17 Febrero 2018
BUENOS AIRES.- El juez federal Luis Rodríguez procesó ayer sin prisión preventiva al detenido ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. La decisión se da en el contexto de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos para la remodelación de la mina de carbón de Río Turbio.
Se trata de uno de los expedientes por el que se encuentra detenido el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y por la cual el juez también procesó hoy a otros 15 imputados.
Baratta se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por decisión del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado.
En el fallo de ayer, Rodríguez también procesó y dispuso embargos de hasta $ 250 millones para el ex interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio Atanasio Pérez Osuna y el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, entre otros.
El magistrado procesó a Baratta y a Mayoral como “partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública”, mientras que a Pérez Osuna lo sindicó como posible coautor.
La maniobra investigada implica el desvío de fondos por una suma superior a los $ 250 millones, que debieron ser aplicados a la remodelación de la mina de Carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
Para el juez, la maniobra fue posible porque se escondió detrás de diversos convenios de cooperación entre YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
“El convenio celebrado en el año 2008 entre el YCRT y la UTN fue el instrumento legal fundamental a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal”, sostuvo el juez en su fallo de 387 páginas.
“El andamiaje construido permitió, bajo un aparente cumplimiento de los fines públicos que las entidades persiguen y de las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios y empleados públicos involucrados, administrar a discreción y sin limitación normativa alguna fondos públicos que el Estado Nacional expresamente decidió asignar a YCRT”, remarcó el magistrado. (Télam)
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