Se inició el juicio por la comercialización de autos “mellizos”

Pedro José Tomas ha sido señalado como el líder de una organización que se dedicó al lavado de activos de origen delictivo, a través de la compraventa de vehículos “mellizos”. Esto fue expuesto ayer en la lectura de requerimiento de Instrucción, informe que expuso además el papel que habrían tenido funcionarios de la Fiscalía IV° en 2003, entre ellos el entonces fiscal provincial Héctor Alfredo Abraham Musi y el secretario Hugo Jorge Tarifa, imputados por emitir oficios “apócrifos”.

“El requerimiento fue bastante claro, porque tomó la situación de cada imputado por separado. La distinción de roles permite entender cómo se ensamblaban para conformar un sistema. Quiénes trabajaron desde la Justicia; quiénes se encargaron de la falsificación de documentos, y quiénes ponían en circulación los vehículos. Este fue un mecanismo de lavado en segundo orden”, expresó el fiscal federal Pablo Camuña.

Ayer se inició en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) el debate oral por la causa sobre “falsificación de documentos públicos”, en el que están acusados, en total, 13 personas. Asimismo, en el pedido de elevación fueron incluidos entre 40 y 50 vehículos, pericias y alrededor de un centenar de testigos, de acuerdo a fuentes judiciales.

“Percibimos que fue un sistema de trabajo con muchos eslabones. Tomas es indicado como el cabecilla de la organización”, expresó Camuña. “Se expuso inclusive un aporte significativo de los funcionarios judiciales. Y las documentaciones son bastantes contundentes; sobre todo, las obtenidas en los allanamientos en la casa de Tomas, donde se obtuvieron más documentos”, añadió.

Los imputados habrían integrado un grupo que se dedicaba a “lavar” vehículos originales provenientes de un delito, como un robo. No habrían participado en el ilícito, pero se habrían ocupado de introducir luego los vehículos en el mercado de la provincia, de acuerdo a la solicitud de elevación del entonces fiscal federal Emilio Ferrer. Dentro de ese esquema, habrían adulterado las numeraciones de chasis y del motor de las unidades y las cédulas de identificación.

“Se citaron causas (en la fiscalía) que no fueron habidas y otras que se crearon después de los allanamientos. Eso fue corroborado por los peritos informáticos de la Corte Suprema de Tucumán en su momento”, insistió el representante del Ministerio Público Fiscal.

Imputación y amenazas

Pedro José Tomas rechazó las argumentaciones del informe oficial de elevación a juicio oral. “Todo esto es una mentira, una farsa. Cuando hable (durante el juicio), se destaparán muchas cosas”, manifestó luego de la audiencia.

El defensor público Eduardo Bonnin, quien patrocina al acusado, pidió ante el Tribunal que se designe custodia para Tomas y familiares debido a supuestas amenazas.

Respecto de las advertencias, el acusado afirmó: “me dicen que tenga cuidado con lo que declare. También recibieron amenazas mi ex señora, mi ex pareja. Nadie quiere hablar porque están con miedo”, manifestó.

El Tribunal está integrado por María Alicia Noli (presidenta), Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Se estima que el juicio oral puede extenderse hasta los primeros días de junio.