08 Enero 2018
FACHADA. Un cartel anuncia que está en trámite una demanda por deudas.
El propietario del inmueble donde funciona una delegación del PAMI en la Banda del Río Salí inició un juicio de desalojo. La demanda contra el organismo es por una presunta deuda de $ 600.000 en concepto de alquileres.
Pedro Fabián Gómez, propietario del inmueble, explicó que el contrato se venció en julio de 2017 y que desde esa fecha viene notificando a las autoridades de la obra social de los jubilados y pensionados. Sin novedades inició un juicio de desalojo después de que fracasó la instancia de mediación. “Mediante notas informales se avisó del vencimiento del contrato (al PAMI), pero no hubo respuestas”, agregó Carlos Ibarra, abogado de Gómez.
El 31 de julio del año pasado se cumplieron los tres años de alquiler que establecía el contrato. Ibarra explicó que, inmediatamente, su cliente comenzó a notificar a las autoridades del organismo nacional.
Sin embargo, Alfredo Neme Scheij, titular del PAMI Tucumán, negó que se adeuden meses. Precisó que en el contrato estaba contemplada la posibilidad de extender el tiempo de uso del local. “Se viene pagando al día hasta el mes de diciembre” añadió.
El médico aclaró que no tiene facultades para renovar el contrato y que se llamará a una nueva licitación durante los próximos días. Además consideró que el planteo de Gómez en la Justicia es un “mecanismo de presión” y que no va a dejarse “chantajear por pseudo empresarios”.
Por su parte, Ibarra, sostuvo que su cliente considera que hubo “negligencia” por parte del titular provincial y por eso es que está buscando los medios para comunicarse con Sergio Cassinotti, director ejecutivo nacional.
Ibarra contó que su cliente se contactó con la diputada nacional Gladys Medina, la cual se comprometió a gestionar un contacto con el funcionario.
Según figura en el contrato, la suma mensual del alquiler era de $ 21.000. Sin embargo, Gómez sostiene que la cifra quedó desactualizada por no haberse renovado el contrato. Por lo tanto, en la Justicia reclama una suma de $ 600.000, monto que considera que el PAMI debería haber venido pagando estos últimos seis meses.
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