Cartas de lectores
22 Marzo 2018

DECLARACIONES JURADAS DE JUECES

Conocer las declaraciones juradas de los jueces federales, patrimonio e ingresos, fue como un agravio a todos quienes estudiamos y trabajamos durante años, y no tenemos ni para comprar una bicicleta. Leer los ingresos de los jueces y sus grandes patrimonios, que seguro los de las provincias no se quedan atrás, nos hace pensar que algo no funciona bien en esta Argentina vapuleada. Jueces que dicen impartir justicia, la cual se encuentra cuestionada por el 90% de la población. Justicia que está en terapia. Justo el poder que debería sancionar y castigar la corrupción, es sospechado y desconfiado por toda la ciudadanía. Y como dice el editorial de LA GACETA del 18/3, “cada vez que los Tribunales dan un paso a la transparencia y permiten que la mirada de la sociedad penetre entre sus muros, aumenta la expectativa de que habrá justicia frente a los excesos del poder” -de ilusiones también se vive-, y no condice con que “el magistrado debe ser ejemplo y cultivar la austeridad”. Y como corolario de todas sus conquistas, estos austeros jueces federales y provinciales se jubilan con la movilidad del 82%. Los docentes, desde hace años, estamos pidiendo el 82% móvil que establece la ley N°24.016. El gremio de la UDT tiene más de 90 juicios en Tribunales, los cuales pasan de un lugar a otro y duermen el sueño de los justos, sin resolver. Los jueces tienen en su poder el destino económico de miles de docentes de bien, que dejaron su vida en las aulas y no cuentan con patrimonios tan honerosos y abultados. Vivimos en una coyuntura de desigualdades profundas, que ya es hora de poner fin.

Publicidad

María Eugenia Ezquer

[email protected]


TORTURA Y PENA DE MUERTE

La picana eléctrica es una púa metálica con casi 200 voltios y mango de madera. Una herramienta utilizada en el campo para mover a las vacas, que la inspiración del comisario inspector ‘Polo’ Lugones trasladó a los seres humanos detenidos durante el golpe militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Dice Ricardo Canaletti que el general José Félix Uriburu quería derogar la Ley del Sufragio Universal, “porque esa ley era una de las principales causas de la ruina de la Argentina”. Luego, el presidente Agustín P. Justo envió al Senado un proyecto para restablecer la pena de muerte en la Argentina y ejecutarla, no sólo por fusilamiento, sino también con la silla eléctrica. La iniciativa era la respuesta oficial al asesinato del joven Abel Ayerza, secuestrado por la mafia. La pena de muerte por electrocución fue aprobada por el Senado de la Nación (1933). Sin embargo, el proyecto nunca fue tratado en Diputados. ‘Polo’ Lugones, el mayor torturador de su época, y que tenía un prontuario que lo calificaba de pederasta y sádico, se suicidó de un tiro en la cabeza en 1971. Era hijo del poeta Leopoldo Lugones. Una de sus hijas, Susana, cautivada por la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara, dejó a su marido y se fue a Cuba. Durante tres años vivió con Rodolfo Walsh. Fue militante montonera con el seudónimo ‘Rosita’. En 1977 fue secuestrada y torturada con los mismos instrumentos que había inventado su padre, siendo asesinada en febrero de 1978.

Publicidad

Luis Salvador Gallucci

[email protected]


EL SERVICIO SANITARIO

El servicio sanitario tucumano es como una entelequia, en la cual los políticos trabajan activamente con el fin de lograr su propio provecho, ignorando las necesidades del pueblo. En abril se cumplirá un año desde la convocatoria de la demorada Audiencia Pública para determinar la revisión tarifaria integral del servicio de agua potable y cloacas. Primero la audiencia fue suspendida diciendo que era para “resguardar la participación y tutela de los usuarios”, y luego fue reanudada el pasado 23 de febrero, pero viciada de nulidades por incumplimientos de la normativa legal aplicable al derecho de información de los consumidores, agravado por la escandalosa denuncia que un integrante de la consultora que había asesorado sobre las nuevas tarifas, fue luego designado en una gerencia de la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán). Ya pasó casi un mes desde la audiencia reanudada y el ente regulador nada resuelve sobre las nulidades planteadas. Tampoco los legisladores de Defensa del Consumidor y Obras y Servicios Públicos nada dicen o hacen sobre el tema, denunciado en sendos expedientes. Nadie quiere molestar a los poderosos intereses que aspiran manejar los cientos de millones dólares que costará reparar y ampliar las redes del servicio y que se pretende los paguen, anticipadamente, los usuarios, o con subsidios no reintegrables del Estado, beneficiando a una empresa comercial concesionaria precaria del servicio por 30 años ,y cuyas acciones pueden ser vendidas en cualquier momento a “quién sabe quién”. Legisladores y directivos del ente regulador siguen en silencio, esperando las directivas “desde arriba”. Pero, ¿qué puede esperarse, cuando el controlador (Ersept) le pide repetidamente dinero al propietario (el Gobierno) de la empresa controlada (SAT Sapem)? Ningún legislador pidió que Tucumán adhiera a la Ley Nacional 27.275, de Acceso a la Información Pública de los Actos de Gobierno, vigente desde septiembre de 2017. Ellos quieren que el pueblo no sepa de lo que se trata para actuar con impunidad. Mientras esto pasa, los ciudadanos son distraídos con tramposas palabras, bien calculadas, para hacerles olvidar los hechos que amargan sus vidas. ¿Hasta cuándo seguiremos así?

Raúl S. J. Giménez Lascano

[email protected]


CONCIENCIA, MORAL Y SINCERIDAD

Si los integrantes de todos los poderes independientes de nuestro país se sometieran a sí mismos a exámenes de conciencia, no dudo que la mayoría de ellos (si de moral se trata) presentarían sus renuncias “indeclinables”. Es muy difícil ser lo que uno quiere ser, o cree ser; pero más difícil es que otros lo entiendan, o crean. Supuestamente, nos regimos por tres poderes independientes; conscientes, cada uno de ellos y de los que los integran, del grado de responsabilidad y de moral, que a cada uno de ellos les cabe. Es lamentable el grado de permisibilidad con los que la mayoría de ellos se manejan. Cristóbal López y Fabián de Souza estaban presos por no pagarle al fisco tan sólo $ 8.000 millones. Dos jueces cambiaron la carátula del juicio, ya que consideraron que si la suma aludida todavía no la había recibido la AFIP, consecuentemente, el robo no existía, pero el olvido o la estafa sin precedentes no ha sido saldada todavía. Como yo soy muy mal pensado, creo que, en función de manipuleos groseros, pronto, a estos señores les harán importantes quitas y con accesos a maliciosas y desde ya, condenadas formas de pago. No es la única historia; éstas se repiten en todos los casos, donde la falta de moral o de los intereses personales encuentran caminos para eludir todo lo que tienda a ser transparente y razonable. Nuestro Gobernador y su vice se oponen a una modificación de la Constitución. Nadie duda que sin “los acoples” se salvaría una situación que ahonda aún más el grado de inconsciencia que, por la importancia de éstos señores, deberían propiciar las modificaciones, que tiendan a darle más claridad a lo que ya es una vergüenza inapelable. Soy un hombre de confianza, el que más allá de mis años, creo en la razón y en la Justicia, sana moralmente e inapelable, esa que a veces tarda en llegar, pero que nada ni nadie puede evitar que llegue.

Héctor Leonardo Bravo

[email protected]


ARA SAN JUAN: UNA DESMENTIDA

A principios del mes de diciembre del 2017, y como respuesta a una carta que me publicara LA GACETA sobre la tragedia del ARA San Juan y el evidente deslinde de responsabilidades del Gobierno, recibí en mi correo unas breves líneas de un señor, que me permito citar, en agradecimiento por haberla escrito. Con su permiso estimado Walter, transcribo: “soy un salvado por Dios del ARA Belgrano en 1982”. A más de cuatro meses de aquel 15 de noviembre, con muchas idas y vueltas, desinformaciones y pasadas de pelota, no puedo dejar de pensar qué sentirán Walter y tantos otros marinos ocasionales o de vocación al leer, en los más importantes diarios nacionales, sobre la aparición mágica de un ficticio documento que liberaba de toda responsabilidad al Poder Ejecutivo, atribuyéndosela a un valiente capitán fallecido en la tragedia. El comunicado en desmentida de la originalidad del documento, oportunamente emitido por la Armada Argentina, no deja lugar a dudas sobre la intención de este nuevo engaño. Como ciudadana civil, que de muy pequeña admiraba barcos y aviones imaginando épicas travesías, me resulta insultante el trato que, desde el actual gobierno, se le ha dado a esta tragedia; pero tengo extrema curiosidad en saber qué pasa por la mente hoy de Walter y de los honrosos marinos y sus familiares que merecen respeto.

Karina Zerillo Cazzaro

[email protected]


BUEN GESTO DE DOS CHOFERES

La honestidad es, a veces, una virtud que pocas veces se la ve o se encuentra muy escondida en estos momentos en nuestra sociedad. Por suerte, cuando aparece da muchas esperanzas en el futuro por venir. Por ello quiero dar a conocer la actitud de dos choferes de la línea de ómnibus 102, que recorren la zona sur de Yerba Buena, quienes me llamaron y me entregaron en mano mi billetera con todos mis documentos adentro, cuando retornaba de la Escuela de Educación Física. Les agradezco que desinteresadamente la devolvieron, ya que me generaron una gran alegría y esperanzas en los momentos difíciles que estamos viviendo.

Gustavo Frías Silva

[email protected]

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios