La represión a protestas causó ya 127 muertes en Nicaragua

La CIDH habla de una escalada de la violencia promovida por el gobierno de Ortega. El informe del organismo indica que hay un nuevo patrón represivo en el país. Francotiradores, torturas y hostigamiento

07 Jun 2018
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VIOLENCIA Y SAQUEOS. Los manifestantes cerraron el tránsito en varias rutas para evitar el avance de fuerzas del gobierno. Reuters

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al gobierno de Nicaragua, que encabeza Daniel Ortega, de promover “una escalada de violencia, con nuevas prácticas represivas”, que ha dejado 127 muertos y más de 1.200 heridos desde abril.

El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, presentó en Washington un adelanto del informe de la visita que realizó el organismo de la Organización de Estados Americanos y que dará a conocer en los próximos días. “Nos parece que hay un nuevo patrón de represión instalado en el país”, afirmó.

Recordó que una misión de la CIDH que él encabezó junto a la chilena Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, había contabilizado 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos entre el 18 de abril y el 20 de mayo.

Dijo que 15 días más tarde se confirman 51 muertes más, que elevan la cifra de fallecidos a 127, además de 1.200 heridos.

Muchas personas fueron heridas por disparos de francotiradores y la mayoría sufrió impactos de bala en la cabeza, ojos, cuello y tórax, destacó el titular de la CIDH. Agregó que esta situación aún prevalece en el país.

Dijo que la comisión fue informada sobre maltrato en cárceles, aislamiento de prisionefallas en informes de autopsias y negación de atención, en hospitales públicos, a manifestantes heridos, lo que constituye una violación del derecho a la salud.

Añadió que recibieron denuncias de un posible ataque aéreo a civiles con pesticidas en Masaya, cerca de la capital; de funcionarios públicos obligados a participar en marchas del gobierno y de personas que han pasado a la clandestinidad para preservar sus vidas, además de amenazas a periodistas y ataques a medios de comunicación. “Hay un ambiente de hostigamiento y amenazas instalado en el país. Un ambiente de intimidación (con) impacto psicológico y físico sobre la población civil de Nicaragua”, advirtió Abrao.

Reveló que la Comisión dictó medidas cautelares (pedido de protección del Estado) para el sacerdote Edwin Román, párroco del barrio San Miguel de Masaya, y para Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ambos amenazados de muerte.

Entre otros sucesos recientes, mencionó el ataque de fuerzas de choque y francotiradores contra una manifestación pacífica encabezada por mujeres el 30 de mayo en Managua, así como ataques a civiles en el interior del país, que dejaron 15 muertos y decenas de heridos.

Confirmó que la CIDH trabaja en la formación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los sucesos de violencia, procurar la sanción de los responsables y construir un plan de atención a las víctimas.

Entre los que denunciaron persecución ideológica está el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) de Nicaragua, que ayer rechazó las acusaciones de la policía en contra de su director, Félix Maradiaga, señalado como el “cabecilla de una red criminal” que dirige las protestas contra el gobierno de Ortega.

El equipo del Ieepp calificó la acusación contra el académico como “antojadiza, infundada y arbitraria”, y señaló que busca atemorizar a la comunidad científica y académica del país.

La policía presentó a Madariaga como miembro de una “peligrosa banda delincuencial” dedicada a “sembrar el terror, asesinatos, robos con fuerza, robo de vehículos, saqueos de tiendas, terrorismo y otros delitos”. (DPA-Reuters)

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