La oposición reactiva el debate electoral

El debate sobre la reforma política y electoral en la provincia recobrará impulso hoy, cuando ingrese a la Legislatura el paquete de modificaciones que elaboró el macrismo tucumano. El compendio abarca desde cambios en el sistema de votación hasta en el diseño institucional de la provincia.

Luego de los convulsionados comicios de 2015, cuyos resultados debieron ser validados finalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobernador Juan Manzur impulsó el ciclo Tucumán Dialoga, un resumen de propuestas electorales de diferentes sectores. En la Legislatura, en tanto, se conformó una comisión de reforma política con parlamentarios de todos los partidos que tienen representación política en la Cámara (una veintena de legisladores y las tres autoridades de ese poder). Ese comité, sin embargo, mantuvo apenas cuatro encuentros desde su creación. El último tuvo lugar en marzo; tras ese encuentro, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, había ratificado su decisión de que antes de que finalizara la primera mitad del año se aprobaran los cambios más sustanciales.

Según acordaron en aquel encuentro, la prioridad estaría puesta en la revisión del sistema electoral que regirá en los comicios de 2019. De esta manera, los aspectos normativos que hacen a lo institucional -como ética pública y acceso a la información- quedarían para más adelante.

Hasta el momento, el único proyecto ingresado fue anunciado por la Casa de Gobierno, y dispone la eliminación de los partidos municipales y comunales. En tanto, la propuesta que presentará Cambiemos (confeccionada por una decena de legisladores) descarta una reforma constitucional para eliminar el acople, pero limita al máximo la posibilidad de acuerdos entre los partidos. Entre otras propuestas, impone restricciones a los gastos de campaña y al financiamiento electoral. Cambiemos propone que los partidos o alianzas no puedan recibir aportes anónimos, ni de entidades del Estado nacional, provincial o municipales, ni de sus órganos descentralizados. Tampoco de concesionarias de servicios públicos y obras públicas, o que exploten juegos de azar. Finalmente, los gastos que se destinen para la campaña no podrán superar el valor de un litro de nafta súper por elector habilitado en la elección de que se tratare.