La importancia de hacer la denuncia

En la provincia de Tucumán la principal vía de recepción de denuncias es la Policía provincial a través de las Comisarías, que como es de público conocimiento se encuentran en lamentables estados edilicios y no cuentan con ningún tipo de programación informática que colabore con la sistematización de las denuncias. A ello hay que sumarle que, en el afán de brindar más seguridad, las autoridades políticas decidieron vaciar las comisarías y trasladar a los agentes policiales a realizar patrullajes preventivos.

Otra de las vías de recepción de las denuncias es el Poder Judicial, quien a través de Mesa de Entrada Penal Permanente y sus Fiscalías de Instrucción Penal se encarga de recibir denuncias y darles su correspondiente trámite. En el caso de Mesa de Entrada las denuncias se reciben en forma escrita y son remitidas a la Fiscalía que por fecha del hecho corresponda. Las Fiscalías, dividen sus tareas en turnos de 12 días corridos, aunque por el caudal de trabajo que le llegan desde la “prevención”, no dan abasto para recepcionar denuncias que no tengan una gravedad trascendental. Así el ciudadano afectado por un delito reduce considerablemente las posibilidades de poner en conocimiento de una autoridad estatal del hecho sufrido.

Tal vez esas cuestiones sean algunas de las principales razones por las cuales el estudio de victimización realizado por del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y el Ministerio de Seguridad de la Nación, revelan que Tucumán cuenta con una de las mayores tasas de no denuncia tanto para los delitos violentos (66,5%) como para los no violentos (77,7%).

Cuando los ciudadanos no participan, o cuando el propio Estado se encarga de obstaculizar el normal desarrollo de las denuncias, la construcción de las estadísticas se realiza con bases débiles y dan lugar a las llamadas “cifras negras” de los delitos.

Así es posible plantearse la idea de que el sistema social del control formal del delito se encuentra hoy ante una encrucijada nada fácil de resolver: no conociendo prácticamente nada sobre los delitos que no se denuncian y sus víctimas, que representan un alto porcentaje de la actividad delictual, las estrategias que se elaboran para la prevención y el control de éstos se realizan en función de las denuncias que solo representan casi un 30 % de los caos reales.

“En intuiciones”

El resultado de ello es que las decisiones que se toman están, por lo general, basadas en intuiciones y en opiniones infundadas orientadas a obtener beneficios electorales. Por este hecho, común a casi todas las áreas de la política pública, pero con mayores consecuencias en este ámbito, el debate público se reduce al aumento de las penas y a la ampliación de los tipos penales existentes lo que tiene, por lo general, consecuencias inesperadas y contradictorias con los objetivos deseados: el aumento de las penas reduce, en la mayor parte de los casos, la probabilidad de su aplicación y de paso, cuando se trata de delitos menores, produce una utilización inadecuada del parque carcelario: están dentro quienes cometen delitos no violentos fáciles de probar, como por ejemplo el caso de los hurtos de celulares o carteras; y fuera quienes realmente son peligrosos para la seguridad de las personas, como el caso de los robos con violencia en que no se logra identificar al culpable

Tal vez ha llegado la hora de que el Estado asuma su verdadero rol, de constructor de políticas públicas acordes a estándares internaciones de derechos humanos, y comience a invertir recursos en descubrir qué les pasa a los ciudadanos, qué hechos delictivos los afectan y cuál es el origen de los mismos, pudiéndose incluir campañas públicas sobre la importancia de una denuncia, la creación de centros de atención aptos para su recepción y posibilidades alternativas para efectuar una denuncia, ya sea por teléfono, vía internet o personalmente.