La política del “caiga quien caiga”

Juan Manzur vino con decisiones desde Dubai. La primera de ellas es respaldar el accionar de su área de seguridad tras un verano violento. El gobernador dijo que, con recursos propios, comprará el equipamiento que requiere la fuerza para combatir el delito. Sabe que la consideración social hacia los policías no pasa por un buen momento. De hecho, la Encuesta Nacional de Victimización 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ha dado cuenta que, en Tucumán, sólo un 20,9% de la población considera confiable o muy confiable a la policía provincial. Es la calificación más baja en la comparación entre distritos de la Argentina. “Vamos a actuar contra el delito, caiga quien caiga”, manifestó a LA GACETA el mandatario, enumerando cada hecho que ha sucedido en la provincia y la resolución de algunos casos. Aún más, se atrevió a decir que había instruido al vicegobernador Osvaldo Jaldo a que redoble la recompensa si, pasado determinado tiempo, no se encontraba al sospecho del asesinato de dos efectivos en el Parque 9 de Julio.

La violencia viene siendo -junto con la inflación- una de las principales preocupaciones ciudadanas. El año pasado, Tucumán presentó una de las mayores tasas de no denuncia de ambos tipos de delitos (66,5% en el caso de los delitos violentos y 77,7% en el caso de los no violentos), de acuerdo con el reporte elaborado en base a datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. La seguridad es una de las necesidades básicas insatisfechas en el distrito. El informe ha dado cuenta el descreimiento en la actuación policial y judicial. El motivo más frecuente de insatisfacción con la denuncia tiene que ver con la falta de interés mostrada por las autoridades o su inacción frente al hecho delictivo. Esta es la razón dominante tanto para el caso de los delitos contra el hogar como para los delitos contra las personas, dice el informe nacional. Esa sensación tiene uno de cada tres tucumanos. “Yo tengo plena confianza en la Policía, como institución”, respondió el jefe del Poder Ejecutivo cuando fue consultado sobre el trabajo del Indec. Manzur sabe que la tarea de recuperar la imagen de la fuerza de seguridad no es sencilla. Que hay muchas internas y que tiene que romper con viejos paradigmas sobre la relación con el mundo del delito. De todas maneras, hay un dato favorable a los uniformados en el informe del Indec: Tucumán es la que menor cantidad de respuestas afirmativas reporta en la comparación nacional al consultar a la población si alguien fue detenido sin motivos (sólo un 1,1% contestó de esa manera).

Como una manera de dar un mensaje hacia adentro -y también hacia afuera-, el gobernador respaldó al ministro de Seguridad Claudio Maley, muy vapuleado en cierto sector policial, también dentro de Casa de Gobierno y aún más en la Legislatura, donde la oposición quiere que concurra para dar cuenta de lo que hizo desde que asumió. Al abrir el período ordinario de sesiones ordinarias de la Cámara, el mandatario le dedicará un amplio espacio de su discurso a hablar de la jerarquización de esa área del Ejecutivo. Sabe que un ministro sin apoyo va camino al desfiladero. Y está convencido de que es muy prematuro entregar una pieza de su gabinete cuando todavía no ha logrado mostrar qué medidas adoptará para combatir la delincuencia.

Los Reyes Magos del poder central no existen. Manzur añora aquellos tiempos alperovichistas en que desde el primer piso del edificio de 25 de Mayo y San Martín pedían, vía telefónica, a Balcarce 50 de Capital Federal, todos los elementos que la Policía requería para poder accionar. “En dos años no he recibido un móvil, ni un chaleco ni balas para los policías provinciales. Vamos a comprar lo que sea necesario para dotarle a la fuerza de esos elementos”, afirmó el gobernador. Quedarse en lamentos no haría más que agrandar el problema que ya asoma como un mal estructural. Las cartas están sobre la mesa. Es hora de que los tucumanos podamos salir a la calle a caminar sin pensar que pueden arrebatarnos no sólo los bienes, sino también la vida. Que esperar el colectivo no sea un riesgo y que sentarse a charlar con los vecinos en la vereda deje de ser un recuerdo del pasado. Tal vez para tener esa seguridad también se pagan impuestos.