Urge una política de Estado para combatir la droga

En los últimos lustros, la droga se ha convertido en una de las calamidades de la sociedad; es un brazo de la destrucción que no reconoce edad ni condición social; sus víctimas preferidas son no solo los adolescentes y los jóvenes, sino también los niños. En la última edición de “Panorama Tucumano”, el programa de TV de LA GACETA, se difundió una entrevista a un ex “soldadito”, un joven que estuvo más de un año al servicio de un transa y que son utilizados para cobrar, para lo que a veces usan armas y motos, que son provistas por líderes narcos. El muchacho hizo revelaciones sobre cómo es la iniciación y denunció que el negocio está amparado por el poder político y las fuerzas de seguridad.

“El Gobierno sabe dónde hay droga y quién vende y quién no. Salen a hablar muchas cosas y son los mismos que las meten a las drogas”; “los policías comen asado con los transas los sábados. Hacen la recolecta y los transas siguen vendiendo felices y contentos. En la comisaría los transas llevan droga para que les vendan a los changos”; “con las mujeres es más triste. Les pagan por dosis pero usan sus cuerpos. En los barrios Trula, Antena y Sifón se ve chicas de 10 años que dejan la escuela y a los 11 o 12 están embarazadas”; cuando te cansás de robarle y hacerle daño a tu propia familia, no te queda otro recurso que caer en las manos del transa. Te manejan como títere”, fueron algunas de sus afirmaciones.

Esta realidad que salió a la luz en 2008, es ampliamente conocida por el Gobierno. El ex arzobispo Héctor Villalba había advertido entonces sobre la urgencia de actuar en esta zona para impedir la destrucción de la juventud. Las Madres del Pañuelo Negro iniciaron marchas para reclamarle al Gobierno provincial centros de atención donde los adictos pudieran ser tratados y rehabilitados socialmente. En julio de 2011, expertos en adicciones de 14 entidades públicas y privadas (Siprosa, la Municipalidad capitalina, la UNT, el instituto Roca y ONGs que asistían a adictos) expresaron en un documento que en la última década (2001-2011) la edad de inicio en el consumo de drogas había descendido: los chicos tucumanos empezaban a consumir a los 5 y 6 años.

Lo asombroso es que hay leyes que no han entrado en vigencia como la N° 8.267 (data de 2010) referida la Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones, que dispone la elaboración de una política integral y sistémica orientada a la prevención y asistencia de los afectados por el consumo de sustancias químicas psicoactivas adictivas y demás conductas adictivas. En 2014, se sancionó la Ley N° 8.864 de adhesión a la Ley 26.052, en la que se establecía que el fuero local debía investigar la venta minorista de drogas. Sin embargo, el ministro fiscal logró que la Corte Suprema de Justicia de la provincia a través de una medida cautelar frenara su implementación. Si se sospecha que los mercaderes de la droga están amparados por sectores del Estado (lo expresó la Iglesia en 2015), tal vez se debería aplicar la Ley provincial N° 8.850 (la obligatoriedad de la prueba de detección de metabólicos de drogas una vez al año) a todos los funcionarios y empleados de los tres Poderes.

En todos últimos tres lustros, los gobiernos provinciales (los anteriores y el actual) han sido incapaces de diseñar una política de Estado integral para enfrentar este flagelo social que está enfermando y matando a una buena parte de nuestros chicos. Tampoco han sido capaces de construir centros para la atención de adictos en las zonas más vulnerables como viene reclamando las madres desde hace una década. Con declaraciones, expresiones de deseos y acciones aisladas, difícilmente se pueda combatir a los mercaderes de la muerte.