Una Justicia en vías de extinción

12 Feb 2018

El vaciamiento que resulta inconcebible en los poderes Ejecutivo y Legislativo está sucediendo literalmente en el Poder Judicial. El despoblamiento de los Tribunales de Tucumán supera con holgura la constante histórica de las vacantes: ya nadie recuerda cuándo y cómo fue que se normalizó la idea anómala de que un despacho podía permanecer acéfalo por los siglos de los siglos amén. Pero la tendencia del Gobierno a enfriar la designación de jueces ha alcanzado cotas dramáticas. No sólo no se produce el tan demandado incremento del plantel sino que el sistema afronta una nueva ola de jubilaciones alentada por la presión para terminar con el beneficio del 82% móvil y la eventual implementación de reformas procesales que exponen a los juzgadores. También hay jueces afines al oficialismo que apuran la partida para protegerse de un posible cambio político que afecte su tranquilidad, como ocurrió en 2015 respecto de los otrora magistrados omnipotentes de Comodoro Py.

Todo suma al estado inédito de supresión de los Tribunales por inexistencia de magistrados y para transformar a la judicatura en una especie de autoridad pública en vías de extinción. Nada más conveniente para los que han cometido excesos y delitos que un cuerpo judicial carente de órganos vitales que, en la práctica, padece de falta de reacción y potencia para controlar e imponer límites. Sin jueces no hay posibilidad de administrar justicia. Ex nihilo nihil fit: de la nada nada adviene, como enunció la escuela eleática de Parménides allá por el siglo VI antes de esta era.

Creció la litigiosidad y el número de habitantes, pero los Tribunales conservan, en general, la configuración de comienzos de los 90. El enanismo institucional perduró durante la gestión del ex gobernador contador. La concentración del Poder Judicial en pocas manos -el modelo Comodoro Py- siempre rindió frutos a los gobernantes con ansias de controlarlo: lo sabe bien Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia entre 2003 y 2014, y hoy, ya como titular del Ministerio Público, uno de los que más despotrica por la falta de fiscales. Con su culto a la inacción, el médico gobernador profundizó la anorexia tribunalicia. Despreocupadamente admitió varias veces que estaba en falta y prometió alivios, pero mantuvo la lógica de no llenar vacantes o las cubrió en exasperantes dosis homeopáticas. Lo hizo por primera vez en febrero de 2017, luego de que el entonces presidente del Consejo Asesor de la Magistratura y actual jefe de la Corte, Daniel Posse, advirtiera que era preocupante la mora del Poder Ejecutivo. Volvió a hacerlo en diciembre, cuando trascendió que uno de cada cuatro despachos de la Justicia ordinaria y de los juzgados de Paz estaban desocupados. En esta segunda órbita, el último nombramiento data de 2013. ¿Por qué se apilan los juzgados de Paz vacíos si para llenarlos basta con una decisión discrecional del jefe de Estado avalada por el alto tribunal? Una teoría indica que las fracciones del oficialismo frenaron la renovación en pos de competir por ubicar allí a sus punteros del interior.

En cuanto a los cargos jurisdiccionales, el responsable de la Casa de Gobierno no sólo está manteniendo en 2018 la conducta omisiva respecto de las nueve ternas que empolla con parsimonia total sino que hasta “se olvidó” de firmar y publicar los decretos de los jueces que recibieron acuerdo legislativo el 14 de diciembre, Luis Morales Lezica y Cristian Andrés Velázquez. Ante este colmo de la indolencia, en la Corte mascullan bronca, pero no tanta como para ir más allá de la acordada exhortativa que emitieron en octubre. Los dos vocales que más frecuentan al poder político, Posse y Antonio Estofán, ya anunciaron que apostarán por la mendicidad de nombramientos.

La Casa de Gobierno, en cambio, parece encantada con la escasez. No son pocos los funcionarios que se relamen ante la perspectiva de librarse de jueces que los incomodaron: el caso emblemático es Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El gozo incluye el haber creado las condiciones extremas para justificar la aparición de los siempre sospechosos jueces subrogantes externos, cuya falta de estabilidad produce lógicas dudas sobre su independencia. El oficialismo aún no debutó en el uso de esta figura, pero la perspectiva resulta cada vez más tentadora: si las previsiones se concretan, el Poder Ejecutivo dispondrá en el corto plazo de alrededor de 60 cargos para cubrir precariamente. ¿El gobernador que se permite prolongar la acefalía del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº2 de esta capital, que está libre desde 2012, será el mismo que se apresure a nombrar subrogantes? Es que nunca dará igual, políticamente hablando, escoger un juez en propiedad, es decir vitalicio, de una terna que elegir un juez transitorio a partir de la lista larga de candidatos que pasaron las instancias de evaluación en el Consejo Asesor de la Magistratura.

El problema de una Justicia sin jueces es de los jueces en activo, quienes pagan con desprestigio la cuenta del servicio deficiente que presta la institución, sobre todo en lo que concierne a la persecución de los delitos. Durante la semana pasada, el intendente Mariano Campero atribuyó a los fiscales el carnaval de delincuencia vigente en Yerba Buena mientras, en el Palacio de Justicia, el juicio histórico del caso “Lebbos” exhibía las dificultades existentes para sostener una acusación sin acusadores o con acusadores sometidos a la presión de las miles de causas que manejan. Un príncipe del foro observa que a ciertos magistrados también les viene bien -para tapar vicios y despegarse de demoras asombrosas- la excusa antigua de que pocos lidian con cantidades industriales de trabajo. “Nadie se pone firme porque, salvo el malhumor social, la improductividad no tiene consecuencias. Y pase lo que pase, los privilegios continúan”, dice un abogado conocedor del paño, que descarta que el volumen actual de jueces pueda aplicar decentemente el nuevo Código Procesal Penal cuyo atrasada puesta en marcha pesa sobre los hombros del alto tribunal. “Es una fantasía creer que sólo porque lo diga la ley los conflictos serán resueltos en audiencias orales y públicas. ¿Quién las celebrará?”, pregunta. Todas las respuestas conducen al silencio.

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