Qué dicen los proyectos de ley

27 May 2018

El dictamen que se trata en la legislatura tucumana

El dictamen aprobado por la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer ordena la creación del “Programa Provincial de Inserción Social de los hijos de Víctimas de Femicidios”. El programa estará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. “Otórguese una asignación económica mensual, contando desde el acaecimiento del femicidio, a cada beneficiario y por un valor equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Este beneficio se extenderá duran el período que el programa considere, según la evaluación en cada caso, pudiendo extenderse hasta la mayoría de edad del beneficiario o si estudia en el nivel superior, hasta los 25 años. Dicha asignación será inembargable. La asignación no excluirá el cobro de otras asignaciones”, reza el artículo cinco de la iniciativa tratada en la comisión, luego de unificar los proyectos presentados por Emiliano Vargas Aignasse y por Adela Estofán, Stella Maris Córdoba y José María Canelada.

Debe ser tratado en otras dos comisiones

De acuerdo a la información de la página web de la Legislatura, el proyecto fue girado luego a las comisiones de Legislación General y de Hacienda y Presupuesto. Una vez tratado el expediente, con los sendos dictámenes, el proyecto podrá tratarse en sesión.

Qué sucede con el proyecto que se debate en el Congreso

Tras recibir la media sanción en el Senado, el proyecto de Ley Brisa llegó en junio del año pasado a la cámara de Diputados. Nunca pasó el filtro de la Cámara Baja por su artículo 3, que establece la retroactividad plena, para que los menores de 21 años desamparados por casos de femicidio en sus familias sean subsidiados ni bien sea sancionada la ley. “No teníamos una dimensión del costo fiscal, pero vamos a resolverlo para aprobarla con modificaciones en las próximas semanas”, había informado al sitio LaPolíticaOnline.com la diputada radical Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Familia. Los representantes de Cambiemos habían puesto reparos sobre el costo fiscal que implicaría la normativa.

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