El Estado se expone a pagar $ 28 millones de intereses

Si prosperara la demanda civil presentada en el juicio, el Estado podría llegar a pagar alrededor de $ 28 millones sólo en concepto de intereses. A ello habría que sumar el capital reclamado en nombre de la hija de la víctima Paulina Lebbos, que asciende a $ 11,2 millones. En total hay $ 40 millones en juego en el debate oral que comenzó el 6 de febrero.

Una suma ligeramente inferior está en disputa en el proceso penal en marcha contra Carlos Albaca, ex fiscal imputado por su conducta respecto del crimen de Lebbos. El ex investigador sería enjuiciado también este año, mediante una audiencia separada que aún no tiene fecha de inicio.

El cálculo de los intereses surge de la aplicación de la tasa activa del Banco Nación desde la fecha de la denuncia penal, 22 de febrero de 2006, hasta el día del comienzo del juicio, 6 de febrero de este año. Es sólo una operación estimativa porque la Justicia ha de resolver, siempre que admita la demanda civil y por el monto que lo haga, desde cuándo comienzan a correr los intereses respecto de cada uno de los imputados y el coeficiente aplicable, aunque el usado para elaborar esta nota es el que los Tribunales de Tucumán vienen empleando para proteger las sumas de dinero del deterioro del poder adquisitivo.

El plazo de la actualización igualmente corre hasta el pago efectivo, pero ese límite resulta imprevisible puesto que depende, como ya se dijo, de que haya una condena y de que esta quede firme, trámite que, en función de los antecedentes, puede llegar a insumir varios años más.

El Estado participa en el juicio en desarrollo ante la Sala III de la Cámara Penal de esta capital por su condición de empleador de cuatro imputados: Hugo Sánchez, ex jefe de la Polícia; Nicolás Barrera, ex subjefe de la fuerza; Héctor Rubén Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte y Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad (por la misma razón la Provincia participa en la causa “Albaca”). Sobre ellos pesa la presunción de que se valieron de sus cargos públicos para encubrir el crimen.

Si la Provincia llegara a pagar toda o una parte de la reparación, luego eventualmente podría accionar judicialmente contra los acusados mencionados y sus respectivos patrimonios. La responsabilidad estatal por los hechos de sus dependientes excluiría, en principio, los montos que el tribunal pudiese llegar a regular respecto de Roberto Luis Gómez, el electricista acusado de haber participado en el homicidio.

Inquietud vetada

El cálculo de la indemnización pecuniaria fue elaborado a partir de la edad de fallecimiento de la víctima (22 años), de su expectativa de vida al momento de los hechos y de su condición de estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Tucumán. La demanda civil toma como referencia el salario mínimo, vital y móvil a septiembre de 2016 ($ 7.560) y solicita el reconocimiento de los rubros de daño emergente ($ 975.240); lucro cesante ($ 3.636.360); pérdida de chance ($ 975.240) y daño moral ($ 5.586.840). El reclamo fue hecho por Alberto Lebbos, padre de la joven, en nombre de su nieta. Para él no solicitó ningún tipo de reparación. “Pedimos la mitad de lo que correspondía”, explicó el abogado Emilio Mrad.

El Estado, por su parte, considera que la reclamación debe ser desestimada y por ello, antes de que comenzara el juicio, planteó la prescripción de la acción civil y objetó que un monto parecido haya sido exigido también en el caso del ex fiscal Albaca, que enfrenta otra imputación por encubrimiento.

Según Carlos Parajón Ferullo y Cecilia Vaccaro, abogados de la Fiscalía de Estado, no corresponde que la Provincia responda dos veces por los mismos hechos.

Inés Avellaneda, defensora de Menores, y los abogados del Poder Ejecutivo interrogaron el jueves a Lebbos, quien prestó testimonio como testigo. Mediante las preguntas de Avellaneda, que representa los intereses de la nieta, se supo que esta tiene 17 años y pretende estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Educación; que vive con su abuelo y una tía; que practica danzas y teatro, y que tiene una vida social activa, además de asistencia psicológica permanente. Su tutor también refirió que aquella era muy consciente de la historia de su madre y que la familia había procurado resguardarla lo más posible.

Frente a las preguntas de Parajón Ferullo, que recibió numerosas advertencias de parte del presidente del tribunal, Carlos Caramuti, Lebbos explicó que, debido a que ni la Policía ni el Ministerio Público Fiscal habían cumplido sus deberes, él se había visto obligado a transformarse en detective, auditor, gestor, procurador, abogado,etcétera, mientras trabajaba para mantener su hogar.

“Yo me pregunto: ¿qué pasa con los ciudadanos que son asesinados y no tienen parientes que luchen para que se haga justicia”, cuestionó.

Hacia el final del interrogatorio, el abogado del Estado le preguntó si su hija había bebido alcohol. Esa inquietud irritó a Caramuti, quien la vetó por considerarla que agredía los derechos de la víctima.

A la Nación 
Lebbos denunciará a los abogados del Estado

Alberto Lebbos informó que hará una presentación ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por el contenido misógino del interrogatorio de los representantes del gobierno de la provincia al indagar si Paulina había consumido alcohol cuando la mataron. “Fue realmente lamentable. Cuando llegué a casa encontré llorando a mi nieta. Es increíble que hayan hecho algo así. Y me molesta mucho más porque el Estado está representado por una mujer. Tendría que haber reaccionado”, destacó el padre de la estudiante universitaria. Por otra parte, Lebbos indicó que esta es otra señal de las maniobras que se están observando en las audiencias. “Están provocando permanentemente. Es una campaña sucia que comenzó semanas antes que empezara el juicio. No vamos a responder a estos actos de provocación, seguiremos trabajando para que se haga Justicia”, concluyó.

Semana clave 
El lunes se escuchará un testimonio clave: el de Virginia Mercado

Para todas las partes que participan del juicio por el crimen de Paulina Lebbos, el testimonio de Virginia Mercado será clave para el desarrollo de la audiencia. Ella fue la última persona que vio con vida a la estudiante universitaria y la que dijo que la víctima, a bordo de un Fiat Duna bordó con vidrios polarizados, siguió viaje hacia la casa de César Soto, después de haberla dejado en la puerta de su departamento en La Rioja al 400. Durante la declaración de Roberto Gómez, el único imputado por el homicidio de la joven, surgieron algunos indicios de que ella lo habría conocido que deberá confirmarlos o desmentirlos. También brindará su testimonio Fabiana Mercado, la hermana de la ex compañera de Paulina que también podría revelar otros detalles desconocidos de la causa. Según confiaron fuentes judiciales, los miembros del tribunal tomaron todos los recaudos necesarios para que estuvieran el lunes en la sala. Algunas versiones indicaron que ya habrían llegado a la provincia.