Cartas de lectores

12 Mar 2018

FALTAN POLICÍAS

Comparto con el lector Williams Fanlo Llanos (carta “Inseguridad”, 10/3) y ruego me permitan corregir, a mi criterio, un error cuando dice “Tucumán cuenta con 1,4 millón de habitantes, cuenta con 8.000 policías que arroja un resultado de 175 uniformados por persona”, porque de esos 8.000 generosamente calculamos 500 por licencias, enfermos, custodias de políticos, guardias en dependencias oficiales, etc, por lo que se reducen a 7.500 los disponibles en servicio; pero al trabajar 24 horas por 48 de descanso, salen a la calle a cuidar a ese 1,4 millón de habitantes un tercio; o sea 2.500 uniformados. Por lo tanto, matemáticamente, disponemos de 1 agente para 650 personas, suponiendo que los jefes, oficiales, oficinistas, custodias de los presos también salen a la calle; lo que es imposible ya que significaría cerrar las comisarías. El periodista Roberto Delgado, en su panorama del 25/11/17, explica minuciosamente este grave problema que es la inseguridad y nos refresca la memoria con un tema vigente desde hace muchos, pero muchos años, y que es la teoría de la “colcha corta”.

Ángel Ricardo Salguero

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INSEGURIDAD SIN FIN

Sin perjuicio de haber sufrido varios arrebatos, asaltos, etcétera, en el seno familiar, he podido, como la mayoría, tomar conocimiento de hechos similares, incluso con finales trágicos. Oportunamente he visitado al anterior secretario de Seguridad, Paul Hofer, con resultados inciertos. Hace unos días intenté visitar al ministro del área, que por diversas razones no pudo recibirme. Lo cierto es que este flagelo parece no tener fin. La policía es deficiente y en algunos casos irresponsable, pues se resisten a tomar las denuncias, y mucho peor, no hacen prevención de delitos. No confundir presencia con prevención. Los malhechores se mueven con total impunidad por la provincia. ¿Cómo es posible que no exista presencia preventiva en los semáforos más relevantes, desde el punto de vista de los hechos acontecidos, donde se ejerce el comercio ilegal, la presencia de menores e incluso se comercializan citrus sustraídos de los camiones que circulan por las cercanías? Los usuarios debemos soportar el acoso de los limpiavidrios, muchas veces con signos de haber consumido sustancias prohibidas. Entiendo que ni el señor ministro (ex gendarme) y mucho menos el saliente secretario (policía) pueden desconocer técnicas de prevención; sin embargo, la inseguridad sigue en aumento. Eso muestra que no están cumpliendo con su tarea. Hace un tiempo sufrí un asalto con arma de fuego al ingresar a mi domicilio. Me sustrajeron un automóvil y otras pertenencias a las 18, de un domingo. Luego de hacer gestiones y con el apoyo de un comisario he podido encontrar el vehículo al cabo de una semana. No hubo detenciones; recuerdo que los malvivientes eran cinco muchachos muy jóvenes. Luego de cumplir con la burocracia del hallazgo, tuve que esperar 21 días para que la fiscalía ordene la devolución del rodado. Es decir que retuvieron el auto tres veces más tiempo que los propios delincuentes. Recientemente he sufrido el daño de los llamados rompevidrios, que me robaron efectos personales. Decidí reportar el siniestro ante la aseguradora, no ante la policía y menos la fiscalía, porque considero que es perder el tiempo y lo más grave, quedar expuesto. Curiosamente a varios malhechores los defienden conocidos profesionales, cuyos honorarios son relevantes, prescindiendo de los defensores oficiales.

Carlos Alberto Frías

Clotilde Doñate 830


Yerba Buena


TRANSPORTE GRATUITO

La Municipalidad de esta capital, como se sabe, tiene implementado el servicio de transporte público gratuito para estudiantes primarios y secundarios. La provincia, según ha expresado el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, concederá idéntico beneficio para los estudiantes del interior de la provincia que tengan que movilizarse hacia los centros educativos de la jurisdicción. Pero nadie se acuerda de los jubilados, especialmente de los que cobran la mínima. Destaco que en mi reciente visita a la ciudad de Salta pude comprobar que allí los jubilados (y no solamente los que cobran la mínima) tienen esa ayuda o beneficio. Sería de estricta justicia que la Municipalidad o el Gobierno de Tucumán se hagan cargo de implementar ese boleto gratuito para dicho sector de la población (habida cuenta de que hay excedente presupuestario), lo que permitirá a los mismos seguramente lograr algún alivio para sus alicaídos bolsillos y además, llegar a los centros de pagos para percibir sus haberes, ir a los centros asistenciales, farmacias, etcétera.

Ramón Esper

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CASTRACIÓN DE MASCOTAS

El 4/3 el Colegio de Veterinarios de la Provincia realizó una publicación en este diario con el título: “Castraciones masivas de mascotas a bajo costo”. Me alegré presumiendo que anunciaban que todos sus asociados harían castraciones masivas a bajo costo o, por qué no, gratuitas un día al mes para ayudar a los animales abandonados, evitando así la superpoblación animal, colaborar con la salud de la población y con los proteccionistas; pero no, increíblemente era en contra de estas prácticas; era para cuidar sus “bolsillos”, persiguiendo o coartando la solidaridad de sus colegas que la realizan, los que tienen presente su juramento al momento de titularse, los que no pretenden con una castración “hacer el mes”. Acepto que a los particulares con animales de raza le cobren lo que deseen, pero no con los infelices animales abandonados, que personas caritativas en su mayoría jóvenes sin independencia económica o iniciándose en el mercado laboral, los recogen, les dan acogida en sus hogares generalmente colapsados de rescatados y que haciendo malabares los castran, curan y buscan adopción. Ahora, con esta vergonzosa medida de prohibirlas, porque al final recién manifiestan que es por el bien de los animales y equivocadamente dicen que estas castraciones conducen a menudo a la muerte de los animales. Ahora, a esos proteccionistas les será imposible continuar con su solidaria tarea y pronto se verán en la vía pública hembras en celo, embarazadas o con sus crías a cuestas y animales enfermos sin asistencia veterinaria, porque no podrán abonar los honorarios que pretenden y si bien las castraciones en los tráilers de la Provincia y el Cenara ayuda mucho, pero las personas que trabajan no la pueden aprovechar porque es durante la semana; deben ir a primera hora con los animales a cuestas y a veces recién a la tarde consiguen que les castren el animal. El Cenara, en varias oportunidades, después de la larga espera informó que tan sólo hará vacunaciones y en otras ni siquiera se presentaron los profesionales para castrar; en cambio “las castraciones masivas a bajo costo” son durante los fines de semana y feriados, lo que permite que quienes trabajan puedan llevar los animales.

Norma del Valle Rodríguez

Bolívar 323


San Miguel de Tucumán


ESCUCHAS TELEFÓNICAS

El Código Procesal Penal de la Nación permite a los jueces ordenar la intervención de comunicaciones telefónicas, y pueden obtener los registros que existan. La Ley de Inteligencia Nacional sostiene el mismo principio: las comunicaciones son inviolables, “excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”. Además, la Ley Nacional de Telecomunicaciones obliga a las empresas a registrar y sistematizar las comunicaciones para su consulta por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal. Esa información debe ser conservada por 10 años, plazos y obligaciones que se incorporaron a la Ley de Telecomunicaciones (2003), con la sanción de la Ley 25.873, declarada inconstitucional por la Corte Suprema (2009). Las escuchas siempre estuvieron bajo la órbita de la ex SIDE, fueron derivadas a la Procuración General de la Nación al reformarse la Ley de Inteligencia que aprobó el kirchnerismo (febrero 2015). Sin embargo, en diciembre de ese año, el presidente, Mauricio Macri, puso las escuchas en manos de la Corte Suprema. ¿Cuál es la validez jurídica de las escuchas? Las grabaciones sólo pueden ser consideradas válidas en un proceso penal si cuentan con la orden de un juez. Según explicó el fiscal federal, Guillermo Marijuan la escucha a Cristina Kirchner fue realizada en el marco de una causa en la que se encuentra imputado Oscar Parrilli, donde se investiga el presunto encubrimiento del empresario farmacéutico Ibar Esteban Pérez Corradi mientras se encontraba prófugo de la Justicia. Esta causa se inició a raíz del programa televisivo “La Cornisa”, que denunció que durante la campaña presidencial de 2015, Parrilli, por entonces titular de la AFI (Agencia Federal de Investigasciones), tenía información sobre el paradero de Pérez Corradi y no la aportó a la Justicia. Luis Majul podría haber incurrido en un delito por la filtración de las escuchas, pero según la modalidad: si encontró la cinta tirada en la calle no cometió un delito; si las compró o se las dio un funcionario público ya es otra cosa. El magistrado explicó que “las escuchas a Cristina y Parrilli fueron obtenidas sin el consentimiento de los partícipes”, y opinó: “me parece que la difusión de las escuchas responde a un interés económico-periodístico y produce un gran impacto político”. Majul consideró que las escuchas “contienen un evidente interés público, no sólo por tratarse de una ex presidenta, sino también por revelar el contenido de decisiones políticas, su carácter y su personalidad como ex funcionaria y persona”. Para finalizar, expresó: “Estoy a disposición para cuando lo considere necesario. Yo no compro ni vendo información. Comprendo que el entorno donde se desempeña está contaminado por ese tipo de cosas, y que para usted esto sea lo habitual”. Una situación me recuerda al intelectual español Fernando Savater, quien dijo: “El periodista es un espía al servicio del ciudadano. No aplica sólo una técnica, sino una ética y una estética de la transmisión de la verdad”. En este escenario, Majul consideró que las escuchas “contienen interés público”. Ante ello, Savater expresa: “La información es lo que un ciudadano tiene derecho a conocer y puede exigir”.

Julio Argentino Gómez

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