En los días judiciales hábiles de la Semana Santa hubo discusiones más intensas que lo habitual en ciertos despachos del Palacio de Justicia. Los gritos trascendieron, y se reprodujeron con rapidez entre los jueces, abogados y legisladores que participan en la comisión encargada de elaborar un anteproyecto de reforma de los códigos procesales civiles de la provincia. Aparentemente existen diferencias acerca de los créditos y de las autorías, y de cómo figurarían algunos integrantes del comité en el anteproyecto que ha de ser elevado en la Legislatura. El conflicto estalló de manera inesperada casi al final de la tarea de redacción, pero promete agrandarse: ciertos miembros se irían si se admiten cambios.
LA REUNIÓN FUE MÁS DURA QUE LO QUE SE INFORMÓ.- La audiencia que el martes pasado sostuvieron autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a propósito de la crisis del sistema penitenciario tuvo sus picos de tensión, sobre todo cuando los vocales de la Corte pusieron en evidencia que las órdenes que emitieron durante los últimos dos años fueron escasa o nulamente cumplidas por el Gobierno. Ante la prensa, sin embargo, los funcionarios se mostraron cautos y no abundaron en detalles. Un sector de la Corte desencantado con la evolución del problema de las cárceles considera que el esquema de audiencia a puertas cerradas ya está agotado. La próxima reunión podría ser pública, en el salón de actos del alto tribunal.
REPENSAR LA DEVOLUCIÓN.- En el Consejo Asesor de la Magistratura no cayó bien la decisión del Poder Ejecutivo de devolver tres ternas para fiscalías de Instrucción en lo Penal de esta capital. Esta situación no está prevista en la normativa y nunca había sucedido antes. La resistencia está obligando al Gobierno a repensar el movimiento de las devoluciones con el fin de evitar un inexplicable traspié institucional.
