Argentina, el reino de los burócratas

06 May 2018

> ENFOQUE

LUIS ALBERTO COMBA

Tributarista

Una de las definiciones de la palabra burocracia es “grupo social formado por los funcionarios o empleados públicos”. La Argentina es un país que ha desarrollado una capacidad sustancial para poder convivir con una burocracia alarmante. El Estado se ha transformado en un refugio de empleados y funcionarios, que necesitan crear trámites y obligaciones que deben cumplir los ciudadanos, muchos de los cuales solo justifican la existencia de esa burocracia y, en si mismos, no tienen ningún sentido práctico. Se sancionan normas y disposiciones que alimentan este inmenso grupo social, que utiliza el Estado como medio de supervivencia.

Para que eso prospere es esencial que los representantes del pueblo, es decir los legisladores, sancionen normas que permitan el desarrollo de estos mecanismos, que sólo complican la vida de las personas y ponen a los ciudadanos al servicio del funcionario. El gobierno nacional ha hecho un importante esfuerzo para simplificar estos temas. Pero ha avanzado a un paso tan lento, que demorará años en solucionar los inconvenientes que estos temas le causan a la gente común. De los innumerables ejemplos existentes, tomamos solo un tema. En los últimos tiempos el delito de “lavado de activos” se ha transformado en un “caballito de batalla”, para la clase dirigencial, para la prensa e incluso para la justicia. Todo pasa por ahí. Muchas veces desconociendo claramente lo que el delito en sí mismo significa.

Parece correcto que se luche contra este delito. Pero los mecanismos se han desvirtuado sustancialmente, en nombre de esta burocracia estatal, que sólo da sustento a grandes oficinas, cargos y funcionarios. Para que esto funcione se han dictado normas que han generalizado las obligaciones informativas en cabeza de terceros, para lo cual el primer responsable fue el Poder Legislativo Nacional, que sancionó una norma que posibilite esta exigencia, permitiendo el desarrollo de una gran veta de empleo público, para integrar ese cuerpo de funcionarios que parece irá creciendo permanentemente. Por eso nació la UIF (Unidad de Información Financiera), que se está transformando en un organismo de descomunal tamaño, en personas y recursos. Y así la UIF indiscriminadamente comenzó a generar obligaciones para los sujetos obligados a actuar de acuerdo a la legislación vigente. Y como resulta fácil diseñar un plan maestro a replicar en todos los sujetos, a partir de procedimientos perfectamente aplicable a entidades financieras, lo generalizaron a todos los obligados.

Y sin importar el tamaño de estos, o la magnitud de sus operaciones, deben empezar a cumplir sus obligaciones como agentes informantes, que superan cualquier margen de racionalidad, pero que aseguran trabajo para los burócratas de turno. Y como la UIF, como cualquier organismo de tendencia burocrática, empezó a crecer. Y entonces abrió una sede regional en Salta. Y ahora los nuevos burócratas de la provincia vecina, empiezan a exigir el cumplimiento del sinfín de normas creadas para pequeños responsables.

Lo dramático de este esquema perverso, es que estos funcionarios solo se ajustan a la normativa vigente. Es decir, no podrían actuar de otra forma. Y en esta imagen kafkiana, es más fácil perseguir a estos pequeños sujetos, que concentrarse en la persecución de los reales delitos vinculados al lavado de activos, como ser terrorismo, trata de personas, narcotráfico. Un claro ejemplo, de los innumerables que hay bastará para entender el concepto.

Los fideicomisos son sujetos informantes de la UIF. Todos los fideicomisos. Desde los grandes que manejan inversiones millonarias, como los pequeños, que se han formalizado para cubrir ciertas necesidades particulares de algunos contribuyentes pequeños. ¿Cuántos de estos conocemos en nuestra provincia? Muchos. La sede Salta no sólo les exige la inscripción como agente de información, sino también los manuales de procedimiento que se deben haber realizado para administrar el circuito de control e incluso los certificados que acrediten los cursos de capacitación del personal afectado. Y esto en estructuras pequeñas, que manejan sumas que nunca podrían esconder el delito de lavado de activos.

Nada más alejado de una racionalidad. Si esta fuese la decisión gubernamental, se debería prohibir fideicomisos pequeños, o los legisladores burócratas debieran establecer parámetros económicos que justifiquen la obligación de actuar en el régimen de lavados de activos. Se espera que el Poder Ejecutivo Nacional eleve los proyectos necesarios para modificar este estado de cosas y la verdadera simplificación de la gestión del estado se traduzca en una verdadera revolución que finalmente sirva a los intereses de la comunidad, el más importante de los factores a tener en cuenta.

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