Ediles apuran un fallo judicial por el conflicto en Yerba Buena

Un caso excepcional y extraordinario que podría acarrear consecuencias institucionales severas. Así lo entienden los cuatro concejales opositores de Yerba Buena, quienes advirtieron a la Justicia que la Municipalidad de esa ciudad está cobrando tributos a los comerciantes y vecinos con ordenanzas que pueden ser declaradas nulas.

Los radicales Benjamín Zelaya, Lucas Cerúsico y Maximiliano García; y el macrista Pedro Albornoz Piossek interpusieron un recurso de revocatoria ante al Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Pretenden que ese fuero incorpore como asunto de feria el recurso de amparo y la medida cautelar que habían presentado en diciembre. En esa demanda, aseguran que la sesión celebrada por sus pares el 21 de ese mes es nula, ya que nunca hubo en el recinto el quórum necesario para poder iniciar el debate. En ese cónclave, cinco ediles renovaron la mesa de autoridades y le tomaron juramento a Rodolfo Aranda, que esperaba desde septiembre de 2016 ocupar una banca.

“Un grupo minoritario de cinco concejales en forma conjunta con la secretaria del concejo, han sesionado sin quoórum; es decir, sin el número de concejales que exige el reglamento para poder dictar las normas (ordenanzas). El quórum mínimo es de seis concejales, pero ellos sesionaron con cinco. Y en esa sesión sin quórum eligieron autoridades del Concejo y le tomaron juramento a otro concejal, y de esa manera obtuvieron los seis concejales requeridos para el quórum”, relataron los ediles.

En el nuevo planteo, los opositores advierten que luego de esa sesión, se realizaron otras en las que se tomaron decisiones institucionales que, en caso de que la Justicia declare nula la primera sesión objetada, podrían tener graves consecuencias para el municipio.

“Daño para todos”

A modo de ejemplo, remarcaron que fue aprobado el “Tributo de Higiene y Salubridad”.

“Se crea un nuevo tributo teniendo origen en una sesión nula. Esta situación puede traer diversos inconvenientes a todos los contribuyentes, pues si declarada la nulidad de la sesión del 21 obviamente todos los actos que sean consecuencia de ella serán nulos también. Pero el conflicto y el perjuicio radicará en el daño que esta medida ocasionará a los contribuyentes y también a las arcas municipales”, alertaron en el escrito. “El intendente puede requerir el pago compulsivo a los contribuyentes de un tributo que a la postre será declarado nulo. Se coloca a todos los contribuyentes en una inseguridad jurídica”, dijeron.

Zelaya y los tres opositores, además, remarcaron que sus pares se adhirieron mediante una ordenanza a una serie de decretos provinciales que comprometen fondos municipales, ampliaron mediante ordenanza el presupuesto anual 2017 y dictaron una ordenanza por la cual formalizan un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad por la que también se compromete fondos públicos. Luego, en una sesión concretada el 27 del mes pasado, los ediles aprobaron la modificación de la Ordenanza Fiscal Anual, incorporando el tributo aprobado en la reunión del 21 con su alícuota correspondiente. “Estamos ante una situación de emergencia, de carácter excepcional y extraordinaria, que causa perjuicio no a esta parte, sino a toda la población ante la posibilidad cierta de declararse la nulidad de todos los actos”, advirtieron.

Sin acuerdo

Finalmente, remarcaron ante la Justicia que aunque el Concejo se encuentre en receso, nada impide que los denunciados continúen ejecutando actos. “Es necesario resolver en forma urgente la situación de gravedad institucional por la que atraviesa el Concejo Deliberante”, cerraron.

El nuevo planteo se da en paralelo a la mesa de diálogo abierta por el Gobierno de la Provincia para solucionar el conflicto político en ese municipio. Entre miércoles y jueves, el vicegobernador Osvaldo Jaldo -a cargo del Poder Ejecutivo- se reunió con el intendente Mariano Campero y los ediles de su espacio, y con los concejales opositores y el legislador Ariel García. Hasta aquí, sin embargo, nada hace presagiar que las partes puedan llegar a un acuerdo.