La testigo que dio a conocer la pista narco no pudo ingresar a un programa de protección

El crimen de Paulina Lebbos fue uno de los tantos que impulsó la sanción de la Ley de Protección de Testigos en 2007. Sin embargo, los interesados tuvieron que esperar nueve años para que, en agosto de 2016, se reglamentara. Sin embargo, con un pedido de protección para dos personas que declararon en el juicio del homicidio de la estudiante, salió a la luz que el sistema no fue implementado aún por el Poder Ejecutivo.

El miércoles, los fiscales Diego López Ávila y Carlos Saltor, le pidieron a los jueces que la testigo Magdalena Karina Cruz, la que introdujo la pista narco en el caso, sea protegida por las autoridades. Luego, se pidió idéntica medida para Macarena Bordato, otra mujer que comenzó a jugar un papel clave en el caso. El tribunal, integrado por Carlos Caramuti, dan Ibáñez y Rafael Mocarro, aceptó el planteo y ordenó que ambas ingresaran al Programa de Protección de Testigos de la provincia.

La Justicia determinó que Cruz había mantenido conversaciones telefónicas con Virginia y Jimena Mercado, Ji Rennis, José Luis Gómez, padre de Roberto Gómez, el único imputado por el crimen de la joven y Walter “Chichilo” Acevedo, uno de los miembros fundadores de La Inimitable, la barra brava de Atlético.

Además, confió que fue citada por la Justicia Federal porque desde esa línea se había producido una comunicación con un importante narco a nivel regional. Pero también dijo que su empleadora (Bordato) había comprado y puesto a su nombre un celular y que ella era quien lo habría utilizado siempre.

“Nuestra mayor preocupación es la señora Cruz. Ella hizo una declaración muy importante en este caso y en contra de su empleadora. Tememos que sufra algún tipo de represalia y por eso necesitamos que tenga una protección especial”, argumentó Saltor en el pedido.

Sorpresa

El Programa de Protección de Testigos surgió de una idea que tuvieron Alberto Lebbos, padre de la joven, y los miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad y que fue presentada en la Legislatura. La iniciativa tuvo un fuerte respaldo del oficialismo y de la oposición y la Ley fue aceptada en menos de un año. Pero tuvieron que pasar nueve años para que fuera reglamentada por el Poder Ejecutivo.

El fiscal Saltor, se presentó ante la secretaria de Derechos Humanos para lograr que la inscribieran. Allí se enteró que, pese a haber estado reglamentada desde agosto de 2016, aún no se la podía implementar.

“El programa de Protección a Testigos está en vía de implementación. Se estima que a mediados de julio estará en funcionamiento. Mientras tanto, caso por caso, cuando desde la Justicia se lo requiera, se arbitrarán los recursos para la cobertura y custodia de testigos”, explicó Erica Brunoto, secretaria de Derechos Humanos.

“Hasta el momento no se recibió ningún oficio de parte del Tribunal o el Ministerio Público Fiscal sobre este caso en particular. Atento la temática y las características de cada situación, se debe actuar con la reserva del caso”, comentó la funcionaria.

Saltor recurrió entonces a la secretaría de Seguridad. Allí, según confiaron fuentes judiciales, ordenó que se le dispusiera una custodia a Cruz. No sucedió lo mismo con Bordato, ya que no se encuentra en la provincia, según lo que ella misma informó a LA GACETA en la entrevista exclusiva que se publicó ayer.

“Pudimos resolver el problema gracias a la buena voluntad de los responsables del área de Seguridad”, señaló el fiscal de Cámara que realizó todas las gestiones para proteger a la testigo.

“Es importante que un testigo cuente con una protección y más en este tipo de casos. Muchos de ellos temen aportar información clave porque pueden sufrir represalias. Muchas veces un investigador debe negociar para que cuente todo lo que sabe. Y ellos lo único que buscan es protección. Por ese motivo es nuestra obligación garantizarles seguridad”, aseguró Miguel Gómez, secretario de Seguridad en una charla con LA GACETA.

Malestar

“Esta novedad genera indignación. Es increíble que este tema se venga discutiendo hace más de 10 años y no tengamos una respuesta todavía”, explicó Lebbos en diálogo con LA GACETA.

El padre de la estudiante comentó además que esta es un programa indispensable. “No sólo porque se lo puede aplicar en el juicio de Paulina, sino por todos los otros casos que siguen sin esclarecerse porque las personas no se animan a contar lo que está sucediendo. Es una herramienta fundamental para la Justicia”, concluyó.