La "cabecilla" del caso viviendas se negó a declarar

El patrimonio de Alzogaray está bajo la lupa.

29 Ene 2018
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Dos días después de que se ordenara su pedido de captura internacional, la principal sospechosa de dirigir una asociación ilícita dedicada a ofrecer casas construidas por el Estado a cambio de dinero se entregó a la Justicia. Elizabeth Rosa Alzogaray se presentó ayer por la mañana, en medio del aguacero, en la sede de Tribunales penales para ponerse a disposición del fiscal Diego López Ávila.

Alzogaray decía tener un pariente como nexo en el Instituto de la Vivienda, declaró una detenida

Fuentes judiciales explicaron que los funcionarios de la Fiscalía Penal de la IV° Nominación (de feria) le enseñaron a la mujer el material secuestrado en los allanamientos y las acusaciones de la causa en su contra. Luego de tomar conocimiento, Alzogaray se negó a declarar ante el fiscal. Fue trasladada a la Comisaría de la Mujer (Buenos Aires 479), donde se la mantiene alojada.

El investigador a cargo del expediente, de acuerdo a los testimonios de al menos 200 denuncias de presuntos estafados y a la declaración de otros supuestos gestores detenidos, sospecha que Alzogaray estaría al frente de una red que captaba interesados en obtener adjudicaciones de viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) a cambio de un adelanto en efectivo. La cifra, según los afectados, rondaría entre los $ 4.000 y los $ 6.000, aunque algunos informaron a LA GACETA haber abonado hasta $ 100.000.

Desde $4.000 a $100.000: los montos que los damnificados dicen haberles entregado a los falsos gestores

Trascendió que el fiscal buscaría en las próximas horas sumar nuevos elementos a la causa, que investiga la comisión de estafas reiteradas. Según se informó, la pesquisa buscaría confirmar si Alzogaray trabajó en alguna dependencia del Estado (una versión apunta a que ella se habría desempeñado en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán). Desde la fiscalía solicitarían el levantamiento del secreto bancario para conocer los movimientos bancarios de la sospechosa. Esa pericia permitiría discernir si la acusada era quien se quedaba con los fondos obtenidos por el pago de los adelantos por viviendas o si trabajaba para terceros.

La interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, había desmentido la semana pasada que la presunta jefa de la asociación ilícita trabajara en esa repartición. El organismo había advertido a comienzos de enero de “falsos gestores” que decían trabajar para el instituto.

Los interrogantes que surgen en la causa de los falsos gestores de viviendas sociales

Ramificaciones

Los presuntos estafados y los videos difundidos raudamente por las redes sociales apuntan contra Alzogaray. De acuerdo con la hipótesis principal, un grupo de presuntos falsos gestores y de reclutadores captaban interesados en adquirir casas del Instituto de la Vivienda. Estos estaban organizados en varios grupos de Whatsapp para mantenerse en contacto. Afirmaron que pagaban un adelanto para armar una carpeta con datos personales y que los organizadores prometían sorteos para la adjudicación de casas. Los encuentros, sin embargo, fueron postergándose en los últimos meses.

El viernes habían declarado tres detenidas de la causa. De acuerdo a la pesquisa, ellas serían las encargadas del reclutamiento y coordinación de los interesados a través de las aplicaciones para celulares. Una de las imputadas había asegurado que también fue estafada por Alzogaray. “Mi defendida negó las acusaciones. Esa señora (por la supuesta jefa de la asociación ilícita), primero la ‘enganchó’ con la promesa de una casa. Ella y su hijo pagaron $ 4.000. Después Alzogaray le pidió colaboración para sumar más gente y se comprometió a darle un puesto (en el Estado)”, había señalado Ricardo Scheuermann, abogado de María Esther Soraire, una de las imputadas.

Los posibles nexos de la presunta organización con funcionarios fue definida por el fiscal como “una de las grandes incógnitas del caso”. En los allanamientos de la semana pasada los investigadores pudieron reconstruir parte de la operatoria. A los interesados hasta se les exhibían los planos de barrios del Instituto de la Vivienda.

Semanas atrás, más de 200 personas acudieron a una reunión convocada por los organizadores en Manantiales Sur. Como los falsos gestores faltaron, las familias intentaron ingresar a las casas. Las mismas escenas de zozobra se repitieron frente a casas sin entregar en Lomas de Tafí.

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