Todos esos regalos de Reyes que Manzur tiene sin abrir...

06 Ene 2018
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El gobernador aún tiene sin abrir varios regalos que ha pedido en los últimos años a los Reyes Magos.

El más extraordinario

El más antiguo llegó mucho antes de que él fuera mandatario. Se llama Constitución de la Provincia de Tucumán. Fue un presente extraordinario. La elección de convencionales debía celebrarse el 23 de octubre de 2005, pero la Corte la pasó al 19 de febrero de 2006. En medio (fecha propicia para encomendar deseos a Melchor, Gaspar y Baltazar), Manzur anheló esa enmienda con todas sus fuerzas. No era para menos: dos hechos de la convención marcaron su destino.

Por un lado, lo escogieron presidente de esa asamblea reformadora. Con ello, el entonces ministro de Salud Pública colgó su guardapolvo de técnico y se calzó el saco de político. Fue emblemático: sentado en la poltrona que preside el recinto de la Legislatura tuvo el primer ensayo (satisfactorio para José Alperovich) del cargo que luego ocuparía desde el año siguiente y hasta 2015: vicegobernador.

Por otro lado, el ahora mandatario se encargó de introducir una modificación que sería determinante para su futuro político. Nació como una de las condiciones propiciadas por Fernando Juri, cuando era compañero de fórmula de Alperovich, pero terminó beneficiando a Manzur. Es el artículo 90: “El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período”.

Pero esto equivale a sólo haber quitado el moño de la Carta Magna. Dentro de ella hay mandatos que el jefe de Estado local incumple. Porque recibir un regalo de los Reyes tiene contraprestación. Los niños lo saben: hay que portarse bien para merecer un presente y en muchas cartitas se incluye ese compromiso. El regalo constitucional que recibió Manzur también contiene esa promesa de buen comportamiento.

Dice el artículo 43, en su inciso 3, “Se establece el sistema de votación electrónica, cuyas características serán establecidas por ley”. Precisamente, el artículo 157 pauta que la ley reglamentaria “deberá ser aprobada antes de la finalización del año 2006”. Manzur, como vicegobernador, jamás impulsó la norma.

También se autoimpuso el ahora gobernador otro plazo, en el artículo 158. “Una vez sancionada la reforma, la Legislatura deberá, dentro del plazo de ciento veinte días, dictar la Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos, de acuerdo a las pautas establecidas por el Artículo 43 de esta Constitución”.

Cuando se lee el artículo 43 se advierte que los tucumanos padecemos el sistema de “acoples” porque nuestros gobernantes quieren, y no porque la Constitución lo imponga. Su inciso 12 indica, específicamente: “Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a Gobernador y Vicegobernador y/o Intendente de un partido político”. Es decir, “podrán celebrar” es, como el verbo lo indica, una posibilidad. Y esa categoría determina que la norma constitucional es perfectamente reglamentable. Léase: mediante la referida “Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos” se puede poner un límite a la proliferación de acoples. Un límite republicana y estadísticamente indispensable.

En 2015, según la Junta Electoral Provincial, compitieron 454 partidos con sus propias listas, más 1.657 acoples (partidos que “acoplaron” a otros sus listas de ediles o de legisladores). El resultado, a los efectos de la representatividad, es cuasi-criminal. Hay legisladores ungidos con 10.000 votos para dictar leyes que regulan la vida de más de 1,5 millón de tucumanos. Y, según reconoció la Secretaría de Gobierno, el 35% de los tucumanos que votó no tiene representantes en el parlamento. O sea, la tercera parte de la sociedad no tiene voz ni voto en el más democrático de los poderes.

Trágica para la república es la sinrazón oficial tucumana. Aquí, lo que la Constitución manda (los “deberá” y los “se establece”) es tomado como manifestación de deseo; mientras que los textos desiderativos (“podrán celebrar”) son tomados como órdenes ineludibles.

Pero también se da algo curioso, a la vez que coherente, con el hecho de que el gobernador no haya desenvuelto la reformada Constitución que tanto anheló: casi una década después, volvió a pedirle a los Reyes Magos el mismo regalo.

El más prometido

El 29 de octubre de 2015 escribió en su discurso de asunción: “Con el objetivo de consolidar nuestra democracia debemos pensar en el desarrollo de una reforma política que se construya a partir de la participación del conjunto de los actores de la sociedad, como así también un sistema electoral que tienda a lograr mayores niveles de democratización institucional y social”.

Buena parte de esa reforma política está contenida en los bloques incumplidos de la Constitución de 2006. Si los acoples fueran limitados y el sistema de votación fuera modernizado, tal y como manda la Carta Magna reescrita por Manzur, el paso dado en materia de calidad democrática sería notable para Tucumán.

Este 2018 que apenas comienza es el regalo de Reyes para que Manzur pueda concretar su deseo de robustecer a la democracia con un sistema electoral decente. Por un lado, por lo que está por venir: al ser un año no electoral, es en sí mismo un ciclo para la gestión. Y, por otro lado, por todo lo que acaba de suceder.

En los comicios del año pasado, el oficialismo obtuvo más votos que cuando a Manzur lo eligieron gobernador, según él mismo destacó en la entrevista con Federico van Mameren en “Panorama Tucumano”. Y los casi 500.000 votos en las PASO, así como los casi 440.000 de octubre, fueron indiscutidos: las elecciones de diputados no tuvieron el espectáculo de maniobras fraudulentas de la votación provincial de 2015. Entonces, la contundencia del resultado y la transparencia de la jornada electoral terminaron con el déficit crónico de autoridad con que asumió. A la vez, lo emanciparon del alperovichismo, sobre todo en la lógica de su socio, Osvaldo Jaldo, cuyo entorno está convencido de que los 60.000 votos de diferencia entre una votación y otra son el resultado de la deslealtad de las huestes del senador nacional. Por caso el vicegobernador, para completar el cuadro, brindó por el Año Nuevo en Casa de Gobierno destacando que en los municipios de Cambiemos (Capital, Concepción, Yerba Buena y Bella Vista) los Concejos Deliberantes son presididos por peronistas.

En este contexto de fortalecimiento de la gestión, y de mengua de la cuota de poder de la oposición, ¿cuál es la excusa para eludir el compromiso de dotar a la provincia de un sistema electoral confiable? Luego, si el Gobierno tucumano no concreta la reforma política que la Constitución exige, es porque no quiere. Es decir, es porque no teme que se reedite un escenario como el de agosto de 2015, cuando Tucumán fue la mala noticia de la Argentina. Lo cual, por cierto, lleva a otra cláusula transitoria irrespetada en la Carta Magna de 2006.

“La Legislatura deberá dictar la Ley de Acefalía dentro de los ciento veinte días de sancionada la presente Constitución”, ordena el artículo 163. Este imperativo se debe a que la norma vigente que establece cómo deben cubrirse las vacancias transitorias del gobernador y del vicegobernador sólo prevén que la suplencia recaiga en legisladores. Como consecuencia de ello, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró en septiembre de 2015 que eran nulos los comicios de agosto y que debía votarse nuevamente, la Corte ad hoc que revisó el fallo, en realidad, debía decidir si Tucumán iba a ser intervenida, o no. Lo que iba a acontecer es que el 29 de octubre no iba a haber gobernador, vice ni legisladores que asumieran sus cargos al día siguiente. Era materialmente imposible organizar, celebrar y escrutar elecciones en un mes. Consecuentemente, operaría un vacío de poder de hecho y el único camino para subsanarlo iba a ser el remedio federal.

Si se hubiera dictado en 2006 la Ley de Acefalía exigida por la Constitución, y se hubiera incluido a los jueces de la Corte Suprema en el orden de la sucesión del poder provincial (como ocurre en la Nación), la historia hubiera tenido la oportunidad de ser otra.

Si seguimos sin nueva Ley de Acefalía, y a la vez sin reforma política, está más que claro que al Gobierno no le preocupa reeditar el oprobio de las últimas elecciones provinciales. Con un agravante: más de lo mismo no es lo mismo, es peor.

El año que viene, los comicios locales serán otro “sálvese quién pueda”, en el cual, según la Junta Electoral, la cifra de partidos será de 1.051. Si ese incremento del 130% se traslada a los acoples, estos rondarán los 3.800. Y aquí, donde los cargos políticos con renta estatal se han convertido en el más eficiente trampolín socioeconómico (“M’hijo el dotor” ha sido reemplazado por “M’hijo con fueros”), decenas de miles de postulantes, literalmente, se jugarán la vida. Así que se endeudarán y empeñarán lo que sea para “llegar”. Bolsoneando, acarreando, pagando y, si hace falta, quemando urnas y tiroteándose. El agravante es que ahora la jurisprudencia dice que todo eso puede acontecer sin que haya consecuencias: sin una línea sucesoria distinta a la actual, anular una elección es disparar una intervención federal, así que todo es “siga-siga”.

El más público

Al gobernador le queda, por cierto, un último regalo de Reyes sin estrenar. En julio de 2016, en el corazón del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, Manzur llevaba apenas ocho meses como mandatario provincial y anhelaba legitimidad de ejercicio (para compensar la legitimidad de origen que no tenía). Entonces se comprometió ante las autoridades de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) a que la Provincia iba a adherir a la Ley Nacional N° 27.275, que creó un ente autárquico denominado Agencia de Acceso a la Información Pública.

Pero en noviembre, cerca de las Fiestas, el Gobierno de Manzur hizo público un deseo todavía mayor. Durante el “Congreso Internacional de Derecho: Bases y Principios para la Justicia de Futuro en Homenaje a Juan Bautista Alberdi”, el diputado Pablo Yedlin, entonces secretario general de la Gobernación, expresó: “La ley nacional es muy buena, pero nos entusiasma más armar una propia, que sea más ambiciosa”.

El manzurismo controla los dos tercios de la Legislatura y los Reyes le obsequiaban una oportunidad única: marcar una diferencia incontrastable con su antecesor. Alperovich vetó la norma que sancionó la Cámara en su primera gobernación, en nombre de que él respondería todas las preguntas que le hiciera la prensa...

Pero Manzur tampoco abrió ese regalo.

La Ley de Acceso a la Información Pública es un tributo a la democracia. La democracia es el gobierno de la opinión pública, que es la opinión de los ciudadanos sobre la cosa pública. Así que no es opinión erudita, pero es necesariamente opinión informada. Una norma que garantice al público el acceso a los datos públicos equivale a más democracia y a mejor democracia.

A finales del siglo XVIII, Inmanuel Kant estableció que el instrumento para distinguir lo bueno de lo malo en la política era la publicidad de los actos del gobernante. Su principio de la esfera pública postula que la política valiosa es la que necesita hacerse pública para ser realizada. Por el contrario, una política que no soporta la exposición se vuelve repudiable. El filósofo argentino José Fernández Vega enseña, entonces, que el principio de publicidad tiene una función negativa: que una política se someta al examen público no la convierte en justa; pero sí liquida como injusta a toda política que no puede ser sometida al escrutinio de todos.

Manzur, en contraste, firmó el 30 de octubre de 2015 (el primer día hábil de su gobernación) un decreto por el cual nombró al senador Alperovich asesor ad honorem con rango de ministro de su gestión. Y la mantuvo en secreto hasta que una investigación de Juan Manuel Asís, el año pasado, la sacó a la luz en LA GACETA.

Hay, entonces, normas constitucionales, discursos oficiales y anuncios formales del gobernador que siguen en la nada. Si sigue sin abrir los regalos que le traen los Reyes Magos, después no podrá pedirles, como deseo, que su palabra pública sea creíble.

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