El juez Bonadio coloca a Manzur cerca del juicio oral

El juez Bonadio coloca a Manzur cerca del juicio oral

Por el plan “Qunita”, el magistrado federal porteño volvió a procesar al gobernador

SIN ESPECULACIONES. El gobernador no cree que haya alguna maniobra política detrás de la última resolución del juez Bonadio en el caso “Qunita”. LA GACETA / FOTO DE Ines Quinteros Orio (ARCHIVO) SIN ESPECULACIONES. El gobernador no cree que haya alguna maniobra política detrás de la última resolución del juez Bonadio en el caso “Qunita”. LA GACETA / FOTO DE Ines Quinteros Orio (ARCHIVO)
21 Abril 2018

La causa penal “Qunita” sigue viva para el gobernador Juan Manzur. Y más viva que nunca: sucede que una resolución de Claudio Bonadio, juez federal porteño, lo colocó cerca del juicio oral. A una distancia que aún no puede ser medida por las vicisitudes del expediente, pero que tampoco luce alejada puesto que una parte sustancial del caso, la que trata sobre lo que ocurrió a posteriori de la aprobación de la licitación de equipos maternoinfantiles denominados “Qunita”, ya está en poder de un tribunal oral de Comodoro Py. En este punto parece que sólo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría detener el enjuiciamiento del ex ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner.

Manzur es cuestionado por haber autorizado un pliego de condiciones con supuestos vicios técnicos que, a la postre, derivaron en irregularidades como sobreprecios, subcontrataciones y la “cartelización” de las empresas oferentes. El ex ministro tomó esta decisión en enero de 2015, un mes antes de renunciar para reasumir como vicegobernador de Tucumán y preparar la campaña que le permitió hacerse cargo del Poder Ejecutivo en agosto de aquel año. El gobernador dijo que creía en la Justicia y que seguirá apelando (se informa por separado). El plan “Qunita” implicaba un desembolso de $ 1.100 millones para las arcas públicas nacionales. Más allá de las presuntas anomalías detectadas en sede judicial, las cunas y otros accesorios destinados a madres y bebés de recursos escasos terminaron siendo descartados por sus falencias de diseño y los riesgos que su uso acarreaba a la población. La decisión de “discontinuar” la entrega de los equipos fue tomada por el Gobierno de Cambiemos.

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La participación del gobernador tucumano se limita a la apertura de la licitación. Esto ya fue analizado varias veces por distintos magistrados de Comodoro Py y, hasta el presente, prevalece la opinión de que dicha acción inicial habría sido central para el desarrollo de la supuesta maniobra delictiva. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal de mayor jerarquía que se expidió sobre el caso, consideró que no parecía razonable relativizar la importancia que, en la asignación de responsabilidades, tuvo la forma en que se diseñó el pliego de la licitación controvertida. Y ordenó investigar “la cuestión trascendente” relativa a la confección irregular de las bases y condiciones particulares del plan “Qunita”. “Ello fue determinante a la hora de asegurar el resultado del proceso de licitación”, dijeron en octubre los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Alberto Mahiques (preopinante).

La postura de Casación se incribe en la serie de marchas y contramarchas que, respecto de Manzur, jalonaron la investigación de la denuncia que en 2015 interpuso la entonces legisladora Graciela Ocaña -hoy diputada aliada a Cambiemos-. El mandatario había sido procesado por Bonadio por primera vez en febrero de 2016; ese mismo año, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito; meses después, Bonadio sobreseyó al gobernador y, a continuación, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la desvinculación. Parecía que la causa estaba muerta en relación con el ex ministro de Salud y que la impugnación de Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, no iba a resucitarla. Pero en octubre de 2017, inesperadamente, la Sala III de Casación Penal acogió el recurso de Rodríguez y anuló el sobreseimiento confirmado. En ese momento, la suerte del jefe de Estado tucumano quedó en manos de la Corte de la Nación y, sobre todo, de Bonadio. Como el máximo tribunal del país no se pronunció todavía sobre la sentencia de Casación, el juez esta semana dictó el segundo procesamiento: en la práctica, volvió a su postura original de que habría pruebas para respaldar la imputación.

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“No quiero especular con esta sentencia”

La pregunta sobre el procesamiento que el juez federal porteño Claudio Bonadio dispuso en su contra encontró al gobernador Juan Manzur en una visita en la localidad de La Florida (se informa por separado sobre la sentencia). El mandatario hizo un comentario breve sobre este revés judicial en la causa “Qunita” que vuelve a situarlo, en términos procesales, en el escenario de 2016. Dijo que seguiría luchando en la causa penal y que no quería hacer lecturas políticas sobre el pronunciamiento de Bonadio. “No veo una cuestión política. No quiero especular con esta sentencia”, expresó.

El ex ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner (2009-2015) reiteró que confiaba en los Tribunales, pese a las idas y vueltas registradas en la causa “Qunita” (una parte de este expediente ligado a la licitación de equipos maternoinfantiles para ciudadanos de escasos recursos ya ingresó a un tribunal para la celebración del juicio oral, como se informa por separado). “Vamos a volver a apelar una vez más y a seguir los caminos normales. Yo creo en la Justicia y creo que (mi situación) se va a resolver positivamente”, dijo Manzur ayer. E insistió: “ustedes (la prensa) siempre me han escuchado a mí y yo soy respetuoso de otro poder del Estado como es el Judicial. Yo ya fui sobreseído en dos oportunidades, pero bueno, seguiremos los caminos legales que correspondan”.

El caso comenzó en 2015, cuando la entonces legisladora Graciela Ocaña -hoy diputada aliada a Cambiemos- solicitó a los Tribunales Federales de Comodoro Py que investigara la licitación del plan “Qunita”. La dirigente denunció que le llamaba la atención que el programa se hubiera adjudicado a seis empresas con objetos sociales alejados de la elaboración de los bienes que integraban el kit; con escasa o nula experiencia en sus rubros y pocos años de funcionamiento, y que cuatro de las firmas ganadoras fueran de La Plata.

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