en los procedimientos.

En medio del debate oral, el propio Caramuti preguntó al representante del Ministerio Público Fiscal, a la querella y a los defensores de los imputados si sabían de la existencia de ese trabajo. Las partes, al menos la mayoría, respondieron que no conocían el estudio. Es más, Cabezas expresó que no podía confirmar si el documento había sido incluido en el expediente del caso, o no, o si se encontraba en manos de alguna dependencia judicial o policial. También remarcó que no tenía una copia impresa.

Ante esa situación, el Tribunal hizo lugar, al final de la audiencia, al pedido de requerir la presentación del informe de los tres miembros de la fuerza de seguridad provincial, con el fin de conocer el contenido.

“Vamos a pedir al testigo que ponga a disposición de manera inmediata su computadora portátil, donde estaría el informe o algún archivo relacionado, para que se pueda hacer una impresión y, así, ponerla a disposición de las partes. Se incorporará al expediente (del juicio) para que cada una haga sus valoraciones”, dijo Caramuti.

El Tribunal también hizo lugar a un pedido de la querella: se solicitará a Gómez que suministre, por su parte, un posible archivo del mismo estudio.

La querella

“Un fiscal como Albaca, acusado de encubrimiento y otros delitos, después de siete años pidió a la División Homicidios que haga un análisis de un expediente que no había tenido ningún tipo de movimiento hasta ese momento. El mismo fiscal se dedicó a mandar oficios con falsas numeraciones de IMEI de teléfonos que debía investigar, o no realizó las pericias técnicas necesarias en la causa y en el tiempo útil para el esclarecimiento de los hechos”, enfatizó el representante de la familia Lebbos, Emilio Mrad (foto).


El letrado pidió el informe, según afirmó, porque tiene entendido que “Cabezas, Gómez y el resto del equipo no estudiaron los oficios que se emitieron con los IMEI del imputado Roberto Luis Gómez, que iban con numeraciones que no correspondían”. “Tuvo que venir un nuevo fiscal, Diego López Ávila, mandó un oficio con las numeraciones que correspondían y logró, después de muchos años, dar con el presunto autor del crimen de Paulina, Gómez”, añadió.

El IMEI o Identidad Internacional de Equipo Móvil, es un código pregrabado por el fabricante del teléfono celular.

Comentarios