Odebrecht reclama a la Nación una deuda de $ 1.500 millones

Odebrecht reclama a la Nación una deuda de $ 1.500 millones

La empresa, investigada por sobornos, reclama pagos adeudados por un gasoducto

AMPLIACIÓN. La obra del gasoducto para el NOA y el NEA se ejecutó entre 2006 y 2008, en pleno kirchnerismo, y fue objetada en la Justicia. AMPLIACIÓN. La obra del gasoducto para el NOA y el NEA se ejecutó entre 2006 y 2008, en pleno kirchnerismo, y fue objetada en la Justicia.
09 Junio 2018

BUENOS AIRES.- El fiscal federal Federico Delgado se expresó a favor de una presentación realizada por la Oficina Anticorrupción (OA) para impedir que la empresa multinacional brasileña Odebrecht cobre los $ 1.500 millones que reclama por una obra cuestionada en la Justicia.

“La fiscalía entiende que vuestra señoría debería hacer lugar a la medida cautelar propuesta por la OA”, sostuvo Delgado en el dictamen que presentó ante el juez federal Sebastián Casanello.

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La OA, junto con el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro habían presentado el miércoles una medida cautelar con el objetivo de impedir reclamos económicos por parte de la multinacional brasileña, que está siendo investigada por la justicia argentina. La presentación de la OA se produjo luego de que la constructora Odebrecht reclamara el pago de más de $ 450 millones y 45 millones de dólares ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El planteo de la constructora estuvo basado en el contrato firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008.

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Al apoyar la cautelar de la Oficina Anticorrupción, Delgado sostuvo: “Entendemos que el criterio de la OA es acertado en tanto tiene como objetivo desarticular un reclamo dinerario de la multinacional brasileña por el supuesto incumplimiento del contrato aludido, celebrado en connivencia con funcionarios que actuaron ilegalmente”.

El representante del Ministerio Público recordó, además, que en el marco de la causa en la que se investiga ese contrato se encuentran procesados varios ex funcionarios públicos, como el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

En la justicia argentina existen, además, otras dos causas en curso en las que se investiga si la firma Odebrecht accedió a contratos de obra pública a través del pago de sobornos: una por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la otra por la construcción de plantas potabilizadoras para AySA.

Ayer, en tanto, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación cuestionó las denuncias contra el fiscal Delgado, a las que enmarcó en una “metodología amenazante” para “desacreditar el impulso de una acción en un proceso judicial determinado”, y advirtió sobre “el peligro de vulneración de principios republicanos”.

En este sentido, la asociación que nuclea a los fiscales sostuvo que sigue con “gran preocupación” la metodología “amenazante” de las denuncias que pesan sobre el fiscal Delgado, según un comunicado difundido hoy.

Delgado fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, imputado por supuesta violación de secreto en la causa que investigó muertes por consumo de droga sintética en la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero.

Las denuncias contra Delgado “aparecen, en principio, como una vía paralela para recurrir o desacreditar el impulso de una acción en un proceso judicial determinado”, se agregó en el comunicado firmado por el titular de la Asociación, el fiscal federal Carlos Rívolo.

“Los magistrados del Ministerio Público Fiscal están sometidos a un procedimiento legalmente reglado para cuestionar su desempeño; por lo que, utilizar vías impropias para retraer la acción penal, no hace otra cosa que poner en peligro su independencia de actuación consagrada en el artículo 120 de la Constitución Nacional y las leyes 24.946 y 27.148, afectando directamente al servicio de justicia y a los justiciables”, señalaron los fiscales. Se aseguró además que la postura es ajena “a cualquier expresión corporativa” pero que “es función de esta entidad alertar el peligro de vulneración de principios republicanos”. (Télam)

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