La FET transmitió su preocupación al PE por la suba en Ingresos Brutos, a la que tildó de pesada carga

La FET transmitió su preocupación al PE por la suba en Ingresos Brutos, a la que tildó de pesada carga

La entidad que nuclea al sector privado estima que el incremento promedio de las alícuotas para los servicios afectados alcanza el 43%

SANCIONADO. Los proyectos para los aumentos tributarios fueron aprobados en diciembre; un sector de la oposición rechazó los artículos de las subas. prensa legislatura SANCIONADO. Los proyectos para los aumentos tributarios fueron aprobados en diciembre; un sector de la oposición rechazó los artículos de las subas. prensa legislatura
12 Enero 2018

Los farmacéuticos hicieron un reclamo formal. Pero en la Federación Económica de Tucumán (FET) afirman que la preocupación es generalizada, y que desde hoteles e inmobiliarias, pasando por empresas de seguro hasta sanatorios, acusaron el impacto de la suba impositiva sancionada en diciembre por la Legislatura, a pedido del Poder Ejecutivo (PE).

Héctor Viñuales, presidente de la entidad que nuclea al sector privado en la provincia, le confirmó a LA GACETA que le transmitieron su sorpresa al Gobierno por haber aplicado diversas modificaciones a la ley del Código Tributario. “En los primeros días de este mes, junto a la parte técnica de la comisión de Impuestos, estuvimos reunidos con el ministro de Economía (Eduardo Garvich) y funcionarios de la Dirección de Rentas. Intercambiamos posturas, porque consideramos que es una pesada carga”, señaló el presidente de la FET.

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Según estimaciones de la entidad, la suba en las alícuotas al impuesto sobre los Ingresos Brutos en diversos rubros de servicios privados vigente desde este año ronda un promedio del 43%.

Del PE al recinto

El 12 de diciembre, el gobernador Juan Manzur y el ministro Garvich enviaron a mesa de entradas del Poder Legislativo un proyecto de ley para solicitar una serie de cambios al Código Tributario. Las modificaciones propuestas estaban enmarcadas en la firma del acuerdo entre gobernadores -entre ellos, Manzur- y el presidente, Mauricio Macri, denominado Consenso Fiscal.

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El objetivo de este pacto, según se dio a conocer, es adoptar medidas impositivas uniformes en el país, con el objetivo de aliviar las cargas en sectores productivos para fomentar el empleo y mejorar la competitividad.

Las provincias, en ese sentido, aceptaron una reducción progresiva de impuestos para rubros como agricultura, ganadería, industria manufacturera, electricidad, gas, agua y transporte, entre otros, hasta llegar a una excención total en 2022.

Además, el Consenso Fiscal fijó topes en las alícuotas (entre el 2% y el 5%, según el caso) para distintos servicios, como construcción, hoteles y restaurantes, y comercios mayoristas, minoristas y reparaciones, entre otros.

En contrapartida, la Nación se comprometió a compensar las pérdidas que pudieran significar esas reducciones tributarias en las recaudaciones provinciales.

Dos días después de haber recibido el proyecto del PE, la Legislatura ratificó el Consenso Fiscal. Además, sancionó cambios a la ley 5.121, de Código Tributario Provincial. En el recinto, el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Antonio Ruiz Olivares, explicó que se estimaba una caída de $ 2.600 en la recaudación, y que con estos incrementos se podría recuperar $650 millones. Las nuevas alícuotas, señaló el peronista y vicepresidente 1° de la Legislatura, eran necesarias para equilibrar las finanzas provinciales, más allá de los recursos que pudiera girar el Poder Ejecutivo Nacional.

En alerta

Las subas impositivas empezaron a regir a partir del 1 de enero pasado, por lo que las modificaciones al Código Tributario aún no registraron un impacto total en las actividades económicas alcanzadas. De todas formas, hay contribuyentes que ya levantaron la voz, a modo de alerta.

Esta semana, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo por la licencia de Manzur, recibió en la Casa de Gobierno a representantes de los farmacéuticos. Emilio Alves, presidente del colegio de profesionales de este rubro, sostuvo que la nueva carga llevó al sector no sólo a perder la rentabilidad, sino también a analizar si pueden seguir trabajando con las obras sociales, a las que -por convenio- las farmacias reenvían parte de sus ingresos. El reclamo, según Alves, es que la actividad tiene un tope de precios regulado por la Nación, y los medicamentos no pueden ser vendidos más allá de esa suma .

Viñuales se manifestó preocupado por la situación de las farmacias. Afirmó que este tipo de servicios, por sus características, deben ser tratados “de otra manera”. También por el rubro de los hoteleros: según Viñuales, “están pasando por un momento difícil” y han registrado un fuerte incremento impositivo.

Tras la reunión con los farmacéuticos, Jaldo anticipó que le planteará la cuestión a Manzur cuando se reintegre. Está previsto que eso suceda el lunes. Si bien el vicegobernador también saldría de licencia ese día, en la Legislatura quedó una guardia para sesionar en caso de urgencia. Los privados tienen depositadas sus esperanzas allí.

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