29 Enero 2018
Movimientos sociales y grupos piqueteros auguraron un febrero y marzo “movidos” debido a movilizaciones programadas para exigir obra pública para las cooperativas y una urgente atención a lo que califican como una situación de emergencia alimentaria, en el marco de una relación muy tensa con la administración del presidente Mauricio Macri.
“El Gobierno cambió la política social y la situación es distinta. Nosotros tenemos otro diagnóstico de la emergencia. Por eso nos pareció importante presentar con fuerza nuestro reclamo en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social y en el Congreso. Febrero y marzo serán movidos”, dijo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, en referencia a la protesta del 24 de enero pasado.
Desde inicios de 2015, los “Cayetanos” -así llamados por levantar la agenda del Papa Francisco y movilizarse desde Liniers, donde se encuentra la iglesia de San Cayetano-, es decir la CCC, la Cetep y Barrios de Pie, se reúnen todos los lunes para revisar la agenda y establecer acciones, por lo que se espera que mañana anuncien día y hora de las próximas movilizaciones. Para Gildo Onorato, secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita e integrante de la Cetep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), la provincia de Buenos Aires que “tiene ahora $ 40.000 millones más y en la que hay leyes y programas que benefician a los sectores populares tendrá que responder”.
“Vamos a pedir que el 25% de las obras públicas de la provincia de Buenos Aires y el 25% de las compras que hace el Estado estén en manos de cooperativas. De esa manera se van a fortalecer la economía y la producción popular”, indicó Menéndez.
Onorato agregó que otros ejes son la aplicación de la ley de Emergencia Social -votada en diciembre del 2016 y reglamentada en marzo del 2017- y la posibilidad de discutir “cómo se implementa esa ley”.
Recordó también que la Cetep es una organización gremial que agrupa a trabajadores que están fuera del mercado laboral formal pero que, gracias a la ley de Emergencia Social, perciben un salario que depende de las discusiones en el ámbito del Ministerio de Trabajo que se realizan en junio.
Ménendez constituye, dentro del triunvirato de los movimientos sociales, la punta de lanza en el tema de la emergencia alimentaria, y aunque junto a sus socios buscaban una ley, en las discusiones con el gobierno a fines del 2017, aceptaron un programa que aún no encuentra aplicación.
“Empezamos a trabajar para desplegar el programa, pero vino el Gobierno y nos dijo que hay otros plazos, que hay que esperar y que el universo para atender es muy acotado. Nosotros vemos que hay gravedad y premura así que no nos podemos quedar de brazos cruzados”, afirmó Menéndez. (Télam)
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