09 Junio 2018
Disconforme con la respuesta que recibió de parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Carolina Ballesteros, defensora oficial en lo Penal de Concepción y concursante experimentada, exigió al órgano que diga si las irregularidades que advirtió en un concurso se encuadran en la Convención Interamericana contra la Corrupción y, en caso positivo, proceda a remitir las actuaciones al fiscal de turno. El planteo está referido al proceso de preselección del juez de Instrucción en lo Penal N°5 de San Miguel de Tucumán, y cuestiona el proceder del jurado integrado por el abogado Sergio Faiad, el académico foráneo Ricardo Miguel Fessia y la camarista María Alejandra Balcázar.
Ballesteros, que ocupa el segundo lugar en el orden de mérito provisorio en el proceso de preselección de juez, dijo a Antonio Estofán, presidente del CAM, que el órgano se había limitado a rechazar con argumentos formales la impugnación que había presentado a comienzos de mayo para solicitar la nulidad del concurso. En ese primer planteo, la funcionaria cuestionó a los evaluadores por la calificación que habían dado a la prueba del postulante que encabeza el ranking, Agustín Puppio, que es empleado en la Justicia Federal (el funcionario judicial Pedro Gallo, a quien el gobernador Juan Manzur designó este lunes fiscal de Instrucción en lo Penal de la capital, ocupa el tercer puesto). Según Ballesteros, el dictamen del jurado carecía de fundamentos y de motivación, y, por eso, el concurso debía empezar de nuevo. La impugnante pidió la exclusión de los jurados en el futuro “por su actuación poco clara y transparente”.
El Consejo desestimó el planteo esgrimiendo que el artículo 43 del Reglamento Interno no permite la impugnación de la prueba de oposición de otro concursante (sólo se puede cuestionar la propia calificación) y que todos los postulantes aceptan esas reglas al participar en los procesos de preselección de jueces. Pero Ballesteros no se quedó tranquila y esta semana reclamó a Estofán una contestación sobre los aspectos sustanciales o de fondo de su presentación. “Los consejeros no se expidieron sobre los hechos allí denunciados, que podrían presuntamente encuadrar en las previsiones de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, dijo.
La defensora oficial afirmó que en el ámbito de la Convención se había determinado como esencial para cualquier programa de prevención y fiscalización de la corrupción la existencia de una Justicia penal independiente, eficaz y equitativa. “Ahora bien, ¿puede considerarse independiente una Justicia penal que sea el producto de un proceso de selección de magistrados que se desarrolle en el contexto del ofrecimiento y receptación de deudas y favores?”, interrogó.
Ballesteros informó al CAM que la situación la llevaba a considerar en un futuro la eventual renuncia al concurso: “considero que este está rodeado de oscuridades y prebendas hacia el concursante que fue groseramente beneficiado, y de la concursante (Carmen Rosa López) respecto de la cual la jurado Balcázar debió inhibirse por ser una funcionaria que se desempeña como relatora en su sala penal. Si renuncio, le hacemos más fácil el camino a Balcázar para poder ubicar a su relatora en una posición dentro de la terna”.
Ballesteros consideró que el CAM estaba obligado, como parte del Estado argentino y en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción, a pronunciarse expresamente acerca de si la conducta denunciada de los jurados relativas a la supuesta violación de las reglas del doble anonimato; al posible beneficio desmedido en la calificación de Puppio y a la omisión de excusación de Balcázar se adecuaban o no a las previsiones del instrumento internacional mencionado. “Si advierte que sí, debe, en consecuencia, remitir las actuaciones a la fiscalía que corresponda para la investigación del delito que pudiera surgir”, manifestó la concursante.
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