La Justicia dicta inhibiciones de bienes en la causa “Viviendas”

La pesquisa judicial sobre el patrimonio de algunos funcionarios provocó una nueva medida: la inhibición general de bienes de algunos de los investigados en el “caso Viviendas”.

Los afectados por la resolución son Miguel Jiménez Augier, ex coordinador del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu); Lucas Barrionuevo, funcionario de la repartición; y los hermanos Sebastián y Martín Nieva, sobrinos políticos de Barrionuevo y dueños de la constructora Marán.

La decisión de la Justicia, que impedirá a los alcanzados por la medida vender algunos de sus bienes, fue tomada semanas después de que la fiscala Adriana Giannoni (quien conduce la causa) recibiese información sobre supuestas transacciones por parte de los investigados. Según un escrito que la senadora Silvia Elías de Pérez entregó a la Fiscalía VIII, hay dos propiedades “que podrían haberse vendido en forma fraudulenta para insolventarse ante la investigación en contra de Marán”. De acuerdo con esa presentación, Barrionuevo y los hermanos Nieva habrían intentado desprenderse de un edificio ubicado en la calle Viamonte y de una casa situada en Yerba Buena.

Pese a que en una entrevista con “Panorama Tucumano” (el ciclo televisivo de LA GACETA) el funcionario había negado conocer “de antes” a los dueños de Marán, se comprobó que son sus sobrinos políticos. Tras la emisión del programa de este diario, Giannoni decidió abrir una investigación de oficio. En los meses siguientes, la Justicia acumuló diversos elementos a la causa.

Algunos de ellos giran en torno al patrimonio de distintos funcionarios. Jiménez Augier, por ejemplo, fue desvinculado del Ipvdu por el gobernador, Juan Luis Manzur, debido a que trascendió que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad en un banco.

Según fuentes judiciales, en el fuero penal se analiza la posibilidad de imputar a Barrionuevo y a Jiménez Augier por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esta figura, contenida en el artículo 268 bis del Código Penal, presenta algunas diferencias con el resto de los delitos penados en nuestro país. Es que, una vez que la Justicia requiere a un funcionario (o ex funcionario) que justifique el crecimiento de su patrimonio, el deber de informar debidamente sobre el origen de sus ingresos recae sobre el investigado.

En caso de que no logre explicar de dónde obtuvo su dinero, la pena puede ascender hasta a seis años de prisión. La información que deslizaron desde la Fiscalía a cargo de Giannoni es que se está trabajando por requerir a los funcionarios que justifiquen sus propiedades.