Se empujan solos al abismo de la intervención

25 Dic 2017 Por Fernando Stanich

¿Qué falta para que el Concejo Deliberante de Yerba Buena sea intervenido? Sólo la decisión del gobernador, Juan Manzur. Desde hace un año, pero en particular en la semana que pasó, los ediles de esa ciudad se empecinaron en completar los casilleros reclamados por la Constitución provincial para configurar un caso de intervención.

Basta con hacerse unas cuantas preguntas sobre la institucionalidad en ese municipio y tratar de responderlas. Ninguna puede ser contestada de manera objetiva, porque lo que abundan son subjetividades y visiones sesgadas, muchas de las cuales rozan la ilegalidad. Va un dilema elemental. ¿Quién es el presidente del Concejo? ¿Benjamín Zelaya o Héctor Aguirre? Si se le pregunta al sector de cuatro opositores, dirán que aún es el radical Zelaya, porque su mandato continúa vigente al no haberse convocado a renovación de autoridades dentro de los 10 días anteriores al vencimiento del primer año de su gestión. Eso ocurrió el 28 de noviembre y, desde entonces, él y sus tres compinches –digitados por el legislador Ariel García- se han negado a poner en debate dentro del recinto su cargo. ¿Por qué? Sencillamente, porque enfrente se formó una alianza circunstancial de cinco concejales que, en una votación, les arrebataría la presidencia y, acto seguido, le tomaría juramento a Rodolfo Aranda, el ex funcionario que desde hace un año no puede asumir porque esta facción de cuatro se lo impide.

Pero, ¿esto último no pasó ya? Claro, ocurrió si se sigue el relato de esta extraña coalición entre dos peronistas y tres ediles macristas que, en la última semana, dejó al peronista Aguirre como presidente y a Aranda sentado en una banca. Los hechos se empujaron unos a otros: incentivados por el intendente Mariano Campero, que llamó cuatro veces a sesión en 48 horas, dispusieron un punto de partida inédito. Ante las reiteradas ausencias de sus pares, realizaron una sesión preparatoria con el edil de mayor edad, le tomaron de juramento a Aranda para obtener mayoría en el recinto y poder sesionar, eligieron nuevas autoridades y, ligeramente, hicieron de cuenta que nada había pasado en esa ciudad. Al otro día, como corolario, Campero sentó a los seis y les propuso un trabajo mancomunado.

 ¿Quién tiene la razón? Ni los constitucionalistas se ponen de acuerdo. Tres expertos convocados por LA GACETA durante la semana disintieron: Rodolfo Burgos consideró que la salida encontrada por el oficialismo municipal era adecuada, pero Arturo Lazarte y Dante Mirra expresaron lo contrario. Hasta los funcionarios de esa ciudad consultados por esta columna sobre las normas a las que habían recurrido para sesionar en minoría (con cinco de los 10 miembros sentados) dudaron. No existe en la legislación una regla que encaje a la perfección en el enredo yerbabuenense. En realidad, sí existe una: el remedio extraordinario de una intervención.

El artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades prevé la intervención de un municipio cuando haya situaciones que no admitan dilación y que pongan en peligro inminente el orden institucional, y “por grave conflicto de poder suscitado entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante que imposibilite el normal ejercicio de sus funciones y/o atribuciones”. La semana, en Yerba Buena, finalizó en la Justicia: el cuarteto de opositores demandó al intendente y a sus pares y desconoce las sesiones, la nueva elección de autoridades y la asunción de un concejal. Es decir, hay dos facciones que se adjudican la titularidad del cuerpo deliberativo, y a una de ellas apoya el jefe municipal.

El último antecedente de intervención en alguna ciudad se dio en Bella Vista, en agosto de 2015. El entonces gobernador, José Alperovich, dispuso el cese de los mandatos de los concejales. Casualmente, el PE había justificado la drástica medida en "la grave situación institucional” que atravesaba el municipio en razón del conflicto que mantenían los integrantes del Concejo Deliberante". Ocurrió que seis ediles destituyeron de la presidencia del Concejo a José Coronel (PJ) y pusieron en su lugar a Adrián Mamaní (PJ). Coronel consideraba que su remoción estaba viciada de nulidad y estaba a punto a de acudir a los tribunales cuando se dictó el decreto de intervención. En Yerba Buena, la única diferencia es que la judicialización del conflicto político lleva meses.  

Aunque aún en la Casa de Gobierno no se haya analizado siquiera la posibilidad de intervenir ese Concejo, Manzur tiene en sus manos dos alternativas: firmar el decreto –que podría alcanzar a uno o a los dos poderes municipales- y que una mayoría legislativa lo apruebe, o esperar tres días hábiles y hacerlo luego del 1 de enero, cuando el Poder Legislativo esté en receso. Un dato, sólo se necesitan 21 votos en la Cámara para avalar una intervención.

Por supuesto, ese extremo es el menos deseado por los concejales y el que más debería repudiar la sociedad. Principalmente, porque atenta contra principios democráticos básicos del entramado republicano y porque, en caso de que se aplique sólo al Concejo, dejaría al intendente Campero sin ningún contrapeso, con la suma del poder municipal y sin un órgano que controle sus actos. Pero, lamentablemente, Yerba Buena tiene antecedentes que deberían instar a los actores políticos a recapacitar: en mayo de 2000, el gobernador Julio Miranda depuso al intendente bussista Augusto Paz y a los ediles, y ubicó a Jorge Lobo Aragón como interventor.

Sólo los actuales concejales pueden revertir los antecedentes y la actualidad bochornosa que arrastran. Quizá el inicio de un nuevo año marque un punto de partida. O un punto final. 

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