Futuro inseguro

Sin reacción. Desbordados. Pisoteados por los opositores. Así están en el Poder Ejecutivo ante la inseguridad que ya no es ni ola ni sensación, sino una epidemia que se cobra vidas con la violencia como virus letal.

La casualidad poco tiene que ver con lo que hoy pasa en Tucumán, la provincia en la que el “paco” se fuma la adolescencia de los pibes de la periferia y la corrupción invade las instituciones. Según la “hermandad de los barrios”, el año pasado una veintena de chicos se suicidaron enloquecidos por la adicción. La de la fundación es la única estadística, porque al Estado no parece interesarle ni siquiera contar los muertos que provoca su impericia.

En la provincia de las irregularidades y la falta de institucionalidad, la Justicia y las fuerzas de seguridad gozan de mala imagen, como lo muestra la última Encuesta Nacional de Victimización, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Tucumán es la provincia con menor registro de confianza en las fiscalías y en los jueces y tribunales. Tan sólo un 21,1% de personas que residen en el distrito evalúan a los jueces como “muy confiables” o “confiables”. También es la que menos valora a la Policía: sólo un 20,9% de la población considera confiable o muy confiable a la fuerza.

Ese combo de delincuencia, narcotráfico, instituciones débiles y violencia es el que se tradujo hoy en una población alterada y con miedo. Una comunidad que pierde libertades individuales ante la imposibilidad de gozar de la posibilidad de transitar por la vía pública sin condicionamientos. Ya nadie sube a un colectivo o toma la decisión de ir a un lugar u a otro sin pensar a qué hora lo hace, por qué zona circula y si habrá alguien que pueda acompañarlo para no ser víctima de un delito.

Unos cuarenta homicidios en menos de tres meses, 10 policías muertos en dos años y las cifras negras que crecen...

¿Quién podrá defendernos?

Este panorama agobiante se exacerba con la inacción y los desaciertos de los poderes del Estado para combatir la violencia. La Justicia fue la primera que mostró reacción. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, caminó hasta el vecino edificio de la Legislatura y pidió una ley para frenar los delitos del momento (motochorros, escruches y rompevidrios). La Legislatura se plegó al movimiento y rápidamente aprobó la norma. Hubo rapidez con la acción. ¿Será acertada? En una postura inversamente proporcional, el Poder Ejecutivo permanece estático. El gobernador Juan Manzur se convirtió en objeto de críticas de todos lados. La seguidilla de chirlos por los yerros políticos y de gestión le entran por arriba y por abajo al mandatario. Un golpe en la mandíbula podría ser fatal. Por ello en su entorno también se discute sobre la inseguridad.

En las oficinas que rodean el despacho central del primer piso de la Casa de Gobierno se suman las voces internas críticas. Hasta algunos de los funcionarios que Manzur escucha habrían azuzado al gobernador. Le habrían rogado que reaccionara, que cambiara la cúpula del área de seguridad y que se mostrara más firme. Lo que le habrían argumentado suena lógico: hasta diciembre había unos 50 móviles para responder a llamados, ahora hay la mitad; se dio vuelta la estructura de mandos que se había armado en la fuerza; el jefe de Policía estaba absolutamente retirado de la actividad hacía más de un lustro; se desarmó el área de mapa del delito que permitía encarar tareas de prevención; el ministro de Seguridad es “verde” (de Gendarmería) en una fuerza “azul”. También miran a la Legislatura al buscar culpables. Afirman que desde allí se habría presionado para que Manzur se decidiera por el gendarme. Un matrimonio de peronistas del este que asesora a Osvaldo Jaldo habría sido un “calienta oídos”. Los que piden a gritos que haya cambios urgentes obtuvieron como respuesta un rostro adusto.

Manzur está entrampado. Claudio Maley y su equipo seguirían al frente del ministerio. ¿Hay plan?

En el Gobierno tampoco parecen tomar nota de que el malestar social está en su punto máximo. Si llega al de ebullición podrían pagar un costo político mucho más alto que el de admitir que se equivocaron y pegar un volantazo. ¿Esperará que la plaza se llene al grito de “basta de inseguridad”?

La política se comió la gestión y los que viven de ella podrían atragantarse. Ya no bastan los dichos ni las bravuconadas ni la toma de medidas “para la foto”. Si no incrustan las patas en el barro y ponen la totalidad de los ministerios, de los organismos públicos y de las instituciones del Estado a generar otras condiciones sociales y de educación, el futuro de violencia está sellado.